El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que ordenó la clausura temporal del diario "Euskaldunon Egunkaria", asegura en el auto en el que acuerda esta medida que ETA tomaba decisiones sobre el funcionamiento de la editora "que sólo corresponden al Consejo de Administración".
En el auto, el juez dice que Egunkaria favorece "la estrategia terrorista de ETA, tanto desde el punto de vista económico-financiero (transferir fondos provenientes de la organización ETA o de su entramado para la adquisición de dichas sociedades y otras sociedades por ellas participadas), como de fortalecimiento de uno de sus objetivos terroristas (creación de una estructura informativa en euskera)" controlada por la banda.
El objetivo último de ETA en este aspecto, según el juez, es "facilitar el amparo y difusión (con el apoyo del idioma euskera o vasco como cobertura cultural para ello) del ideario terrorista".
"Egunkaria ha sido creada, financiada y dirigida por ETA, teniendo su lugar en las estructuras de la banda y unos enlaces determinados para recibir las directrices de la misma y poder remitir información", señala el auto.
"Esto queda de manifiesto", según el juez, "si se presta atención a los consejeros delegados que ha tenido la entidad; así puede verse que José Miguel Zumalabe fue el primero hasta su muerte, sustituyéndole Iñaki Uria hasta la actualidad, figurando ambos en la documentación intervenida a la banda terrorista ETA, cuando al primero se le propone para que sea director del diario y al segundo para que fuese precisamente consejero delegado".
Del Olmo prosigue diciendo que "por otra parte, la banda terrorista recibe puntal información sobre los problemas de financiación de la sociedad, participando de hecho de información y tomando parte en resoluciones que sólo corresponden al Consejo de Administración".
Para el magistrado, "la evidente contradicción existente entre la cuestación popular (que dio origen al diario) y las juntas universales de accionistas, así como las continuas inconsistencias de estas últimas, no sirven sino para confirmar que son utilizadas para simular una normalidad empresarial que realmente no existe, porque o no hay accionistas o el Consejo de Administración obra como si no existieran".
El conjunto de los datos expresados en los diferentes informes elaborados por la Guardia Civil, prosigue el auto, "obliga a concluir que la sociedad es una mercantil creada por la banda terrorista, con su financiación, integrada dentro de sus estructuras y con un papel determinado dentro de lo que la banda considera necesario para el cumplimiento de sus fines".
Por todo ello, Del Olmo justifica las medidas acordadas "con la finalidad de interrumpir el uso que la banda terrorista ETA está haciendo del instrumento del que ella misma se ha dotado".
Para ello ordenó la medida "de clausura, cierre y precinto temporal preventivo de la mercantil Egunkaria S.A., así como de todas sus sedes y oficinas, locales o establecimientos en España", ya que el diario posee otra sede en la localidad vascofrancesa de Bayona contra la que el juez no puede actuar.
Del Olmo anuncia también que, en un plazo máximo de 10 días, convocará a los representantes legales de la editora para que aleguen lo que estimen conveniente antes de dictar la suspensión de actividades de la sociedad por un tiempo máximo de cinco años, tal y como establece el artículo 129 del Código Penal.
