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| "El Ramón", retrato de un asesino menor |
| Con 12 años, inauguró su historial delictivo. Cinco años después, había acumulado una veintena de causas. Ninguna tan grave como la violación y asesinato de Sandra Palo. Su biografía de marginado lo explica todo |
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ANÍBAL MALVAR
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«ODIO E IMPOTENCIA». La familia de Sandra Palo ha promovido una recogida de firmas para solicitar penas más duras contra los menores asesinos. María del Mar Bermúdez, madre de la víctima (junto a los abuelos de Sandra), declaró el lunes: «Ahora siento el doble de odio, rabia e impotencia que antes del juicio». |
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La abogada sacó las fotos de la niña muerta y se las enseñó a El Ramón. Al chaval le cambió la cara. Las imágenes del lugar del crimen son atroces, pero no se distingue bien si el cuerpo está quemado o sólo sucio. Por alguna razón, las sacadas en el Anatómico-Forense parecen más brutales.
-Ésta es la barbaridad -dice la abogada-. Ahora tenemos dos opciones: celebrar el juicio o conformarte [con la pena de ocho años de internamiento en régimen cerrado que pide el fiscal].
-¿Qué dice mi padre? -pregunta el chico.
-Tu padre es partidario de que pagues por lo que has hecho.
El chaval se lo piensa.
-Bueno. Me conformo.
Las fotos son de Sandra Palo, 22 años, disminuida psíquica en grado de un 56% a causa de un accidente automovilístico. Un camionero encontró su cuerpo el 17 de mayo pasado en un polígono industrial de Leganés (Madrid). Había sido secuestrada y violada por cuatro jóvenes, tres menores de edad, que después la habían embestido y atropellado con el coche hasta casi matarla. Luego condujeron el Citroen ZX robado hasta una gasolinera para comprar un euro de gasolina, regresaron al polígono, rociaron a la chica inconsciente y prendieron fuego.
El Ramón, menor de edad, era uno de ellos. El pasado lunes le juzgaron. Diez horas y media en el número cinco de Menores de la Comunidad de Madrid. Había mucha expectación. Un enjambre de periodistas. Ciudadanos recogiendo firmas para que el Gobierno endurezca la Ley del Menor: quieren evitar que delincuentes sanguinarios como El Ramón vuelvan a la calle a mitad de condena, cuando ésta se revise dentro de cuatro años si le cae la máxima. Incluso podría ser menos tiempo si el juez tiene a bien considerar los atenuantes de arrepentimiento espontáneo y colaboración con la policía que esgrime su defensora para solicitar la reducción de pena.
A Ramón le cazó la policía el 12 de junio en un Jaguar robado.No lo llegó a arrancar. Por alguna razón -los detalles de la investigación permanecen bajo secreto de sumario- el interrogatorio no siguió la partitura de siempre. La que él conocía tan bien.No era la primera vez que lo pillaban haciéndose un coche. Cualquiera de los gitanillos chaboleros de Carabanchel entre los que creció ha pasado por la experiencia y ya ninguno se asusta. Pero esta vez los agentes sacaron a colación a la niña rubia aparecida en el polígono de Leganés. El Ramón lo negó todo, por supuesto, en su primera declaración. Pero le pidió un favor a los interrogadores: «Que venga a verme Angel, el de Menores». El chaval quería contarle algo a ese policía en particular.
«Se aferra a cualquier persona que le ofrezca unas migajas de cariño», dice Emilia Zaballos, su abogado defensor, para explicar la conducta del chico. Quizá, aventura, el tal Angel le había tratado especialmente bien en alguna de las múltiples ocasiones en que El Ramón, a lo largo de una carrera delictiva que inauguró con 12 años, se vio obligado a explicar sus correrías delante de los uniformados. El pasado 26 de julio cumplió 17. En estos cinco años ha sido detenido cerca de una veintena de veces. En la actualidad, hay siete causas abiertas contra él, además del proceso por asesinato visto el lunes.
CONFESION SIN ABOGADO
Esta segunda declaración se realizó sin presencia de abogados a petición del propio detenido. A Emilia Zaballos los agentes le contaron que El Ramón se echó a llorar: «Yo os quiero ayudar», les vendió a los policías. «Deciros lo que ha pasado. Quién ha sido. Pero no voy a firmar nada. Esto no lo voy a contar nunca delante de mi padre». Aceptó, incluso, someterse a una prueba de ADN consciente de que su esperma había sido hallado en la vagina de la víctima.
Unos días después, el 29 de junio, caía el primero de los menores que acompañaban a Ramón en el ZX la madrugada que secuestraron a Sandra. Los otros dos, incluido el Malaguita, el único con más de 18 años, fueron detenidos poco después.
La Jefatura Superior de Policía, cuando informó de las detenciones, identificó a los tres mayores como integrantes de una banda de aluniceros [empotran coches robados contra las lunas de los escaparates y saquean el establecimiento] con múltiples antecedentes.
El Rafita, 14 años, tiene a su hermano Manuel en la cárcel desde noviembre de 2002 como implicado en la muerte, por atropello, de un anciano de 71 años, Pedro Atienza Serrano. Y una decena de vecinos de la calle Villaviciosa de Odón ha denunciado que el niño se divertía, una tarde de aquel septiembre, disparando su escopeta de perdigones contra los transeúntes. La policía los conocía a todos muy bien.
El Ramón lo contó todo sobre el día del crimen y sobre sus cómplices sin saber que ya estaban vendidos. Al menos, alguno de ellos.Las cámaras de seguridad de la estación de servicio en la que se detuvieron para comprar la gasolina con la que rociaron el cuerpo de Sandra habían grabado la escena. Quizá, el tener ese comodín en la manga permitió a Angel preguntarle:
-¿Tú sabes lo que te estás jugando contándonos todo esto, chaval?
El Ramón dijo que sí. Lo sabía. La ley gitana es implacable con los que se van de la lengua. Emilia Zaballos insinúa que los padres de Ramón han recibido ya amenazas. Cuando la letrado le planteó al padre del chaval que podría conseguir una reducción de condena alegando los atenuantes de arrepentimiento, confesión voluntaria y colaboración en la investigación, el hombre no estuvo muy de acuerdo: «Si mi hijo ha hecho eso, que pague». No es sólo el horror que siente por lo que su hijo fue capaz de hacerle a Sandra. Añadió más: «Ése es un riesgo muy grande para él. Cuanto más tiempo pase dentro, más larga va a ser su vida».
Sabe de qué habla. Él mismo pasó sus años de cárcel en su juventud.Andaba metido en drogas y su matrimonio iba mal. Ahora se encuentra perfectamente reinsertado. Se dedica a la venta ambulante junto a su nueva compañera. De su mujer se divorció en 2000, cuando llevaban ya años separados de hecho. A él le concedieron la custodia del niño. Entre su padre y su madre, con distintas parejas, a Ramón le han dado 11 hermanos, el más pequeño de un año y el mayor de 26.
ANALFABETO CON 2º DE ESO
Desde la separación de sus padres, Ramón vivió con su abuela, que se beneficia de un piso de acogida y de la renta mínima de inserción (inferior a 300 euros al mes). Incluso después de casarse hace poco más de un año con su novia de 15, Ramón siguió residiendo en el piso de su abuela. Tenía un techo. No era un niño de la calle. Incluso puede presumir de expediente académico: según los papeles, cursaba segundo de ESO en un instituto cuando abandonó los estudios para recibir formación como cocinero, aduciendo que de esta forma podría tener mejores posibilidades laborales.
Su formación, por tanto, se corresponde a la de un niño de 13 o 14 años que no haya sufrido baches curriculares. En teoría, Ramón ya ha adquirido conceptos básicos sobre la organización administrativa de la Unión Europea, conoce someramente los cimientos políticos y culturales sobre los que se erigió el Imperio Romano, podría platicar con sus amigos tironeros sobre los órdenes feudales y, para presumir ante su chica, incluso podría tirarse el moco con un par de conceptos de arquitectura prerrománica en la Península.
La realidad es otra. En los informes de los servicios sociales redactados tras sus últimas detenciones se le describe como analfabeto funcional. Transcribe fonemas, siempre en mayúsculas. Si la ortografía fuera ley en lugar de regla, le hubieran metido entre rejas antes de que matara a nadie. Tartamudea al hablar. Su cociente intelectual es de 85, demasiado bajo para la edad que tiene.
Julián Alamán Martín, psiquiatra de un centro de salud mental de la Comunidad de Madrid, advierte de que es arriesgado hacer una valoración de la inteligencia de un individuo sin conocer de primera mano los resultados parciales del test. Normalmente, los analfabetos obtienen resultados más bajos. La normalidad se estabiliza entre los 90 y los 110 puntos. «De 90 para abajo se habla de cierto retraso, pero sin más datos esta valoración es muy pobre».
Su biografía educacional y delictiva se puede rastrear entre los legajos de diversos organismos oficiales: estuvo tutelado por la CAM de junio de 2000 a noviembre de 2001, aunque no llegó a ingresar en ningún centro educativo; en los Servicios Sociales de Carabanchel tiene expediente abierto desde 1998, y se le da de baja a causa de la nula implicación familiar en su -por otra parte inexistente- proceso de inserción; el Centro de Ayuda a la Infancia del CAI (Centro de Aprendizaje e Instrucción) documenta una «intervención mínima por falta de apoyo familiar» que se prolonga de 1988 a 2000; el Centro de Salud Mental de Carabanchel también lo tuvo entre sus clientes, y allí existe una valoración psicológica realizada en 2001 que alerta de las perturbaciones de su carácter, de su desarraigo y su violencia, pero dejaron el caso por imposible cuando El Ramón dejó de acudir.
Apenas cinco meses antes del rapto, violación y asesinato de Sandra Palo había pasado por el centro de menores de El Pinar, añadiendo así a su expediente «situaciones conflictivas» en las que los funcionarios, según la escasamente explícita prosa burocrática, tuvieron que «intervenir».
Su tocayo Ramoncín, otro de los detenidos por la violación y asesinato de Sandra, también disfruta de un historial llamativo.Nació en Vallecas en una chabola. Tuvo la fortuna de que a su familia le otorgaran una vivienda en el barrio de Palomeras poco antes de que su padre heroinómano falleciera en la cárcel cuando el niño contaba ocho años y su hermana siete.
Se quedaron bajo la custodia de una madre analfabeta y sin trabajo.Ni ella ni la hermana han hecho acto de aparición ni en el centro de internamiento ni en los juzgados a pesar de la gravedad de la acusación que ahora pesa sobre él.
VARIAS FUGAS
Con la orfandad recién estrenada, Ramoncín inicia su carrera delictiva. Lo mismo que todos los demás. Primero pequeños hurtos, bolsos del tirón, tiendas de barrio a navaja, después coches, más tarde la emoción del alunizaje... En varias ocasiones sufrió privación de libertad, pero siempre en periodos muy cortos. Algunos los acortó más él mismo protagonizando varias fugas. Su abogada de oficio, Leonor Huerta, se muestra tan reticente como Emilia Zaballos a confirmar datos concretos de su fulgurante carrera.«Lo único que tengo que decir es que la sociedad tiene que tomar conciencia de que no se puede dejar desamparados a los niños.Lo que hicieron es horroroso, es terrible, pero yo quisiera que los jueces y la sociedad pensaran hasta qué punto ellos solos son totalmente responsables de lo que hicieron».
Ahora estos niños, El Ramón, el Ramoncín y el Rafita, engrosan una de las estadísticas más negras entre las que elabora cada año el Ministerio del Interior. Una media de cinco menores son detenidos cada mes en España bajo la acusación de asesinato u homicidio. En 1999 fueron 55, al año siguiente 79 y el milenio se inauguró con 60. De éstos últimos, 51 varones y nueve mujeres.Dos eran menores de 14 años, 16 tenían 14 o 15, y 42 entre 16 y 17 (Interior aún no ha elaborado la estadística correspondiente a 2002).
Buena parte de estos menores implicados en homicidios o asesinatos habían alimentado antes -como ocurrió con El Ramón, Ramoncín y Rafita- censos más humildes, como el de los 899 niños detenidos en 2001 por lesiones; 4.219 por robos con violencia e intimidación; 264 por delitos contra la libertad sexual (18 de ellos ni siquiera habían cumplido los 14 años).
Los partidarios de endurecer la actual ley hablan de menores que cometen delitos adultos, y que por tanto deben ser castigados como tales. Se escandalizan ante el hecho de que los dos ramones vayan a sufrir, como mucho, penas de ocho años de reclusión, y que el Rafita tenga que estar en libertad dentro de cuatro años. Las penas deben ser más dilatadas, afirman. Una opinión que no comparten las defensoras de Ramón y Ramoncín. «No creo que la efectividad de las medidas dependa del tiempo de reclusión, sino de la calidad de la reeducación», sentencia Emilia Zaballos.
«Aunque hay buenos profesionales en los centros de menores», continúa, «faltan medios para ejecutar las medidas preventivas y cautelares» Prosigue: «Yo tengo confianza en las personas, pero no en el sistema. Mi cliente podría pasar en un centro de éstos los años que fuera y saldría igual que estaba. Sólo si tiene la suerte de dar con alguna buena persona allí, alguien que le dedique realmente tiempo, Ramón se podrá reeducar».
INFORME DEL DEFENSOR
Un año después de la entrada en vigor de la nueva Ley del Menor, en enero de 2001, la oficina del Defensor del Pueblo elaboraba un extenso informe en el que desnudaban las carencias estructurales que lastran su desarrollo práctico.
En el momento del informe, en España había 59 centros con plazas para 1.380 reclusos. Ese mismo año 23.988 menores eran detenidos por diversos delitos.
«Un problema que de forma general afecta a la práctica totalidad de las comunidades autónomas es la casi inexistencia de centros terapéuticos en los que aplicar programas de salud mental y de desintoxicación por consumo de estupefacientes». El párrafo del informe del Defensor parece escrito, por ejemplo, para El Ramón, un individuo politoxicómano -el día del asesinato había mezclado cocaína con alcohol y era consumidor esporádico de heroína- y en el límite de la capacitación intelectual normal.
Él conoció la realidad de estos centros de primera mano. Pasó las últimas navidades en el madrileño de El Pinar, uno de los más conflictivos de Madrid. En un escueto informe recientemente elaborado por el Sindicato Unificado de Policía se resumen las condiciones de este centro de internamiento de manera ilustrativamente telegramática: «Está saturado. Ello hace que, en algunos casos, menores delincuentes sean trasladados a centros de reforma, de donde se fugan fácilmente. Lanzamiento de objetos de los internos a los policías cuando se traslada a algún menor».
La visita del Defensor al centro para la elaboración del informe correspondiente a 2002 es elocuente por sí misma: «El estado de conservación y limpieza era muy deficiente, así como el mobiliario existente en el mismo, que presentaba un estado poco cuidado, llamando la atención su escasez. Según los responsables del centro, se debía a los continuos motines organizados por los jóvenes.En la visita efectuada al módulo número dos se pudo observar cómo el estado del mismo no permitía albergar en muchas de sus habitaciones a jóvenes, ya que había boquetes junto a las puertas, encontrándose los cristales rotos y alguna puerta desencajada.Los baños, que se encuentran al inicio del mismo, presentaban signos inequívocos de haber sufrido un incendio en su interior encontrándose destruida parte de la grifería, así como la puerta de dichos baños».
VICTIMAS Y VERDUGOS
«Esto es un litigio entre los derechos de las víctimas y los derechos de los menores. Ambos están muy necesitados de protección.Hay que reconocer que delitos muy graves, como éste, son castigados con penas mínimas. Es nuestra manera de proteger los derechos de los menores. ¿Pero las víctimas? La sensación de resarcimiento no existe para las familias y al ciudadano le queda una sensación de inseguridad», expone Emilia Zaballos.
«Para la gente es muy fácil identificarse con las víctimas. Identificarte con el delincuente es imposible incluso para nosotros, que los defendemos. Lo único que nos podemos permitir, y no es nada fácil, es identificarnos con sus razones. Ramón es consciente de los hechos, pero no de los resultados. Por eso le tuve que enseñar las fotos de Sandra. Creo que fue un jueves, cinco días antes de que se celebrara el juicio. Quería que comprendiera lo que había hecho»:
-Ésta es la barbaridad. Ahora te quedan dos opciones. Celebrar el juicio o conformarte.
-¿Qué dice mi padre?
-Tu padre es partidario de que pagues por lo que has hecho.
El chaval se lo piensa.
-Bueno. Me conformo.
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| Una ley efímera |
El 13 de enero de 2001 entraba en vigor la nueva ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Treinta y cuatro meses más tarde el mismo Gobierno que la redactó está dispuesto a modificarla sustancialmente. Entre las novedades que aquella redacción presentaba, destaca la elevación de 16 a 18 años de la edad penal. Aquello supuso la inmediata excarcelación de 1.515 jóvenes.
Los expertos policiales están, en general, de acuerdo con una reforma. El SUP, sindicato policial de ideología progresista, ilustra así su conformidad: «De las personas identificadas por huellas como autoras de delitos de robo con violencia cometidos en Madrid, el 25% son menores. Ocurre que cada vez los menores cometen más delitos porque gozan de cierta impunidad y no tienen ningún miedo al castigo en un centro de menores. Los chavales entran [en estos centros], se duchan, comen y salen a robar por la noche».
El caso de Sandra Palo, las circunstancias brutales de su muerte a manos de un cuarteto de chavales de entre 14 y 18 años, encendió el clamor popular en demanda de una reforma sustancial de la ley. El ministro José María Michavila aprovechó la semana del juicio contra los menores para anunciar varias reformas.
La primera de ellas está referida a los periodos de internamiento de menores implicados en delitos graves (asesinatos, homicidios, delitos contra la libertad sexual). La actual ley contempla penas máximas de ocho años, con cinco más de libertad vigilada en caso de delitos especialmente graves. En la actualidad, además, un menor privado de libertad no entra en el régimen adulto de prisión hasta que cumple 21 años. La reforma propuesta por Michavila prevé la posibilidad de que sea internado en una cárcel convencional en cuanto cumpla los 18.
Las víctimas o sus familiares podrán, contrariamente a lo que sucede ahora, actuar como acusación particular y vigilar el cumplimiento de las penas. Tendrán asimismo derecho a ser informados de cualquier modificación de las mismas.
Finalmente, se prevé que los menores condenados por delitos graves cumplan condena en recintos dotados de medidas de seguridad especiales.Esto obligará a modernizar la cada vez más obsoleta red de centros de internamiento.
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