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Lunes, 23 de agosto de 1999 |
En un informe a la Unión Europea admite que la situación es crítica en municipios de menos de 30.000 habitantes RAMON MUÑOZ El efecto 2000 puede tener graves consecuencias en España si no se toman medidas urgentes. Aunque la Administración General del Estado, los bancos y las grandes empresas han cumplido, existe una alarmante despreocupación en algunos sectores no estratégicos, pero que afectan a millones de ciudadanos. Según el cuarto y último informe remitido por la Administración a la UE, el Gobierno reconoce que ni los centros sanitarios privados ni los de las comunidades autónomas han aportado información sobre la adaptación de sus equipos al fallo del milenio. Con fecha del 23 de julio pasado -es decir, una vez vencido el último plazo contemplado por la Comisión Nacional del Efecto 2000 para la adaptación de los sistemas y la finalización de pruebas, que concluyó el 30 de junio- el informe asegura que "no se dispone todavía de suficiente información del sector privado sanitario, con especial atención a las entidades colaboradoras del sistema de Seguridad Social, de las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales, como para poder elaborar un informe detallado". El Gobierno reconoce en dicho informe que tampoco dispone de información relativa al proceso de adaptación en centros sanitarios cuya competencia recae en las comunidades autónomas, excepto la referente al Servicio Galego de Sanidade. El escaso interés de los citados centros va en contra de la resolución adoptada por la Presidencia Ejecutiva del Insalud el 1 de julio de 1998, en la que se exigía a todos los centros la colaboración en el diagnóstico y la adopción de medidas pertinentes para poder solventar las consecuencias del efecto 2000. Alta adaptación La situación en la sanidad privada y en las comunidades autónomas contrasta con el alto grado de adaptación de los servicios de atención especializada del Insalud, que han inventariado la totalidad de los equipos susceptibles de verse afectados (59.911), han contactado con la práctica totalidad de los 511 proveedores de equipos y han realizado los oportunos cambios en los mismos. De esta forma, los pacientes que tengan la mala pata de comenzar el nuevo siglo con una delicada operación no deben preocuparse si asisten a un hospital público, ya que, según refiere el informe remitido a la UE, las adaptaciones de los equipos considerados de alto riesgo, entre los que se incluye la alta tecnología (TAC, resonancias, unidades de hemodinámica, etcétera) están llevándose a cabo en la actualidad por los proveedores más significativos (General Electric, Siemens, Hewlett-Packard...), y todos ellos estarán listos para afrontar el año 2000. El Insalud ha realizado una exhaustiva lista de los equipos electromédicos e instalaciones generales que pueden verse afectados por el efecto 2000. La mayor parte de ellos tienen los denominados sistemas empotrados, es decir, dispositivos que contienen instrucciones programadas con lógica de hora y fecha y que funcionan a través de microprocesadores. Los equipos se califican en cuatro categorías: de alto riesgo, aquellos utilizados para funciones de soporte vital, monitorización y reanimación; de medio riesgo, aquellos cuyo potencial fallo tendría repercusión en la asistencia y en la capacidad operativa de los centros, si bien de forma no inmediata; de bajo riesgo, los que no están incluidos en las anteriores categorías; y conectados, aquellos equipos informáticos conectados a equipos electromédicos. En el ámbito puramente administrativo, la situación es muy diferente según sea el tamaño del organismo. Así, la Administración General del Estado ha analizado el 100% de los sistemas susceptibles de fallos, ha adaptado el 85% y se encuentra en curso muy avanzado el resto de los sistemas críticos. No ocurre lo mismo en los ayuntamientos de las poblaciones más pequeñas, de hasta 500.000 habitantes, en los que vive más de la mitad de la población española. La situación es crítica en el caso de los ayuntamientos de entre 10.000 y 30.000 habitantes, ya que sólo el 33% tiene en curso un análisis del impacto del efecto 2000; el 16,7% aún no ha concluido la conversión y el 63,6% no ha iniciado ni siquiera un plan de contingencias. Ninguno de ellos aporta información en lo referente a sistemas automatizados. El informe remitido a la UE lo reconoce literalmente: "La situación es negativa con relación al calendario previsto en el acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de junio de 1998". Fallos municipales Pero no es mucho mejor en las poblaciones de entre 30.000 y 100.000 habitantes y las de entre 100.000 y 500.000 habitantes, sobre las que el informe señala con claridad meridiana que "se carece de información suficiente y contrastable sobre sistemas automatizados, lo cual plantea dudas sobre la operatividad de algunos ámbitos del municipio". Estas dudas sobre la operatividad pueden ocasionar, por ejemplo, que no se registre convenientemente el pago de impuestos municipales, con el consiguiente recargo y las molestias para el ciudadano, o que se registren fallos en los empadronamientos, que retrotraigan a 1900 a los nuevos habitantes de un municipio que no se haya adaptado. El censo electoral puede también verse afectado por esta desidia. Pero eso no es lo peor. El informe remitido por la Comisión Nacional del Efecto 2000, en el que están representados varios ministerios, alerta especialmente sobre el abastecimiento del agua. "Existen en España más de 7.000 municipios menores de 10.000 habitantes que no pertenecen a la Asociación Española de Abastecimientos y Saneamiento (AEAS), y que afectan aproximadamente a 9,6 millones de personas, sobre los que, si bien se conoce que su grado de tecnificación con carácter general es escaso, se carece de información sobre la situación de adaptación", explica. ¿Se imaginan comenzar el siglo XXI brindando con cava pero sin poder lavarse la cara? Un proceso teóricamente finalizado El origen del problema denominado efecto 2000 se basa en que muchos ordenadores o pequeños procesadores utilizan sólo dos dígitos para codificar los años, por ejemplo, el 99 para codificar el año 1999. De no modificar estos programas, procederán a interpretar el año 2000 como 00, es decir, como si se tratase del año 1900. Las consecuencias de este efecto serán que, a partir del año 2000, algunos sistemas no funcionarán correctamente, sufrirán errores de cálculo o problemas de procesamiento. Los problemas derivados de la inadaptación de los sistemas informáticos al cambio de siglo, el denominado efecto 2000, motivaron que el Gobierno lanzara un plan de adaptación de los sistemas de la Administración General del Estado y los organismos públicos. Según el calendario aprobado por el Consejo de Ministros del 12 de junio de 1998, se establecieron unas fechas límites para la finalización de las distintas fases de adaptación. En la primera fase, que concluyó el 31 de julio de 1998, se analizó el impacto que podía tener el efecto 2000, incluyendo un inventario de objetos afectados, las alternativas de solución y la estimación de los costes de la adaptación. Tras ese análisis, la Administración dio un nuevo plazo hasta el 31 de marzo de 1999, para el arreglo y la conversión de los sistemas informáticos. La última fase del plan, que finalizó el pasado 30 de junio, consistía en la realización de pruebas para comprobar que, efectivamente, el problema estaba resuelto. Un programa incumplido por muchos. La ley protege a los consumidores ante posibles fallos en el 2000 Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Consumo asegura que el ordenamiento jurídico actual protege a los consumidores de los perjuicios que puedan sufrir por culpa del efecto 2000. Según se recoge en un comunicado difundido ayer por el Ministerio de Sanidad y Consumo, los bienes de naturaleza duradera (ordenador personal, televisor, automóvil, electrodomésticos, etcétera), "tienen asegurada la reparación gratuita por el vendedor de los efectos que se presenten y de los daños y perjuicios que ocasionen, siempre que hayan sido adquiridos seis meses antes del 1 de enero del 2000. El informe señala también que "si una empresa es consciente de la existencia de riesgos para un determinado cliente a consecuencia de un producto viciado por el efecto 2000, la buena fe le exigiría facilitarle los medios precisos para evitarlo" y subraya la importancia de que exista una relación contractual. Anticipa, asimismo, que "la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que incluye las disposiciones relativas a cláusulas abusivas, será, probablemente, muy utilizada para evitar que las empresas se aventuren a limitar su responsabilidad respecto a las consecuencias del efecto 2000". El mismo informe recuerda que ya desde 1996 se conoce la necesidad de tomar medidas.
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