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PRIMERA ACTUACIÓN DE ESTE TIPO EN EL MUNDO
Las principales empresas españolas de software denuncian a usuarios P2P

NATALIA GUILARTE

MADRID.- Las principales empresas de software españolas cansadas de luchar en vano contra la piratería han decidido presentar una denuncia contra usuarios P2P (peer-to-peer) por intercambio de programas por Internet, según un comunicado de Landwell-PricewaterhouseCoopers (PwC). El estudio realizado por el despacho de abogados estima que en España hay 95.000 internautas que utilizan estas plataformas. Esta es la primera denuncia de este tipo que se lleva a cabo en todo el mundo.

Los impulsores de esta iniciativa son 32 empresas de software y cuatro asociaciones españolas afectadas por la copia ilegal de sus obras. Los datos de estas empresas no pueden ser reveledos todavía, ya que temen sufrir un boicot por parte de los internaturas.

Pero Landwell-PwC afirma que el número de denunciantes va creciendo cada día y que la lista de todos se publicará dentro de un mes cuando se calcula que serán ya unas 200 empresas las impulsoras de esta actuación.

La denuncia irá dirigida "a los jefes supremos que son los que más privilegios tienen, a los que más descargan y a los que más ficheros ofrecen al resto de los usuarios", explica Javier Ribas, socio de Landwell-PwC.

Los privilegios van de 0 a 1.000 puntos, y se obtienen ofreciendo contenidos de calidad en el territorio público, de manera que cuantos más usuarios se descarguen esos archivos más puntos, y por tanto privilegios, recibe el que los ofrece. Estos privilegios permiten al 'jefe supremo' no tener que hacer cola para descargarse películas, programas de ordenador...

Por tanto, la denuncia se presentará contra un total de 4.000 usuarios P2P (de igual a igual). Landwell-PwC exigirá penas de cárcel de hasta un máximo de 4 años e indeminaciones cuya cuantía será el resultado de multiplicar cada archivo descargado por su precio de venta al público.

Además, se solicitará autorización judicial para utilizar un programa que emule los diferentes protocolos de intercambio existentes que permitan identificar a los usuarios objeto de la denuncia, que ofrecen y descargan ficheros ilegalmente.

El objetivo de esta actuación es sensibilizar a los usuarios P2P de que esta práctica es ilegal y que pueden correr el peligro de ser sancionados. Además, es una advertencia "para muchas empresas desde las que sus empleados tienen descargados algunos de estos programas (Kazaa, Moprpheus) y los empresarios lo desconocen", comenta Javier Ribas y matiza que "en este caso son las empresas las que tienen que hacerse cargo de las indemnizacones".

 
     
 
 




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