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URGENTE
Miércoles, 07 de Marzo de 2001 Actualizado a las 07:49
 

PUNTO FINAL Y OBEDIENCIA DEBIDA
La anulación de dos leyes podría reabrir el proceso contra cientos de militares argentinos

Un juez decreta la «inconstitucionalidad e invalidez» de las dos normas en el proceso abierto por el secuestro de un bebé — Este delito no está contemplado por las leyes, lo que ha provocado que cientos de militares preparen su defensa

EL MUNDO | EFE

  A D E M A S
 Entrevista a un ex policía acusado: «En Argentina hubo 29 'etas' y yo las combatí»
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BUENOS AIRES.- La inconstitucionalidad de dos leyes que hace 14 años libraron de la prisión a cientos de militares argentinos, declarada ayer por un juez, abre una vía para investigar crímenes cometidos durante la última dictadura.

El magistrado Gabriel Cavallo ha declarado la «inconstitucionalidad e invalidez» de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de 1987 en el marco de una causa en la que se investiga el secuestro de la hija de un matrimonio de desaparecidos.

La solicitud había sido presentada por la organización de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El magistrado entiende que para juzgar la causa, en la que están implicados ocho militares, es necesario atender a los acontecimientos previos, es decir, la tortura y asesinato de los padres del bebé secuestrado, de los cuales se han recopilado pruebas suficientes.

Los ocho militares inculpados se acogieron a las dos leyes para evitar ser condenados, ante lo cual el magistrado, entendiendo que si no se juzgaban estos actos el proceso no iba a ser completo, ha decidido anularlas.

Esta decisión ha provocado que unos 700 militares relacionados con crímenes durante la dictadura soliciten conocer en qué causas están implicados para comenzar a preparar su defensa.

La decisión del magistrado Cavallo se produce antes de que se cumpla, el próximo 24 de marzo, el 25 aniversario del golpe de Estado que dio paso a un régimen 'de facto' (1976-1983) en el que desaparecieron con presunción de muerte al menos 9.000 personas por motivos políticos.

Las dos leyes pusieron fin, cuatro años después del regreso de la democracia en 1983, a las investigaciones y procesos judiciales contra unos 400 militares y policías implicados en la represión, con el declarado objetivo de avanzar en la reconciliación nacional.

El Gobierno no tomará medidas

El Gobierno ha anunciado que no tomará ninguna medida ante el fallo judicial, que ha causado inquietud entre los miembros de las Fuerzas Armadas y ha sido celebrado por las organizaciones humanitarios.

La polémica aprobación de ambas leyes fue impulsada por el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín con el declarado objetivo de avanzar hacia la reconciliación nacional, después de que los jefes de las Juntas Militares fueran condenados a prisión perpetua en 1985.

Ese proceso se cerró en 1990, cuando el entonces presidente Carlos Menem concedió un indulto a los jerarcas de la dictadura.

Las dos normas fueron derogadas por el Parlamento argentino en 1998, lo que determinó que cualquier persona acusada por actos de represión cometidos a partir de esa fecha puede ser juzgada, aunque la derogación no conlleva efectos retroactivos.

El nuevo ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, ha dicho que el Gobierno «no va a hacer nada» ante el fallo del juez Cavallo, aunque opinó que la leyes de Obediencia Debida y el Punto Final son «constitucionales» porque fueron «promovidas y votadas por el Congreso».

El ministro de Defensa, contrario a la anulación

Jaunarena, que había ocupado la cartera de Defensa durante la presidencia de Alfonsín y fue uno de los impulsores de las leyes, consideró que «no es razonable que estas cuestiones sigan abiertas después de 25 años» y sostuvo que «Argentina tiene que cerrar definitivamente un pasado».

Antes de conocer la resolución judicial, el funcionario declaró a una radio de Buenos Aires que «no sería saludable» que «volviera a tornarse indefinida la situación de muchas personas», en alusión a la anulación de las normas.

Sin embargo, el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, opinó que la decisión del juez es «muy importante, porque termina con la era de la impunidad en Argentina».

La presidenta de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo a su vez que la decisión de Cavallo «marca el comienzo de un largo y difícil camino» para que se reabran todas las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos.

Ampliación del marco de las investigaciones

Fuentes judiciales han explicado que la medida adoptada por Cavallo se refiere a un «caso concreto», que es la denuncia sobre el robo en 1978 de Claudia Victoria Poblete, hija del chileno José Poblete y la argentina Gertrudis Hlaczik, quienes desaparecieron ese mismo año.

El objetivo del CELS es que el juez amplíe el marco de las investigaciones que inició sobre el robo de Claudia Victoria cuando era un bebé, delito que está dando pie en Argentina a la detención de distintos ex jefes militares, ya que no está incluido en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Los portavoces judiciales dijeron que para este caso concreto «la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia si se presentan las sucesivas apelaciones al fallo», y señalaron que a partir de ese momento se podría sentar jurisprudencia para otros procesos sobre violaciones a los derechos humanos.

El jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, consideró que las dos leyes «contribuyeron a que la sociedad viviera un periodo de relativa calma» y sostuvo que su anulación «sería un retroceso en el proceso de reconciliación que vive Argentina».

 
   
 

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