Desde que empezaron las discusiones internacional acerca de la conveniencia o no de que se produzca un ataque militar sobre Irak Amnistía Internacional viene haciéndose la misma pregunta: ¿Están pensando quienes tienen que tomar las decisiones en las consecuencias que tendría un ataque semejante sobre la población iraquí? Millones de personas en Irak vienen sufriendo desde hace décadas las violaciones de derechos humanos de su propio gobierno y el efecto de unas sanciones de Naciones Unidas que, manipuladas o no por el régimen iraquí, lo cierto es que están teniendo consecuencias devastadoras.

¿Va a mejorar la situación de todos estos seres humanos con un ataque militar? Creemos que no. Y no podemos dejar que los gobiernos utilicen de una manera fría, selectiva y calculada la difícil situación de derechos humanos de los iraquíes (esgrimiendo incluso informes de Amnistía Internacional, como han hecho el mismo presidente George W. Bush ante Naciones Unidas y también el gobierno español, informes que han ignorado durante años) para justificar un ataque militar.

Los derechos humanos de los iraquíes deben estar en el centro del debate, pero no para justificar el ataque, sino para valorar las consecuencias del mismo frente a la afirmación de que Irak representa una amenaza para la paz y la seguridad. Queremos que se evalúen los posibles efectos de una acción militar, el riesgo de que se produzca una crisis de desplazamientos masivos como la de 1991, el riesgo de que se produzcan violaciones del derecho internacional humanitario (como el uso, una vez más, por parte de EEUU y sus
aliados de armas de efectos indiscriminados) y queremos que se desplieguen inmediatamente en la zona observadores de derechos humanos que ayuden a la protección de los mismos ahora, y en cualquier situación futura. En Irak, la preocupación por las personas debe ser lo primero.