Jesús Gil y Gil

La corrupción del gilismo
MANUEL CERDÁN Y ANTONIO RUBIO

Marbella, un año más, en el 2000, siguió en ojo del huracán. La Marbella de las gunillas y las regines continuó siendo la Marbella Vice, con los mismos mimbres de la serie televisiva norteamericana.

Los escándalos de la Mafia italiana y del crimen organizado, instalados en la costa malagueña desde hace años, y la figura siempre omnipresente de su alcalde, Jesús Gil, convirtieron a la capital de la Costa del Sol en materia informativa de las secciones judiciales de los periódicos en lugar de las páginas de ocio y turismo.

El artífice de que Marbella sea objeto de una mayor atención en las crónicas negras de los diarios es, sin duda alguna, su alcalde Jesús Gil y Gil. El sólo acaparó en el último año la dedicación casi exclusiva de varios juzgados de instrucción, de un juzgado central de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía Anticorrupción y hasta de los servicios de información. Si era poco el trabajo proporcionado por las cuantiosas irregularidades económicas detectadas en el Ayuntamiento, la trama de corrupción se complicaba con las investigaciones sobre la financiación del Atlético de Madrid y del Grupo Independiente Liberal (GIL).

El GIL, que se presentó en varias circunscripciones en las generales de marzo, recibió el mayor varapalo electoral de su corta existencia política. Incluso, en Marbella, el feudo de Jesús Gil, el partido de su alcalde se pegó un gran batacazo. De un total de 41.699 votos (una participación del 59,10 por ciento), el grupo gilista sólo obtuvo 5.996 escrutinios (14,49 por ciento), muy por debajo del Partido Popular (14.941 votos) y del PSOE (14.375). En Ceuta, donde el GIL había salido victorioso en las elecciones autonómicas y municipales, este partido fue superado por el Partido Popular en casi 4.000 votos. Lo mismo sucedió en Melilla. En Madrid, el GIL sólo conquistó 15.000 votos.

Además, EL MUNDO informó por aquellas fechas que Jesús Gil había falsificado el congreso de su partido para que sus hijos se hicieran con el control. Al menos ese era el contenido de una denuncia que había presentado el ex asesor legar de Gil, José Luis Sierra, en la Audiencia Nacional. Según ésta, el alcalde había cometido fraude electoral ya que había celebrado en 1997 un congreso fantasma del GIL para que sus hijos Myriam y Jesús controlaran el partido. Para realizar la operación, la familia Gil no dudó en falsificar ante notario las actas del supuesto II Congreso Nacional del GIL, que nunca llegó a convocarse.

José Luis Sierra mantenía, entonces, que todos los cargos públicos del GIL, incluidas las alcaldías de Marbella y de La Línea y la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, eran nulas ya que habían sido obtenidas con «documentación falsa», según establece el artículo 6.3 del Código Civil.

La operación de los Gil era tan burda que incluso llegaron a inventarse en el congreso fantasma la asistencia de Sierra cuando, en realidad, éste se encontraba en Madrid. Así lo demostró en la documentación presentada ante la Audiencia Nacional, pero este organismo decidió archivar la querella.

Jesús Gil, en su huida hacia delante, siempre al borde del abismo judicial, descubrió un nuevo formato de partido político: el partido de laboratorio formalizado a través de un congreso virtual ante un notario de Madrid. Este plasmó en un documento público los inexistentes acuerdos de un supuesto II Congreso Nacional que, según la escritura, se había celebrado en Marbella el 14 de marzo de 1997.

Uno de los puntos del documento afirma que el presidente del GIL había enviado sendas cartas a Sierra y Pedro Román, entonces teniente de alcalde de Marbella y hombre fuerte del GIL, comunicándoles la revocación de sus cargos en el partido. Sin embargo, la realidad era otra muy distinta: Sierra y Román no se enteraron de la existencia y de los resultados del congreso fantasma hasta cinco meses después por medio de una carta certificada que les remitió el nuevo equipo directivo del GIL que estaba formado por Jesús Gil Marín y su hermana Myriam.

Además, se daba la circunstancia de que Myriam Gil Marín era la persona que firmaba las actas del congreso virtual cuando el Comité de Admisión del partido, formado por Sierra y Román, jamás había aprobado el ingreso de la hija de Gil en el GIL.

Lo más sorprendente de todo era que ningún medio periodístico de Marbella, ni el periódico del Ayuntamiento, hubiera informado en la fecha de su celebración, mes de marzo de 1997, de las sesiones y de los resultados del congreso del GIL. Algo inimaginable si se hubiera efectuado, como querían hacer ver Gil y sus hijos. Todo era un farol de jugador de póker.

El alcalde de Marbella trasladaba a la política los mismos métodos heterodoxos que utiliza en sus negocios, en el Atlético de Madrid y en el Ayuntamiento. Ese desprecio por la verdad y por el respeto a la ley convirtió el 2000 en un año horrible para Gil. Al desastre electoral tuvo que unir la administración judicial del Atlético de Madrid, decidida por el juez García Castellón, el descenso a Segunda División del club colchonero, el juicio de las camisetas por el que fue condenado a 28 años de inhabilitación para el cargo de alcalde, los escándalos por sus relaciones con los mafiosos italianos que residen en Marbella y un sin fin de causas penales que se siguen instruyendo en distintos juzgados.

Pero el escándalo que más escaldó al alcalde fue la información que publicó EL MUNDO sobre el ya famoso «saqueo de Marbella» que motivó una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Según los documentos publicados por este diario Gil y su equipo de colaboradores más directos desviaron a sus cuentas de las arcas del Ayuntamiento 4.442 millones de pesetas a través de cuatro sociedades fantasmas que generaron facturas falsas.

La Fiscalía Anticorrupción abrió las diligencias 24/99 después de que EL MUNDO aportase ante ese organismo toda la documentación del saqueo. Las cuatro sociedades instrumentales -Dintak, Cantera Nasok, Contratas Peninsulares y Contratas El Plantío- generaron entre 1991 y 1995 tantas facturas falsas como fueron necesarias para cuadrar las cuentas de la caja B del Ayuntamiento y poder compensar así la salida sistemática de efectivo hasta completar los 4.442 millones saqueados por Gil y su entorno. Con unas facturas se acreditaban una serie de servicios inexistentes y, con otras, se engordaban los presupuestos de las obras por medio de dos sistemas: añadiendo metros de más a las certificaciones (aceras, pavimentos, calles, parques, jardines..) o inflando el número de horas de trabajo.

EL MUNDO también descubrió que las sociedades fantasmas habían sido adquiridas en 1993 por Juan Antonio Roca Nicolás, la mano derecha de Gil en el Ayuntamiento. Roca las adquirió a nombre de su madre -una anciana de más de 80 años- para garantizar la opacidad de la operación.

La madre de Roca no tenía relación con el mundo de los negocios, no residía en Marbella y nunca fue informada del verdadero objeto del plan. Sólo se limitó a firmar unos poderes generales a nombre de su hijo.

Roca no es concejal del GIL en Marbella, no ocupa un cargo político e el organigrama de este partido, pero ostenta el cargo más ansiado del Ayuntamiento marbellí: gerente de Urbanismo y responsable Planeamiento 2000, la sociedad municipal que se encarga de la ordenación del suelo, de las recalificaciones y de los convenios urbanísticos con las constructoras. Para la mayoría de los ciudadanos de la Costa del Sol, Roca es el auténtico poder municipal en la sombra, ya que por sus manos pasan todos los años proyectos valorados en miles de millones de pesetas.

EL MUNDO también pudo demostrar a lo largo de su investigación periodística que la relación contractual de las cuatro sociedades fantasmas con el Ayuntamiento había sido nula. Todo se debía a un montaje para generar dinero negro para Gil y su equipo de colaboradores. El propio alcalde reconoció en una entrevista concedida a estos periodistas: «Yo no soy Dios. Como alcalde tienes un grupo de gente en el que delegas totalmente y, además, Roca me ha dicho que él no tiene nada que ver. Que cada cual se las arregle como pueda, ya que son historias particulares».

A Gil se le acumularon los problemas en el 2000. Nada más comenzar el año, la Fiscalía Anticorrupción calentó el ambiente con una nueva querella contra la juez Pilar Ramírez. El fiscal Carlos Castresana acusó a la ex juez decana de Marbella, que ya había sido apartada de la carrera judicial, de un delito de prevaricación por proteger los negocios de su familia y de la mafia italiana radicada en la Costa del Sol. La magistrado había encarcelado en 1993 al principal testigo de un caso de compraventa de coches robados para proteger a los miembros del «clan de Santapaola», Felice Cultrera y Gianni Meninno.

La impunidad con la que se desenvuelven los mafiosos italianos en la costa marbellí les lleva, incluso, a redactar poemas contra el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. Cultrera en una redacción literaria de baja calidad llegó a escribir: «Con resonancias de mentiras también España como mafioso me señala y en el juego malicioso del poder un juez falaz (por Villarejo) otra vez justicia quiere hacer».

El jefe del clan Santapaola en España con cierto grado de cinismo mantiene en su libro «Contrabando de Luces» que él sólo trafica «con las luces de la verdad para responder a tanta injusticia». El verbo traficar lo utiliza el propio Cultrera en busca de un juego semántico de mal gusto, aunque omite que en la actualidad está siendo investigado por blanqueo de dinero.

La implantación de las mafias internacionales en Marbella ha provocado un sin fin de acciones violentas: asesinatos, palizas, ajustes de cuentas.. La policía española y de otros países europeos han desplegado a sus mejores efectivos en la zona, pero los intereses económicos de los grupos de poder no facilitan la desarticulación del crimen organizado. La Fiscalía Anticorrupción y la policía italiana pudieron demostrar que el propio Gil se relacionaba con mafiosos transalpinos. Con estos antecedentes no resulta extraño grupos de delincuentes rusos, británicos, franceses e italianos, entre otros, hayan escogido la Costa del Sol como cuartel general.

Así las cosas, si el año 2000 ha sido de nefasto recuerdo para Jesús Gil, el 2001 no se le augura mejor. El alcalde de Marbella tiene que superar un cúmulo de asuntos pendientes que le pueden hacer perder todo lo que tiene: dinero, poder municipal e influencia deportiva desde el palco del Vicente Calderón.

La primera asignatura a superar es el informe del Tribunal de Cuentas que acaba de concluir su auditoría sobre los gastos del Ayuntamiento de Marbella. Según este informe, el alcalde y su equipo no tienen facturas para justificar el dinero que gastó Corporación municipal entre 1991 y 1999. Gil tiene que justificar 50.000 millones de pesetas que no han quedados claros en la contabilidad que proporcionó a los expertos.

La segunda asignatura es la investigación que sigue su curso en la Fiscalía Anticorrupción sobre el desvío de los 4.442 millones del saqueo de Marbella. La Fiscalía estudia, con la documentación que obra en su poder, presentar una querella por malversación de caudales públicos.