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Lunes, 12 de julio de 1999 |
La asociación moviliza a los ciudadanos para lograr que los sistemas informáticos públicos no sean propietarios La asociación Fronteras Electrónicas (FrEE) ha emprendido una campaña en la que anima a los ciudadanos a escribir a sus alcaldes para pedir que los sistemas informáticos de las administraciones públicas se rijan por los principios de adaptabilidad, economía, acceso universal, fiabilidad y seguridad. Para FrEE, estas características "sólo las ofrece el software libre". La razón de esta movilizacion estriba en la convicción, según se afirma en el comunicado de FrEE, de que "los ordenadores tendrán un lugar cada vez más destacado a la hora de diseñar nuestras relaciones con el Gobierno, institutos, universidades, etc. Por ello es de vital importancia que nos preguntemos por la forma, el fondo y las herramientas que se utilizarán en esta administración virtual que ya está a la vuelta de la esquina". La iniciativa podría incluso encuadrarse en el espíritu de la Constitución española, que en su artículo 103.1 estipula: "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación...". Dichos principios son similares a los que dieron origen al movimiento del software libre, que busca la mayor eficacia mediante la colaboración en el desarrollo de una tecnología de una comunidad diversa de usuarios y en la ausencia de limitaciones a la hora de distribuir, modificary reutilizar un programa. Fronteras Electrónicas ha puesto a disposición del ciudadano una carta en cuyo texto se pide a las autoridades locales que, "siguiendo la linea de actuación de otras administraciones públicas, y aprovechando los cambios que deben introducirse en atención al efecto 2000", el Ayuntamiento correspondiente "implante software libre en todos sus ordenadores". En el documento se exponen las ventajas que para la Administración --y para los administrados-- reportaría la instalación de este tipo de programas, y se pone el acento en la posibilidad de que "un ayuntamiento, comunidad autónoma u organismo estatal pueda tomar cualquier programa libre, de arquitectura abierta y modificarlo según sus propios intereses (al fin y al cabo los de todos) sin tener que dar explicaciones a ninguna empresa y sin otro coste que pagar al programador que realice las modificaciones". Uno de los temas que más preocupa a los responsables de sistemas es la seguridad. Esta cuestión no ha pasado de largo para los redactores de la propuesta, que son conscientes de que "la red informática de la Administración pública es y será siempre un objetivo prioritario para posibles intrusos no deseados, por lo que un sistema seguro es simplemente vital". El software libre, en opinión de FrEE, permite que la Administración sepa exactamente cómo funciona el programa y qué tipo de operaciones está realizando", de manera que los errores (y los posibles fallos de seguridad se detectan más fácilmente. Por último, en el documento citado se asegura que "la mala fe expresa de ciertas empresas que introducen puertas traseras para recopilar información sobre el usuario de forma no autorizada (...) demuestra la importancia de un sistema abierto".
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