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Para Joe Haller, que gane George Bush o Al
Gore es secundario. Su matrimonio es lo que está en juego en estas
elecciones. Y hace tan sólo cuatro meses que luce su anillo dorado
en el dedo.
«Supongo que sería el primer divorcio por
plebiscito de la historia de este país», dice. Este granjero de
32 años conoció a su pareja hace 12 en la universidad. La típica
historia de amor a primera vista y convivencia inmediata nunca
fue bendecida por las autoridades civiles hasta el pasado 1 de
julio. «Nada más entrar en vigor la nueva ley de uniones civiles,
agarré a Eric del brazo y nos casamos en el Ayuntamiento en la
hora del almuerzo», explica.
«Lo nuestro no era una lucha reivindicativa.
Fueron puras razones prácticas: seguro de salud, herencia, decisiones
médicas». Joe y Eric Berta, de 31 años, fueron una de las primeras
200 parejas homosexuales que vieron reconocidos sus derechos civiles
locales por su estado, uno de los más liberales de la Unión Americana.
La Ley de Uniones Civiles de Vermont, aprobada
a principios de año por el Congreso local, se transformó en seguida
en un referente para la comunidad gay de todo EEUU. Una
vez conquistado este derecho en un estado, la batalla para lograr
reconocimiento por los restantes 49 y por el Gobierno federal
parecía fácil, dictaba la lógica. Pero no fue así. La agresiva
contienda electoral ha obligado a Joe y Eric a remangarse y lanzarse
de lleno en la contienda política, y a asistir a mítines como
el que esta tarde tiene lugar frente al mismo ayuntamiento donde
intercambiaron anillos este verano.
El medio millar de personas unidas bajo
el lema Adelanta a Vermont (Take Vermont Forward) trata de evitar
que los matrimonios gays se conviertan en el derecho más efímero
en la historia norteamericana. El Adelanta a Vermont es la respuesta
al Recupera Vermont (Take Back Vermont) que proclaman 10.000 carteles
repartidos por las carreteras de este estado rural. Es el lema
de la cruzada emprendida por la mitad del medio millón de vermonteses.
Reducto de 'hippies'
El estado, reducto de hippies, socialistas
y movimientos anarquistas en EEUU, puede acabar en manos del Partido
Republicano. Comunidades agrícolas y poblaciones pequeñas -el
corazón del Vermont antiguo- han formado causa común con varias
iglesias protestantes y la jerarquía de la Iglesia Católica contra
la ley de parejas de hecho.
«Nos han traicionado. El Congreso tomó una
decisión sin nuestro consentimiento. Nos quieren hacer creer que
esto es una cuestión de derechos civiles, cuando todo el mundo
sabe que los gays no pueden estar amparados por el mismo criterio
que las minorías: no tienen muestras externas que los hagan diferentes,
ganan más dinero, tienen un nivel educativo superior. Es la sanción
de una inmoralidad», explica Michelle Cummings, líder de los recuperadores
vermonteses.
«Si conquistan una mayoría durante dos legislaturas
en el Congreso, redactarán una enmienda para convocar un referéndum
sobre la materia. La ley está seriamente amenazada», explica Mary
Robinson, una de las dos abogadas que ganó el pulso al Tribunal
Supremo de Vermont en diciembre pasado.
Desde que se aprobó la norma, 800 parejas
han pasado por las oficinas estatales para sellar su matrimonio.
600 de ellas son habitantes de otros estados. «Estos forasteros
son la semilla del cambio en EEUU que está liderando Vermont»,
asegura Robinson.
Posiblemente, algunas de estas parejas se
atreverán a abrir demandas judiciales contra sus estados para
que se les reconozcan los derechos adquiridos en Vermont. «Tomará
años antes de que veamos a los tribunales supremos estatales pronunciarse,
pero también se ha tardado tres décadas en derribar la prohibición
de los matrimonios entre razas».
Sin embargo, el éxito de Robinson contra
el Supremo de Vermont puede quedarse como un hito aislado. Ni
siquiera la ultraliberal Hawai logró en 1998 reconocer estos matrimonios.
Los homosexuales estadounidenses, en su día líderes en la adquisición
de derechos civiles, quedan rezagados frente a los avances logrados
en Europa occidental.
Dieciocho estados aún tipifican como delito
el comportamiento homosexual. Una opresora ley del silencio opera
en el Ejército, donde los abusos verbales y la violencia contra
homosexuales siguen siendo ocultados.
Alterados por el sendero abierto en Vermont,
33 estados y el Gobierno federal han creado una especie de escudo
antigay en los cinco últimos años. Se trata de leyes de dudosa
constitucionalidad que prohíben explícitamente el reconocimiento
de las normas sobre parejas de hecho promulgadas en otros estados.
Cuatro estados del país votarán este martes
nuevas iniciativas contra los derechos de gays y lesbianas. En
Nebraska, a 3.000 kilómetros de la antes apacible Vermont, se
aprobará en plebiscito una de las leyes más restrictivas del país.
«Tenemos que protegernos de lo que ha sucedido en Vermont. Si
no, finalmente, ¿podrá casarse un hombre y un perro? ¿Y un padre
y su hija?, manifestaba recientemente el ultraconservador fiscal
general de Nebraska.
Clérigos homosexuales
«Las leyes de parejas de hecho están siendo
el pretexto para la unión de los grupos religiosos ultraderechistas.
Están regresando con más fuerza que nunca», asegura Adrian Carr.
Esta mujer, reverendo de la Iglesia Unida de Cristo en Burlington,
es uno de los pastores protestantes más activos en la causa gay.
Desde hace 15 años, su iglesia -con unas 6.000 congregaciones
por todo el país- permite la ordenación de clérigos homosexuales.
Su parroquia, a pocos metros del Ayuntamiento, es de las pocas
donde se están oficiando también matrimonios entre personas del
mismo sexo.
«Además de la sanción civil, muchos desean
la bendición de Dios. Creo que nuestra misión es dársela».
La Iglesia Unida de Cristo es la única de las grandes denominaciones
-millón y medio de fieles- con una postura abierta sobre las uniones
homosexuales.
La jerarquía de baptistas y católicos -las
dos principales confesiones-, con un gran peso político a nivel
nacional, mantienen una férrea oposición. «Quiero combatir a los
que quieren convencer al Creador que su Plan para la Vida es una
violación de los derechos civiles. Hay que recordarles que George
Washington dijo que es imposible gobernar bien sin Dios y la Biblia»,
escribe esta semana el obispo católico de Burlington, Kenneth
A. Angell.
Muchos de sus fieles, incluidos algunos
párrocos, disienten abiertamente con la jerarquía. Varios diputados
votaron a favor de la ley. Algunos pidieron perdón a Angell tras
ser condenados al infierno del olvido electoral por sus párrocos
y parroquianos.
Pero, la homilía ¿Por quién votaría Cristo?
es, sobre todo, un recordatorio de que en EEUU, la cuestión
matrimonial pone en duda la separación entre Iglesia y Estado.
«Este es el único país donde un matrimonio sancionado por un representante
de cualquier iglesia tiene validez civil. ¿Por qué no oficiamos
también divorcios?», se cuestiona la reverendo Carr. «No se trata
de una batalla religiosa», desmiente la portavoz de Recupera Vermont.
La aprobación de las uniones civiles por el Congreso es considerada
un atropello político. «Si pidiéramos convocar un referéndum sobre
la posesión de armas de fuego, nos dirían entonces que no», le
responde la abogada Robinson.
Joe y Eric se niegan a pensar en el peor
de los escenarios. Eric confía en que, de ser derribada la ley,
«los que estamos casados recibamos una amnistía». Joe es más pesimista
y piensa en el futuro, porque quiere adoptar un hijo.
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