La futura Ley de Montes declarará como Dominio Público Forestal todos los montes de titularidad pública, que ocupan casi 9 millones de hectáreas, por lo que no se podrán vender o embargar, según el anteproyecto del Ministerio de Medio Ambiente.
Esta nueva normativa será presentada en la Conferencia Sectorial al Consejo Nacional de Bosques el jueves y se elevará al Consejo de Ministros durante el próximo mes de febrero. Entre otras cosas, obligará a aplicar criterios de protección, conservación y mejora en los montes españoles, ya sean de titularidad pública como privada, según explicaron fuentes del Ministerio.
Comunidades autónomas y municipios, así como propietarios particulares, cobrarán mayor protagonismo en la gestión de la superficie forestal española, que ocupa 26 millones de hectáreas, de las que unos 9 millones son de titularidad pública y 17 millones están en manos privadas.
La ley otorga la máxima figura de protección a los montes de titularidad pública al optar por su declaración como Dominio Público (frente a la consideración hasta ahora de bien patrimonial), constituyéndose el Dominio Público Forestal, con lo que estos espacios naturales no se podrán vender, serán imprescriptibles (imposibilidad de registrar o escriturar) y no se podrán embargar.
Planes de conservación
La aprobación de una nueva Ley de Montes, que sustituya a la vigente Ley de 1957, constituye una de las siete prioridades del departamento de Jaume Matas para este año, según declaró el ministro la pasada semana. El borrador de la futura Ley, que junto con el Plan Forestal es la base de una reforma de la política forestal española, comienza una nueva fase de recepción de aportaciones de las comunidades autónomas.
Con sus propuestas, el Ministerio se propone promover tanto la conservación, mejora y racional aprovechamiento de los montes conforme al artículo 45.2 de la Constitución, como promover la función de los montes como generadores de renta y empleo, especialmente en el medio rural, que contribuyen a su desarrollo social y económico.
De aplicarse el texto tal y como lo propone el Ministerio, antes de 10 años todos los montes de titularidad pública y el 50% de los privados contarán con planes de ordenación que garanticen su conservación y uso sostenible.
Asimismo fija la obligatoriedad de que todos los montes públicos que superen las 25 hectáreas tengan un plan de gestión antes de 10 años y establece una serie de incentivos para que los de titularidad pública también cuenten con algún mecanismo de gestión, hasta ahora sólo presente en el 4%.
