«Los problemas de seguridad de la Red Internet son noticia de todos los días, como lo son los escandalosos fallos de seguridad que presentan los programas distribuidos por las empresas productoras de software» aseguran desde esta asociación. A esto se une la confirmación de la existencia de la red de espionaje ECHELON , o la recientemente publicitada -y luego desmentida- proscripción por parte de las fuerzas armadas alemanas de los programas de Microsoft, en base a información de sus servicios de inteligencia, que aseguran que las agencias de investigación estadounidenses controlaban todo el código fuente de Microsoft y podrían acceder incluso a datos codificados.

Los programas de código propietario imposibilitan que el usuario sepa exactamente cómo funciona el programa y qué tipo de operaciones realiza en la máquina, con lo cual ni tan siquiera los servicios de inteligencia pueden detectar la instalación de posibles puertas traseras o fallos del programa que permitan el acceso de intrusos a los secretos oficiales. Problemas que no existen cuando se utilizan programas de código abierto.

Y son precisamente estos programas propietario, sobre todo los de Microsoft, los que se utilizan en casi todas las Administraciones públicas españolas.

Según Carlos Sánchez Almeida, abogado y miembro fundador de Kriptópolis, «no se trata de un asunto político, de izquierdas o de derechas, sino de seguridad nacional, porque nuestros secretos no pueden estar en manos de empresas privadas extranjeras». Por eso, Kriptópolis considera necesario iniciar «una campaña para exigir a nuestro Gobierno, y a todas las Administraciones Públicas, la adopción de un plan de medidas de seguridad dirigido a garantizar la información sensible almacenada en los ordenadores oficiales».

Los puntos serían los siguientes:
- Proscripción en los sistemas informáticos oficiales de todos aquellos programas y sistemas operativos de los que no se disponga del código fuente.

-Ampliación de las potestades de la Agencia de Protección de Datos, al objeto de que pueda fiscalizar la actuación de los poderes públicos en la protección de datos personales, pudiendo exigir a éstos la instalación de programas y sistemas operativos de código abierto.

-Elaboración de normas legales que impulsen y promocionen, mediante subvenciones públicas, la elaboración de sistemas operativos y programas de código abierto, estableciendo primas a las empresas españolas que inviertan en la investigación y desarrollo de dicho software.

-Comparecencia ante el Congreso del director del CESID, al objeto de informar -en la medida que ello no afecte a la seguridad nacional- sobre qué tipo de programas custodian la seguridad de los secretos oficiales.

La acogida de esta nueva campaña de Kriptópolis ha sido «excelent», según declaró Sánchez Almeida a ELMUNDO.ES. «Hemos recibodo miles de adhesiones, mensajes de correo electrónico de gente que firma como informáticos de centros oficiales y ministerios que están hartos de tratar de explicar a sus superiores los beneficios del software libre frente al propietario». Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Internautas .