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| SEGURIDAD / ESTADISTICAS FALSEADAS |
| Como la policía oculta delitos |
| EL INSPECTOR JEFE López Otero demuestra algo que los sindicatos han denunciado históricamente: en las comisarías españolas se ignoran delitos para cumplir los objetivos, recibir sobresueldos y contribuir a una falsa sensación de seguridad ciudadana. Así consigue Interior «olvidar» un 76% de los asesinatos que investiga la Fiscalía. Para probarlo, López Otero tuvo que «robar» documentos y grabar ilegalmente a sus superiores jugándose el puesto |
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JOSEFA PAREDES ANIBAL MALVAR
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ASUNTOS INTERNOS. Juan Manuel López Otero, 50 años y 29 ejerciendo como policía, frente a la comisaría de Santiago, en cuyo gabinete estadístico trabajaba. Ahora sabe que no volverá. FERNANDO BLANCO
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A vuestro primo lo van a crujir». En argot policial, crujir: acabar con alguien, en sentido figurado o literal. El comisario va pasando las fotocopias con una sonrisa irónica en la boca y otra asombrada en los ojos. «Joder. ¿Y este tío ha tenido los cojones de daros esto?». Se trata de partes de denuncia -presuntamente- falsificados por la propia policía, con anotaciones manuscritas de los responsables de una comisaría urbana pequeña, lluviosa y tranquila. También hay transcripciones de grabaciones ilegales.
-¿Grababa a los jefes sin que ellos lo supieran?
-Eso parece, ¿no?
-Lo van a crujir -insiste.
Desde hace muchos años, los sindicatos policiales vienen denunciando la sistemática manipulación de los datos estadísticos sobre delincuencia que salen de las comisarías y acaban alimentando los triunfalistas balances que los sucesivos ministros de Interior airean anualmente para tranquilidad de la ciudadanía. Del electorado. Esta práctica fraudulenta, matizan, se exacerba cuando España huele a urna.Pero nunca hay pruebas.
Para que las haya, un policía ha de traicionar a sus propios compañeros y superiores. Robar papeles. Arriesgarse a afrontar un proceso legal por infidelidad en la custodia de documentos y, si no consigue apoyos testificales entre los compañeros, denuncia falsa.
Eso es exactamente a lo que se enfrenta Juan Manuel López Otero, 50 años, inspector jefe de la comisaría de Santiago de Compostela adscrito al departamento de estadística. Y, según el comisario madrileño que interpretó los documentos robados para CRONICA, y que prefiere permanecer en el anonimato, la razón por la que «le van a crujir». Difícilmente se admitirán como pruebas unas grabaciones realizadas sin consentimiento, por ejemplo, de su entonces comisario jefe, Felisindo Plaza:
JM.- Vamos al contencioso, si quiere. Y ahí lo aclaramos todo.
FP.- ¡Pero qué contencioso ni qué hostias! Esto son trapos sucios y se lavan en esta casa.
Pero los «trapos sucios» a los que aludía Felisindo Plaza en esta grabación ilegal emergen del propio choque de mareas estadísticas.En 2001, mientras el Ministerio del Interior reconocía 1.976.405 delitos y faltas, la Fiscalía General del Estado abría 4.737.173 causas penales. Es decir, los juzgados españoles tramitaron ese año un 239,7% de denuncias más que las reconocidas en las autocomplacientes estadísticas presentadas por el Gobierno español.
José Miguel Ayllón Camacho, abogado penalista y presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV), recuerda que en el salón de este baile de estadísticas danzan nada menos que 1.000 muertos anuales: si Interior reconoció 1.294 homicidios en 2002, la Fiscalía General del Estado investigó 2.289 muertes en el mismo año. Un 76% de los cadáveres se quedó, por tanto, flotando en el limbo estadístico.
«SISTEMA PERVERSO»
«La situación actual es peor que la de 1988, pero los responsables políticos de Interior no cejan en su empeño y hasta 2002 han insistido en que la delincuencia disminuye y que España es uno de los países más seguros de Europa. Pues no dicen la verdad.España terminó el siglo XX y comenzó el siglo XXI con uno de los índices de delincuencia más altos de la UE, superando incluso a Francia, donde el problema de la criminalidad es muy grave y, de hecho, es motivo de un gran debate nacional. Si en el año 2001 en España se contabilizaron 4.737.137 infracciones penales, en el país vecino fueron 4.061.792, y recordemos que Francia tiene 18 millones de habitantes más que España y es visitada por más turistas que nuestro país», escribía en 2002 Mauricio Moya, abogado y criminólogo, con 30 años de servicio policial y 14 como comisario, en su libro Los laberintos de la reciente historia de la policía (Ed. SUP, octubre de 2002).
La manipulación estadística tiene su origen en lo que los sindicatos califican de «sistema perverso» de gratificaciones policiales.Interior establece una serie de objetivos para cada comisaría que, en caso de ser cumplidos, suponen 180 euros adicionales cada trimestre para los agentes de base (cuyo sueldo mensual ronda los 1.100 euros) y hasta 600 euros para los comisarios (con ingresos mensuales medios de 2.500 euros).
Por ejemplo, Juan Manuel López Otero, cuando denunció las irregularidades estadísticas de la comisaría de Santiago, llegó a recibir 447 euros netos en concepto de productividad trimestral sobre un sueldo de 1.953,78 como jefe de grupo.
En el escrito de su demanda, López Otero explicita, entre otros, «los siguientes procedimientos para falsear estadísticas: con un número de atestado, incluir varias denuncias de similares características; no remitir todos los atestados al juzgado; variar la calificación con el fin de disminuir un determinado hecho, por ejemplo, hurto sin más, evitando el hurto carterista; atestados de la Policía Local que se tramitaban como sin infracción; dar por esclarecidos hechos que no estaban y, lo que es más grave, acusaban a ciudadanos de delitos de los que no tenían ni la mínima prueba inculpatoria».
A Juan Manuel López le podrán acusar de intromisión ilegítima por grabar varias conversaciones sobre estas prácticas con uno de los jefes de grupo de los Módulos Integrales de Proximidad (MIP).
JM.- Cuántas veces los MIP dan por esclarecidos 10 o 12 hechos de una sola tacada siendo falsos. Porque tú sabes que es falso.
JEFE.- Sí, sí, sí...
JM.- Porque, además, llegan aquí donde estoy yo y mi respuesta es que yo no se lo doy por esclarecido. ¿Y cuál es el siguiente paso? Van a llorar al jefe. Y el jefe dice: «Esclarecido. Por mis cojones». Y tú sabes igual que yo que eso es mentira.
JEFE.- Claro.
JM.- Prefiero no vivir tan bien. Es que estoy a disgusto. A mí no me importa volver a pisar la calle.
JEFE (expone, espontáneamente otro ejemplo).- [Hubo] Un atropello y les dan una placa de matrícula. Un testigo lo vio, [pero] está sin identificar el testigo. ¡Es un testigo anónimo! Les da una placa de matrícula. La cogen. ¡Hala, a tomar por el culo! La propietaria [del vehículo] es fulana de tal. Hacía dos años que la tía había vendido el coche y tenía una transferencia. Pero el que lo compró era una casa de vehículos. Pues esclarecido: fulana de tal.
CRONICA quiso comprobar de primera mano la veracidad de los papeles despistados por Juan Manuel López. Entre otras personas, contactó con María Teresa R.A., propietaria de una cafetería y denunciante en el atestado 3.665 de fecha 27 de agosto de 2001.
La noche anterior habían intentado forzar el cierre de su establecimiento con una palanca, sin conseguirlo pero provocando daños por valor de 1.200 euros según la factura del seguro consultada por la propietaria. El expediente fue resuelto como falta, cuando todo robo de estas características, sea consumado o en grado de tentativa, debe ser registrado como delito. Sólo se consideran faltas los hurtos cuya cuantía no supera los 300 euros.
VIOLAR DERECHOS
Las irregularidades de la comisaría denunciadas por Juan Manuel López no se ciñen sólo a la manipulación estadística. También existen evidencias de prácticas que conculcan los derechos constitucionales de los detenidos. Entre otras perlas que obran en poder de este diario, la orden 844 de 16 de julio de 2001 en la que el comisario Felisindo Plaza señala: «A partir del día de hoy, todos los detenidos que se presenten en la oficina de denuncias, mayores de edad, delincuentes habituales contra la propiedad, serán traspasados al MIP correspondiente, cuyos responsables, cuando sea fin de semana, lo pasarán a disposición judicial el lunes a primera hora de la mañana».
Para el policía, abogado y criminalista Mauricio Moya, esta orden induce a los agentes a cometer detenciones ilegales, y conculca el artículo 17 de la Constitución: «La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos».
Y, el dos de septiembre de 2000, el entonces inspector jefe Manuel de la Barcia redactaba otra orden dirigida a la oficina de denuncias para que «a partir de la fecha, todas las denuncias que no pertenezcan a la demarcación (...) no se tramitarán, y a los denunciantes se les dice que denuncien en el lugar donde ha ocurrido el hecho, ya sea comisaría de policía o Guardia Civil».
«Se trata de una práctica muy extendida», señala Moya. «Las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad indican que el ciudadano puede denunciar donde le dé la gana». Pero es, estadísticamente, rentable: en muchas ocasiones el denunciante desiste de regresar a los lugares donde se produjo el delito.
Sindicatos, policías y penalistas consultados señalan que la propia estadística del Ministerio del Interior correspondiente a los delitos cometidos en 2003 evidencia la sistemática manipulación de datos: por primera vez en España y en cualquier país de la Unión Europea, el número de faltas contabilizadas supera al de delitos (1.047.863 frente a 955.804). En los juzgados, el ratio es de cuatro a uno a favor de los delitos, afirma el penalista José Miguel Ayllón.
Pero los datos de la comisaría de Santiago ya ofrecían esta evidencia desde hacía años. En 2001, 1.967 faltas frente a 1.748 delitos; al año siguiente, 2.126 frente a 1.787.
La Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, que Ayllón preside, resume así la raíz del problema: «Está haciendo mucho mal para conocer la realidad del estado de la delincuencia en España que a la policía se la incentive en su salario por objetivos cumplidos y éstos, a su vez, se basen en estadísticas.Basta calificar un delito como falta para afectar a las estadísticas y al sueldo».
El comisario Felisindo Plaza acabó dimitiendo, cercado por las denuncias judiciales del inspector jefe y por un visible incremento del vandalismo en la ciudad que salpicaba sus impecables estadísticas.Pero las acusaciones por presunto fraude terminaron archivadas.
EXPEDIENTADO
Y la tortilla judicial se dio la vuelta. López Otero apareció como imputado por sendos delitos de denuncia falsa e infidelidad en la custodia de documentos. Pero insistió en su denuncia con nuevas pruebas el 15 de enero de 2003. Unos 10 días después, recibía una llamada del jefe superior de Policía de Galicia, Avelino de Francisco. Ya había cambiado de arma: en la sobaquera ya no estaba el hierro, ahora sudaba pólvora la grabadora.
AF.- Efectivamente, tú me estás demostrando que eso ha sido un problema particular de él [Felisindo Plaza], pero no me metas a mí en ese circo (...).
JM.- ¿Y, entonces, qué voy a hacer? ¿Qué piensa? ¿Que yo voy a a encubrir otra vez delitos?
AF.- Pero vamos a ver...
JM.- Antes o después lo voy a sacar. Ya han estado detrás mía y he estado calladito. Ya he llegado al límite. Estoy cansado.Estoy aburrido. Estoy harto de ser honrado, coño. Y de esta puñetera policía. Aquí ser honrado es ser perseguido.
AF.- Vamos a ver...
JM.- Dígame.
AF.- Yo le doy toda la razón del mundo, tienes toda la razón del mundo, pero...
JM.- Sí, claro. Usted me da la razón, pero me la da verbal. A mí me están jodiendo, me han abierto dos expedientes...
A pesar de las amenazas que, asegura, recibió, nunca llegaron a suspenderle de empleo y sueldo. Pero ya lleva cerca de 24 meses de baja y, asegura, no se siente policía. En la actualidad, no trabaja a causa de una «ansiedad depresiva por causas exógenas».El jueves pasado, un coche de la policía aparcó frente a su domicilio.La naturaleza del parte médico que justifica su actual baja recomendaba que entregara las armas. Ha recibido llamadas amenazantes. Y alguna carta de compañeros que le advierten de los peligros a los que se enfrenta si sigue adelante con sus denuncias. Lleva dos meses sin cobrar: «Es otra forma de presión. Retienen las firmas y no me pagan».
Santiago Nogueira, abogado de López Otero, confía ahora en que las grabaciones sean aceptadas como prueba y no reviertan en una acusación por intromisión ilegítima contra su defendido.Es, quizá, la última arma del policía. Si mojan la pólvora, le van a crujir.
Ilustraciones
DELITOS O FALTAS
La primera manipulación consiste en convertir delitos en faltas.Por ejemplo, cualquier robo con daños en una propiedad, incluso frustrado, es delito, y en la comisaría es sistemáticamente archivado como falta. De esta forma, la atmósfera de inseguridad se despeja ante el ciudadano.
DISUASION
En las comisarías, cuando es posible, se tiende a disuadir al denunciante. Si en un robo o hurto la víctima no ha visto al delincuente, el policía archive la denuncia como pérdida. Esto es habitual en los aeropuertos. Cuando el delito ha sido cometido en otro distrito, se envía al denunciante allí, y se le desanima.
UNIR DENUNCIAS
Un robo con agresión obliga a la policía a denunciar dos delitos disferentes. Sin embargo, en las comisarías españolas es habitual que ambos se registren estadísticamente como uno sólo. Muchas veces esto se hace ocultándole al denunciante la omisión.
DELITOS «NEGROS»
Puede ser la gran laguna de la estadística policial. Los inmigrantes, sobre todo los ilegales, no denuncian jamás. Los legales, por razones sociológicas obvias, también tienen tendencia a evitar todo contacto con las fuerzas del orden a no ser que sea estrictamente necesario.
OBVIAR HECHOS
Los robos, dependiendo de varias circunstancias como la cuantía (hasta 300 euros) o el método empleado (sea un carterista o un navajero), pueden ser definidos como meros hurtos o como delitos.La tendencia es a englobar todos los posibles en el primer grupo, minimizarlos.
PROXIMIDAD
Cuando dos delitos son cometidos en la misma zona geográfica, se incluyen en la misma denuncia. Esto puede, incluso, animar a los investigadores a achacar estos diversos delitos a una persona por el hecho de que se hayan obtenido pruebas de la comisión de uno de ellos.
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