Las autoridades han decidido incoar expediente de expulsión a unos 230 de los 275 inmigrantes que fueron desalojados el pasado jueves de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), mientras que otros 40 podrán ser regularizados, según han informado fuentes del Colegio de Abogados de Sevilla.
Las mismas fuentes han indicado que los inmigrantes a los que se les ha incoado el expediente de expulsión tienen ahora un plazo de 48 horas para plantear un recurso en contra de la decisión. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha apuntado, además, que serían trasladados a centros de acogimiento de Ceuta, Málaga, Murcia y Madrid.
Chamizo será quien tramitará a partir de este momento la regularización del grupo de 40 inmigrantes que obtendrán su regularización.
El plazo de 72 horas de retención de los inmigrantes que fueron detenidos el jueves expiraba en torno a las 9.30 horas de hoy, si bien en el día de ayer ya se habían marchado unos 100, según ha indicado.
Frenética actividad
Las fuentes jurídicas afirmaron que en las dependencias judiciales donde han estado los inmigrantes detenidos desde el pasado jueves el trabajo de jueces, fiscales y policías ha sido frenético.
Una de las coordinadoras de Médicos del Mundo, Carmen Escamora, informó a los periodistas en la puerta de la sede policial que el ambiente estaba "cada vez más deteriorado" y afirmó que los inmigrantes estaban más nerviosos.
Ayer por la mañana tuvieron que ser trasladados dos de ellos a centros hospitalarios con crisis de ansiedad y otro recibió asistencia sanitaria por molestias en una pierna.
Hacinados
Precisamente, en un comunicado Médicos del Mundo denunció la situación de "hacinamiento" de éstos en la comisaría Blas Infante de la capital andaluza y señaló que las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes son "pésimas, hacinados en los calabozos de la comisaría, ubicados en el semisótano, con temperaturas que superan los 40 grados".
La Red de Apoyo a los inmigrantes encerrados responsabilizó ayer del "represivo y nefasto" desalojo al Gobierno, a la Junta, al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y la rectora de la Pablo Olavide, Rosario Valpuesta, y denunció que había un "pacto tácito" para detener a los inmigrantes.
Asimismo, unos 25 miembros del Foro por la Justicia Social de Córdoba entregaron un escrito para pedir al Gobierno Central la puesta en libertad de los inmigrantes detenidos en el desalojo del campus de la Universidad Pablo de Olavide.
