Tras la aprobación de la LOU, la asamblea de edificio decidió no tirar la toalla y no acatar la nueva ley. Según se explica en un panfleto repartido ayer, «llegó a la conclusión de que podía frenarse el proceso de aplicación de la misma si se conseguía que el Claustro se declarara insumiso a la LOU o si se bloqueaba la elaboración de los nuevos estatutos». Para la redacción de estas directrices, por las que deben regirse los destinos de la universidad, hay un plazo de tres meses. Si no se llevara a cabo este proceso, el Gobierno regional tendría un plazo de nueve meses para imponer unos. En el caso de que esto sucediera, «se atentaría contra el principio de autonomía universitaria, y además habría que ver si la Comunidad Autónoma se atreve».