ETA - La dictadura del terror

 

El 'impuesto revolucionario'

Los métodos de extorsión de ETA incluían el envío de cartas amenazantes a empresarios vascos, en las que se exigía el pago de una determinada cantidad de dinero a cambio de que su patrimonio e incluso su integridad física no corrieran peligro. Aunque muchos amenazados denunciaron estas prácticas mafiosas, es difícil determinar cuántos llevaron el 'aviso' en silencio sobre sus espaldas, ante el terror psicológico impuesto por la banda terrorista, que llegó a aplicar 'intereses de demora' a quienes que se retrasaban en el pago.

El miedo y la indefensión de los amenazados fue en en aumento con el envío de cartas marcadas con un código especial. Una serie de números y letras en la parte superior de las misivas donde se indicaba la cantidad a pagar y cómo hacerlo, con la posibilidad de que los terroristas reconocieran la carta con el código en el caso de que alguna de ellas fuera reproducida en los medios de comunicación.

En marzo de 2011 la banda anunciaba a los empresarios que cancelaba su extorsión. José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra fue el destinatario de la misiva para que comunicara «a los empresarios y a la sociedad» que había «quedado cancelada la exigencia» del conocido como pago del impuesto revolucionario.

 

GOLPES A LA RED DE CHANTAJES

En 1986, una operación de la policía francesa contra la cooperativa Sokoa, en Hendaya, reveló que entre 1980 y 1986 ETA había ingresado cerca de 1.200 millones de pesetas por el pago del 'impuesto revolucionario', mediante el chantaje a un millar de empresarios.

En enero de 1992, la Ertzaintza desmanteló en España otra red de cobro del impuesto. La 'Operación Easo', en la que se filmaron unas 200 horas de vídeo, atribuyó a la red el intento de cobro de 400 millones de pesetas a una veintena de empresarios.

En agosto de 1993, la policía autónoma vasca volvía a golpear al entramado financiero de ETA. La Operación 'Diru Gutxi' ('Poco dinero') permitió, entre otras, la detención en París de Carlos Almoraz, 'Pedrito de Andoain', presunto responsable del aparato financiero de ETA.

En mayo de 2002, una nueva operación policial confirmaba que las 'herriko tabernas' funcionaron durante años como centros de recaudación donde acudían los empresarios del País Vasco y de Navarra para cumplir con los pagos del 'impuesto revolucionario'.

Más recientemente, en junio de 2006, una operación conjunta de las policías francesa y española desarticulaba una red que actuaba desde hace 20 años recaudando el 'impuesto revolucionario'. Doce personas fueron detenidas, entre ellas Julen Madariaga (uno de los fundadores de la banda terrorista, que salió en libertad bajo vigilancia pocos días después) y el jefe de la red de financiación, Ángel Iturbe Abásolo.