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El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. (Foto: EFE)
MADRID.- Hombres y mujeres aún no son iguales. Lo gritan desde hace años los colectivos feministas. Lo pone de manifiesto que haga falta una ley para "hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer (…) para alcanzar un sociedad más igualitaria, más justa y más solidaria". Lo dice el artículo 1 de la futura Ley de Igualdad.
Según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros es "la norma más importante para alcanzar la igualdad desde que se aprobara la Constitución". De la Vega ha insistido en que el texto "va mucho más allá de la transposición de una directiva europea" y que "marcará un antes y un después".
El anteproyecto de ‘Ley orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres’ define en su articulado qué es acoso, acoso sexual, discriminación directa e indirecta y qué prácticas suponen infracciones graves y muy graves. Un gran paso adelante, sin duda, pero muy criticado: representantes sindicales y asociaciones de mujeres se quejan de que no ha habido negociación en la elaboración de un texto que, buscando el impacto político y mediático, ha tenido que salir apresuradamente del horno de cara a la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, el próximo 8 de marzo.
Se establece que las empresas de más de 250 trabajadores tendrán la obligación de incluir Planes de Igualdad en la negociación de los próximos convenios colectivos; y las más pequeñas deberán incluir en sus convenios medidas destinadas a promover la igualdad real. Todo ello, encaminado a mejorar la posición laboral de las mujeres y evitar que el acceso a determinadas categorías, planes de promoción, salarios y pluses sea más favorable a los hombres. El Ejecutivo revisará estas políticas en un plazo de cuatro años para evaluar su eficacia e introducir reformas legislativas si fuera necesario.
Una de las principales novedades es la creación del permiso de paternidad de ocho días tanto para padres biológicos como adoptivos —independientemente de los días de permiso por nacimiento y de que la madre pueda ceder al padre, como hasta ahora, parte de su permiso de maternidad—, a disfrutar en cualquier momento durante la baja maternal —los sindicatos pedían que este permiso fuera de cuatro semanas—. En el caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá solicitar para él el tiempo del permiso de maternidad.
No se elimina, como pedían CCOO y UGT, el periodo de carencia exigido (180 días de cotización en los últimos cinco años) para acceder a la prestación por maternidad, aunque se establece un subsidio para las mujeres que no tengan 180 días cotizados en los últimos siete años. Además, el permiso maternal se amplía dos semanas en caso de parto múltiple o nacimiento de un hijo con discapacidad. Si el puesto de trabajo implica riesgo para el embarazo y la lactancia, la mujer podrá solicitar la suspensión del contrato y acceder a una prestación sin exigirle ese periodo de carencia. Se reconoce el derecho a acumular el periodo de lactancia, derecho que podrán ejercitar tanto el padre como la madre.
La futura ley quiere también evitar que la maternidad y paternidad 'penalicen' la vida laboral: se amplía el derecho a solicitar una excedencia hasta que el hijo cumpla los 8 años (actualmente, hasta los 6) y los dos primeros años se considerarán cotizados (hasta ahora era sólo el primero); se reduce a cuatro meses la duración mínima de la excedencia voluntaria y se amplía de uno a dos años la excedencia para cuidar a un familiar. Además, la reducción de jornada —que implica reducción proporcional del salario— no afectará a la base reguladora de la prestación por desempleo ni a las indemnizaciones por despido. El texto reconoce también el derecho a conciliar la vida laboral y familiar y de adaptar para ello las jornadas de trabajo.
Los representantes sindicales lamentan que el texto no sea fruto del diálogo y la negociación. Ha sido el Gobierno el que ha tomado la iniciativa y presentó el pasado 6 de febrero un texto —muy criticado por ser una mera declaración de intenciones— que ha terminado incorporando algunas, sólo algunas, de sus reivindicaciones.
"Habríamos conseguido mayores efectos con el consenso de todos", señala Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT. Para Lola Liceras, secretaria de Empleo de CCOO, "en 10 meses, el Gobierno no ha trabajado activamente estas medidas en la Mesa de Trabajo, y ahora, porque llega el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y ha decidido aprobar el texto, en una semana hemos tenido que decir que sí atropelladamente". Unos y otros reconocen, sin embargo, que con la Ley de Igualdad se va a dar un paso muy importante.
También los colectivos de mujeres alzan la voz ante la falta de diálogo y negociación en este tema. "La Ley de Igualdad no puede hacerse sin contar con las organizaciones de mujeres", denuncia un manifiesto hecho público este jueves y suscrito por 26 colectivos feministas, entre ellos CELEM (Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres), la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Confederación de Mujeres Rurales (CERES), Mujeres por la Paz y el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense.
Dicho manifiesto recoge 10 puntos básicos que "debe contener" la futura ley, entre ellos: listas electorales paritarias a todos los órganos de representación directa y de la Administración y la creación de un 'Consejo Estatal de las Mujeres' —elegido por las ONG de mujeres, no por el Gobierno— para el seguimiento de la aplicación real de las políticas de igualdad.
Las demandas de estos colectivos también incluyen ampliar a todas las trabajadoras el actual permiso de maternidad (16 semanas), independientemente de su régimen de seguridad social y eliminando el periodo de carencia que se exige para solicitarlo, y un permiso de paternidad de cuatro semanas. Asimismo, piden que las asociaciones de mujeres puedan estar legitimadas para presentar denuncias por discriminación ante la Administración y la inspección de trabajo y que puedan participar en la elaboración y aplicación de las políticas de formación profesional destinadas mujeres.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también tiene sus propias quejas. Considera que "el Gobierno ha hecho caso omiso de las propuestas empresariales en materia de igualdad", y se opone a lo acordado con los sindicatos sobre el anteproyecto, informa Efe. Para la CEOE, el método elegido se ha basado "en la sindicalización y en la obligatoriedad, con el consiguiente régimen sancionatorio, el peor de los posibles", y afirma que el Gobierno "no ha tomado en consideración ningún elemento esencial de los planteados" por la patronal.
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