| Una Ley Integral
DESDE 1991, LAS ASOCIACIONES DE MUJERES venían
pidiendo una ley integral contra la violencia de sexo, una herramienta diseñada
para combatir el problema y facilitar la ayuda a las víctimas,
pero también para erradicarlo. La 'Ley orgánica
de medidas de protección integral contra la violencia de género',
una de las principales promesas electorales de Zapatero, ya es una realidad: el
22 de diciembre de 2004, el pleno del Congreso aprobaba,
por unanimidad, un texto que contempla tanto medidas
asistenciales como de prevención,
con especial atención a las políticas
educativas que insistan en la igualdad y el respeto
de los derechos de la mujer. Su aspecto más polémico: la
discriminación positiva que se establece
por penalizar el maltrato doméstico sólo cuando el agresor es un
hombre y la víctima, una mujer. Una de las enmiendas
aprobadas durante su tramitación parlamentaria contempla la modificación
del Código Penal para que las amenazas y lesiones leves sean consideradas
como delito cuando afecte a víctimas «especialmente
vulnerables» -niños, ancianos y minusválidos- que convivan
con el autor». La Ley establece una
jurisdicción especial para la violencia de género y pretende
lograr una estrecha coordinación de todos
los agentes implicados en el proceso (fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, fiscales, forenses, psicólogos, magistrados, etc.), que deberán
recibir una formación específica
para que las víctimas sean atendidas en todo momento por especialistas
en la materia. - OBJETO DE LA LEY.
«Actuar contra la violencia que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén
o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia». (Artículo 1.1.)
- EDUCACIÓN.
La ley insiste en que la formación en el respeto a la igualdad entre
hombres y mujeres debe ser uno de los fines del sistema educativo español.
Tal principio de igualdad se transmitirá desde la educación infantil
hasta el bachillerato, y la Administración tendrá que revisar
los materiales y libros de texto para garantizar la ausencia de conceptos
o referencias que puedan fomentar la desigualdad. Además, en el Consejo
Escolar del Estado tendrán presencia las organizaciones de mujeres,
el Instituto de la Mujer y expertos reconocidos en la lucha contra la violencia
por razones de sexo.
- PUBLICIDAD. Se
considerará ilícito la asociación del cuerpo femenino
con un producto concreto. Las asociaciones e instituciones que trabajan a
favor de la igualdad podrán solicitar la retirada de un anuncio si lo consideran
oportuno.
- APOYO A LAS VÍCTIMAS.
La nueva ley permitirá la creación de servicios de atención
e información inmediata que garanticen un primer asesoramiento legal
y psicológico, centros de emergencia para asistir a las mujeres
y a sus hijos y centros de recuperación integral. Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos participarán en el desarrollo de todos estos servicios,
en los que también se contempla la asistencia jurídica especializada
y gratuita, así como ayudas económicas que faciliten
a las víctimas empezar una nueva vida: formación para el empleo,
acceso prioritario a viviendas de protección oficial, bonificación
a las empresas que las contraten, un fondo de garantía de pago de alimentos,
entre otras. Además, las víctimas tendrán derechos laborales
específicos como adaptar o reducir su jornada de trabajo, movilidad
geográfica o estinguir un contrato cobrando el subsidio de desempleo.
- MEDIDAS
JURÍDICAS Y PENALES. Se crearán Juzgados de Igualdad y
Asuntos Familiares en cada provincia y capital, en los que se centralizarán
los asuntos civiles y penales de una misma unidad familiar. Estos jueces podrán
adoptar distintas medidas de protección, según la gravedad
de los casos: desde la salida del agresor del domicilio, el alejamiento y la suspensión
de las comunicaciones, hasta la privación de la patria potestad y custodia
de menores o la suspensión del régimen de visitas. También
se reforzarán las penas contra los agresores: las amenazas leves
se podrán sancionar con prisión de seis meses a un año y
el juez podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria
potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años. En caso de lesiones,
se agrava la pena de dos a cinco años cuando la víctima sea la esposa
o compañera sentimental, aunque no haya habido convivencia. Además,
se prevé que cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia
y de las Audiencias Provinciales tenga su propia Sección de Violencia
Familiar y que se cree la figura del 'Fiscal contra la violencia contra
la mujer'.
- NUEVOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
La ley contempla la creación de una Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género (bajo el Ministerio de Presidencia y
con rango de Secretaría de Estado), un Consejo Consultivo y un Observatorio
Nacional de Violencia sobre la Mujer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
- OTRAS MEDIDAS. Creación
de unidades especializadas en prevención de la violencia; aplicación
de programas específicos a maltratadores en prisión.
 ÁLBUM:
Un año de la Ley integral
Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
El
Congreso aprueba de forma definitiva y unánime la Ley integral contra la
violencia de género (22.12.2004)
El
Senado respalda el proyecto de Ley (02.12.2004)
Respaldo
unánime del Congreso al proyecto de Ley (07.10.2004)
El
Consejo de Ministros da luz verde a la Ley Integral (25.06.2004)
Texto íntegro
del proyecto de ley (pdf)
Informe
del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto (doc)
Voto
particular SONIA APARICIO
FOTO SUPERIOR: Representantes de las asociaciones
de mujeres forman con sus manos en alto el triángulo que simboliza el feminismo,
en la tribuna de invitados del pleno del Congreso, el 22 de diciembre de 2004,
día en que se aprobó la Ley. (EFE) | 
