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SEGURIDAD Las detenciones se producen en la víspera de la celebración de la jornada de la Benemérita sobre delitos cibernéticos MADRID.- En lo que sin duda supone la operación judicial contra hackers más importante de la historia española, la Guardia Civil detuvo ayer a más de un centenar de personas acusadas de fraude en telecomunicaciones. Al parecer, los detenidos habrían estado utilizando números de teléfono 900 -gratuitos- para conectarse a Internet, cargando sus llamadas en las facturas de las compañías propietarias de estos números. El caso ha pasado al juzgado número 1 de Majadahonda, aunque las detenciones se han realizado en 16 provincias españolas. Fuentes de la Guardia Civil no han querido dar detalles de la operación -denominada "Millenium"-, debido a que ésta "continúa abierta". La gran mayoría de los implicados prestó declaración ayer, y posteriormente fueron puestos en libertad sin fianza. Carlos Sánchez Almeida, un abogado con experiencia en casos relacionados con delitos en Internet, se ha hecho cargo de la defensa de varias decenas de acusados , que se han declarado inocentes alegando un error en la facturación de Telefónica. Algunos de ellos, incluso, han presentado como pruebas facturas anteriores de la compañía telefónica con errores en la facturación de las llamadas de conexión a Internet. Sánchez Almeida aseguró a EL MUNDO que "el gasto del proceso contra mis clientes será considerablemente superior al supuestamente originado, y en todo caso sólo conlleva penas de multa y no de prisión". En España, el delito de defraudación en servicios de telecomunicaciones por valor superior a 50.000 pesetas está contemplado en el artículo 255 y 256 del Código Penal, que establece condenas de multa para las personas que cometan estas infracciones. Algunos de los detenidos confirmaron a este periódico que las multas rondarían entre 160.000 y 500.000 pesetas. Uno de los detenidos confirmó a EL MUNDO que pese a la denuncia que pesa sobre su cabeza por fraude y estafa en las telecomunicaciones, "llamar a un número 900 no es ilegal". Algunos de los acusados declararon ante la policía judicial que los números de teléfono los encontraron en páginas de Internet, en las que no se decía que utilizar esos números para conectarse a la Red fuera un delito. La utilización fraudulenta de los números 900 (en los que el coste la llamada corre a cargo del dueño del número y no de la persona que efectúa la comunicación) eran un secreto a voces en Internet, donde se pueden encontrar numerosas listas de dichos dígitos para que los usuarios los utilicen a su libre albedrío. Para localizar estos teléfonos, se utiliza un sistema de barrido que prueba los números hasta encontrar un módem que responda a la llamada y esté conectado con la red Internet. En este caso, los tres números utilizados por los detenidos pertenecían a Microsoft Ibérica, Toshiba y Novartis, empresas que pusieron la denuncia al detectar utilizaciones fraudulentas de algunos de sus números de teléfono. Un portavoz de Novartis declaró a EL MUNDO que la cantidad defraudada a esta empresa "rondaría los dos millones de pesetas", y que decidieron poner la denuncia "al advertir que la suma iba en aumento". Un responsable de Microsoft, otra de las empresas implicadas en el caso, aseguró a este periódico que la compañía "no ha puesto ninguna denuncia en el último año por la utilización de sus números de teléfono gratuitos". Según Sánchez Almeida, esta operación se debe "a una campaña de imagen de cara a la jornada sobre delitos cibernéticos organizada por la Guardia Civil para el día de hoy". Las detenciones son previas a la celebración en Madrid de las conferencias auspiciadas por la Guardia Civil sobre “seguridad en la economía digital”, unas jornadas que contarán con la presencia del director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, el ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y el director general de Microsoft Ibérica, Francisco Román, entre otros participantes.
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