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CONFLICTOS RELEGADOS A UN SEGUNDO PLANO
 

SUDÁN
La guerra del 'oro negro'
Por YAIZA PERERA

FICHA

Nombre oficial:
República de Sudán
Capital: Jartum
Sistema de gobierno:
Dictadura militar
Jefe del Estado: El general Omar Hasán al Bashir asumió la presidencia en 1989 tras un golpe de Estado
Fuerzas insurgentes: Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (ELPS). Alianza Democrática Nacional (ADN), integrada por los dos partidos tradicionalistas del norte
Población: 36.080.373 (2001)
Superficie: 2.505.810 km²
Idioma: Árabe (lengua oficial, hablada por el 60% de la población), inglés (lengua franca en el sur del país), suajili (en el este) y otros 115 dialectos africanos
Religión: 60% musulmanes sunitas, 15% cristianos, 25% religiones africanas tradicionales, animistas

CONFLICTO
Una alianza de pueblos y grupos luchaba desde el sur contra el Gobierno radical islámico de Omar Hasán al Bashir en defensa de la diversidad étnica y religiosa, y la redistribución del poder político y los recursos económicos. Firmaron la paz en 2004, pero la violencia racial continúa en la región de Darfur.

Sudán se ha visto desgarrado por guerras civiles intermitentes desde el momento en que el país, el mayor de África, se independizó de Gran Bretaña en 1956. Los enfrentamientos tienen su origen en décadas de enorme desproporción entre el desarrollo del norte, árabe e islamista, y las comunidades negras del sur, cristianas y animistas. Una desigualdad alimentada primero por las fuerzas coloniales británicas y después por los gobiernos de Jartum, que han tratado imponer el modelo de Estado islámico y centralizado en todo el país.

La raza negra ha sufrido un permanente sometimiento a la población árabe. Sin embargo, esta guerra no era sólo un contencioso religioso entre musulmanes y cristianos, sino también la lucha por el control de los recursos naturales. En el norte se concentra la actividad comercial y agrícola, las redes de transporte terrestre y marítimo, mientras que el sur alberga las fértiles tierras de Renk, la zona petrolífera de Bentiu y los yacimientos de níquel y uranio.

Lo que en principio nació como un conflicto étnico pronto adquirió carácter de guerra civil. Los grupos fundamentalistas no cesaron en su empeño de transformar el país en un estado islámico y esta presión adquirió su máxima expresión con la llegada del dictador Yaafar el Numeiri, que impuso en 1983 la ‘Sharia’ en todo Sudán. La población negra perdió entonces la limitada autonomía que había logrado en 1972 tras la primera guerra civil para ser de nuevo ultrajada y sometida por los árabes del norte. Nació entonces como respuesta la principal organización rebelde, el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (ELPS), de John Garang.

La situación se agravó en 1989, tras el golpe de Estado de Omar Hasán al Bashir, que impuso con dureza la ley islámica en todo el país además de aniquilar cualquier resquicio de libertad. Su estrategia de poder se basó en la deportación masiva de la población negra hacia zonas inhóspitas y la recolonización de los territorios fértiles recién despoblados con grupos árabes. Su despotismo ha alimentado una creciente desconfianza entre la población y en un intento de darle cierto cariz democrático a su régimen impulsó la elaboración de la Constitución de 1998; la convocatoria, en el año 2001, de las primeras elecciones desde el golpe.

Esta espiral de violencia, agravada por las hambrunas, sequías e inundaciones, ha sumido al país en una crisis humanitaria de dimensiones incalculables: alrededor de 4,5 millones de sudaneses permanecen sin hogar, viviendo en la pobreza como refugiados o desplazados, más de dos millones y medio de personas han muerto y otras tantas corren el riesgo de perecer de hambre. La lista de barbaries a la que se ven sometidos los civiles incluye además el homicidio, la tortura y la esclavitud.

En 2002 la paz comenzó a asomar en el país. Durante el mes de junio, el Gobierno y el ELPS empezaron a negociar en Kenia un acuerdo para poner fin a 20 años de enfrentamientos: en julio firmaron un protocolo de paz; en octubre, un alto el fuego y en noviembre, un Memorando de Entendimiento. Una vez alcanzado un acuerdo sobre tres puntos claves: el estatuto del Sur, el reparto de los recursos y la progresiva democratización del Estado, se estableció un periodo transitorio de seis años que culminaría en la celebración de un referéndum donde el Sur decidiese si quiere ser un Estado federado o independiente.

El alto el fuego se mantuvo durante 2003 y en mayo de 2004 se dieron nuevos pasos hacia el definitivo cese de la violencia en el sur eliminando en un nuevo acuerdo los últimos obstáculos. El pacto garantizaba que Gobierno y rebeldes del sur compartirían el poder político, resolviendo el estatus y administración de las montañas de Nuba, el Nilo Azul y Abyei, tres regiones disputadas.

El 9 de enero de 2005 la paz asomaba oficialmente en el sur del país para poner fin a uno de los conflictos más largos y sangrientos de África. Pero la muerte en accidente aéreo del vicepresidente del país y ex líder rebelde John Garang, en agosto de 2005, provocó nuevos estallidos de violencia en las calles de Jartum entre grupos sureños y compatriotas del norte.

A pesar del acuerdo de paz firmado, la violencia continuó presente en la región occidental de Darfur, donde el grupo armado de base musulmana Movimiento para la Liberación de Sudán luchaba para terminar con la discriminación de las tribus. Sus cruentos enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales acrecentaron la gran crisis humanitaria en la que vive el país. En mayo de 2006 alcanzaron un acuerdo de paz sin el apoyo de dos grupos armados de la oposición. La complicada situación provocó la suspensión de las labores de la ONU en la zona. En noviembre de ese año, Sudán acepta enviar a la zona una fuerza de paz de la ONU y la Unión Africana.

Los grupos rebeldes del país se han reunido para unificar posiciones para futuras negociaciones de paz con el gobierno, en un encuentro realizado en Arusha, Tanzania, que duró tres días. El Movimiento para la Liberación de Sudán no suscribió el acuerdo, en el que se fijó una plataforma común para compartir el poder, el reparto de los ingresos por los recursos naturales y otros puntos relacionados con la seguridad y la asistencia humanitaria.

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Coordinación: Sonia Aparicio / Diseño: Patricia Gómez / Ilustraciones: Luis Parejo
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