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SIN ORDEN JUDICIAL
Denuncian que la nueva ley de telecomunicaciones obliga a entregar las claves de cifrado a la Administración
ELMUNDO.ES
MADRID.-
El pasado día 7 de marzo se aprobó el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que reconoce Internet como un servicio universal de todos los españoles. Una ley positiva para el desarrollo de la Red, pero que esconde algunas sombras en su articulado. Colectivos de internautas denuncian que el artículo 36 esconde una violación de la privacidad al obligar a los ciudadanos a entregar a la Administración sus claves de cifrado sin ser necesaria una resolución judicial.
El mencionado artículo incluye en su primer apartado que "cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado", sin embargo, el colectivo 'Computer Professionals for Social Responsibiliy' (CPRS-ES) denuncia que el segundo apartado restringe este derecho. Considera que la ley pone en peligro el uso libre de la "criptografía" (o uso de sistemas de protección de información).
El artículo 2 dice lo siguiente: "El cifrado es un instrumento de seguridad de la información. Entre sus condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la información, se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a un organismo público las claves, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado (...)".
CPRS-ES denuncia que, con el nuevo texto, "los usuarios de sistemas criptográficos podrán ser obligados a entregar sus claves de cifra a petición de cualquier organismo público, junto con otros datos necesarios para la activación de la clave, como las contraseñas".
Desde la perspectiva jurídica
CPRS-ES considera que aplicando estrictamente la LGT, se puede "acceder a información altamente sensible de carácter personal como números PIN de tarjetas de crédito, contraseñas de acceso a correo electrónico". El peligro que denuncia este grupo pro-libertades en Internet lo confirma Carlos Sánchez Almeida, abogado especialista en delitos informáticos.
"La protesta que ha generado el proyecto de ley se debe a que se han incluido en el texto las claves", señala el letrado. "Ni el artículo 52 de la ley anterior ni el texto que redactó el equipo de Anna Birulés incluían la obligación de entregar las claves al Estado, un elemento que sí que ha añadido el equipo de Piqué a este proyecto de ley".
"El problema es que la nueva normativa puede ser incompatible con el artículo 18.3 de la Constitución que garantiza el secreto de las comunicaciones. El derecho a cifrar las comunicaciones forma parte del derecho al secreto", argumenta Sánchez Almeida. "La Constitución sólo obliga a violar el secreto si existe resolución judicial, pero la obligación de entregar las claves previamente podría estar vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones".
La polémica suscitada llega en el mejor momento, ya que el proyecto de ley se encuentra en trámite parlamentario. Hasta el 2 de abril se estipula el plazo de enmiendas a la ley en el Crongreso.
¿Cómo afectaría esta ley al internauta si no se modifica este artículo? "Cualquier clave de cifrado en Internet estaría almacenada en los archivos de la Administración y si hay alguna fuga, todos nuestros datos podrían utilizarse. Incluso se pueden hacer pasar por ti. Es muy peligroso", explica Carlos Sánchez Almeida.
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