Respuesta de la Justicia española a la consulta
formulada por el Home Office del Reino Unido el 21 de enero de
2000. Texto íntegro:
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO CINCO
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
D. BALTASAR GARZON REAL, Magistrado-Juez del Juzgado Central
de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.
AL CROWN PROSECUTION SERVICE (Fiscal Jefe Miss D.H. Sue Taylor,
para el HOME OFICCE-JUDICIAL COOPERATION UNIT-50 Queen Daniel
Gate. London Swihgat); atentamente saludo y participo:
En este Juzgado se ha recibido escrito del Excmo Sr.
Ministro de Asuntos Exteriores, acompañando carta de
la Judicial Cooperation Unit (JCU) del HOME OFFICE, dirigida
al Crown POrosecution Service, con el fin de que se contesten
algunas preguntas que se formulan.
1.- En primer lugar, ratifico íntegramente y doy por
reproducidos mis escritos de fechas 13.1.00 y 19.1.00, tanto
en cuanto a las alegaciones, como a la necesidad de la Judicial
Review.
En este punto debo insistir, como ya hiciera en el primero
de los escritos citados, en que la situación en la que
tengo que contestar las preguntas planteadas, es muy difícil
desde el punto de vista jurídico debido al desconocimiento
del contenido de los informes médicos practicados al Sr.
Pinochet Ugarte por orden del Ministerio del Interior Británico.
Por tanto, cualquier opinión que emita estará abocada
a la mas absoluta esterilidad y a la mas probable interpretación
parcial, en función de las necesidades de quien la realice.
Asimismo, cualquier dictamen médico que se recabe o
practique sin aquel conocimiento no pasará de ser un mero
ejercicio voluntarista y teórico referido a una persona
de 84 años de cuya salud estamos tratando sin saber cual
es la realidad de la misma.
2.- La aplicación del artículo 383 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal (Lecri), exige varios presupuestos.
Sólo partiendo de estos, se puede emitir un juicio
solvente y serio:
1) Que existan indicios de enajenación mental que serán
apreciados por el juez, previo informe de dos médicos
forences que deberán dictaminar si existe o no esa enajenación
(art. 381.1. Lecri: Si el juez advirtiese en el procesado
indicios de enajenación mental, le someterá inmediatamente
a la observación de los Médicos forenses en el
establecimiento en que estuviese preso, o en otro público
público si fuere más a propósito o estuviese
en libertad).
2) Que la demencia o enfermedad mental sea sobrevenida, es
decir posterior a la comisión del delito, - si fuera anterior
se apreciaría, también por el Tribunal, la excención
de responsabilidad penal (art. 20.1. Código Penal .
Están exentos de responsabilidad penal. 1º El que
al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier
anomalía o alteración psíquica, no pueda
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.).
3) Comprobados los dos presupuestos anteriores, el procedimiento
continuará hasta la conclusión del sumario, momento
a partir del cual el tribunal decidirá sobre el archivo
y la suspensión de la causa hasta que el procesado recupere
la salud.
Por tanto: A) el primer requisito imprescindible y esencial,
es conocer los informes médicos de que dispone el Home
Office sobre la salud de Augusto Pinochet B) el segundo requisito,
asimismo necesario, es la elaboración de un dictamen,
previo reconocimiento por dos médicos forenses expertos
en psiquiatría, que establezcan con la claridad que permitan
las circunstancias, el grado de capacidad mental de aquél,
en el sentido de concretar su capacidad procesal y de discernimiento,
o lo que es lo mismo, si puede ser considerado responsable penalmente.
En este sentido la capacidad procesal, consiste en disponer de
la capacidad natural de percepción y contradicción,
es decir, la aptitud mental y física para seguir el procedimiento
penal.
La falta de capacidad procesal por razón de enajenación
comprende los casos reservados por la ciencia médica a
los supuestos más graves de alteraciones en las personalida
o la percepción: oligofrenia, psicosis, esquizofrenia
o neurosis.
Por lo tanto, si concurre alguna de estas causas, según
el dictamen médico elaborado y así es establecido
por un tribunal, el sujeto que padezca una dolencia de este tipo,
carecerá de la suficiente capacidad procesal para soportar
la carga de un proceso penal. Sólo a partir del examen
previo mencionado, expresamente dirigido al fin expresado, podrá
decidirse si el Sr. Pinochet Ugarte está o no capacitado:
1)para entender y comprender la acusación de la que es
objeto;
2)o si es capaz o no de contestar a las preguntas que se le formulen;
3)o si es capaz de entender los testimonios que se formulen a
favor o en contra;
4)o si es capaz de comprender el sentido de los documentos que
se le inccriminen, etc.
5)En definitiva si puede ejercer en forma adecuada y suficiente
su derecho constitucional de defensa, dándole instrucciones
a sus abogados.
C) También tendría que establecerse en dicho
dictamen médico psiquiátrico el alcance de la eventual
recuperación del procesado, si se encontrase transitoriamente
incapacitado, y hacerse mención de que el término
enfermedad mental es de interpretación restrictiva. Es
decir, los trastornos físicos derivados del envejecimiento
no llevan aparejada necesariamente una alteración de las
facultades mentales, únicas según el legislador
español que pueden producir el efecto de la suspensión
del juicio penal. El envejecimiento puede provocar una disminución
de la coordinación, la raìdez en las respuestas
o lagunas de memoria, pero por sí mismas no pueden impedir
la presencia del procesado en el juicio. Sólo la perdida
de las facultades intelectivas y volitivas a causa de alguna
de las dolencias citadas en la persona le eximiría de
la carga del proceso penal.
A partir de la existencia de todos estos datos se estará
en condiciones de decidir si el procesado puede o no ser sometido
a juicio.
3.- En todo caso, resulta, que en el momento actual el único
derecho de defensa no respetado, con violación del artículo
24.1. de la Constitución Española, es el derecho
de DEFENSA DE LAS VICTIMAS, a quienes se les impide incluso la
posibilidad de nombrar un perito médico que examine al
procesado.
Por el contrario, éste ha visto respetados en forma
absoluta todos sus derechos constitucionales. Por ello no se
produce violación en el caso presente del art. 24.1ºy2º
de la Constitución Española, en relación
al Sr. Pinochet Ugarte, ya que una vez haya sido entregado a
la Justicia española, sus representantes y asesores legales,
podrán ejercitar todos los medios de defensa; solicitar
dictámenes y contra-dictámenes, los cuales, seran
apreciados por el Tribunal con pleno respeto a los derechos recogidos
en ese artículo y, en el artículo 6 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos. es decir, la ley procesal española
garantiza desde el mismo momento inicial del proceso penal la
contradicción, pudiendo el imputado intervenir, -siempre
que esté a disposición de la jurisdicción
del Tribunal-, intervenir en todas las diligencias, como igualmente
pueden hacerlo las demás partes acusadoras y la defensa.
4.- Existen argumentos suficientes para acudir a dicha Revisión
frente a una decisión calificada por el mismo Home Office
como cuasi judicial. En este sentido se deberán cursar
las oportunas instrucciones al Crown Prosecution Service.
