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Por su opacidad y los secretos que guarda, la Roca es una de las grandes cajas de seguridad financieras del mundo. En tan sólo 6,5 km cuadrados, habitados por 28.683 personas, se concentran cerca de 70.000 empresas, entre anónimas y limitadas. El superávit de compañías instrumentales encaja como un guante con los seis millones de visitas que recibe al año el Peñón, de las que sólo un millón son turistas. A los otros cinco millones de viajeros les mueven sus negocios. Unos negocios que nadie sabe en qué consisten porque desvelarlos roza el delito local.

Informes del GAFI (Grupo de Acción Financiera dependiente de la OCDE) denuncian este tipo de centros de alto rendimiento económico en los que el blanqueo de dinero es la principal actividad. Según un informe remitido por el Gobierno español a Bruselas en 1999, Gibraltar incumplía 61 directivas comunitarias.

El Ejecutivo del Peñón se comprometió en febrero de 2002 a cumplir los principios de intercambio de información y transparencia exigidos por la OCDE, organismo empeñado en erradicar los 25 paraísos fiscales que existen en el mundo - en las islas Jersey el BBV registraba sus cuentas invisibles-. Sin embargo, estos diminutos reductos encuentran cobijo en algunos Estados de derecho de los que dependen, naciones desarrolladas como Gran Bretaña (Islas Caimán, Bermuda, las Islas Vírgenes británicas, las islas del Canal y Gibraltar) u Holanda, que administra las lucrativas Antillas Holandesas, entre otras.

En octubre de 2002 la Comisión Europea decidió abrir una investigación en profundidad sobre el régimen fiscal de Gibraltar aprobado por el Gobierno británico en agosto, ante la sospecha de que puede encubrir ayudas de estado incompatibles con la normativa comunitaria. En noviembre de 2002, Bruselas adoptó una recomendación en la que instaba al Reino Unido a abolir o reformar el régimen de exención fiscal vigente en la Roca.

España denuncia reiteradamente ante Bruselas ilegalidades en Gibraltar, pidiendo el desmantelamiento del único paraíso fiscal europeo. Por su parte, en enero del 2003, la Comisión Europea denunció al Reino Unido por no aplicar correctamente en Gibraltar la directiva sobre el IVA e impuestos sobre el consumo.

Pero no acaban ahí los reveses legales contra el Peñón: En marzo de 2004, Bruselas declaró ilegal la reforma sobre el impuesto de sociedades, por el que las empresas registradas en Gibraltar se beneficiarían de un tipo impositivo mucho más bajo que el aplicable en el Reino Unido, favoreciendo la competencia desleal. Londres y Gibraltar recurrieron la decisión de la CE.

Aparte de bancos y despachos de abogados, otras actividades rentables en el Peñón son las gasolineras, los estancos y las tiendas libres de impuestos, en las que el alcohol y los aparatos electrónicos resultan los productos más demandados.


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