Todos los autores son iguales, pero algunos
más que otros
IGNACIO ESCOLAR
El
canon que pretende cobrar la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) por cada CD-R que se venda en España es
legal. La Ley
de la Propiedad Intelectual no deja lugar a una lectura
distinta a la que hizo hace unas semanas una juez barcelonesa,
que condenó a Traxdata, uno de los principales fabricantes
de estos soportes, a pagar 37 pesetas por cada disco virgen
que vendió desde 1997 en adelante. Dicha ley permite el pirateo
doméstico siempre que no haya un afán de lucro o no exista
un uso comunitario de la copia. A cambio, compensa a los editores
y a los autores con un canon, una cantidad fija con la que
se gravan los soportes en los que se realiza la copia. En
el caso de los libros, pagan las fotocopiadoras. En el de
los contenidos audiovisuales, los reproductores de video y
las cintas. Para la música, la ley establece una tasa de media
peseta por cada minuto de audio que un soporte sea capaz de
grabar. La norma es clara y no permite ambigüedades. Pero
lo legal y lo justo son conceptos que no siempre coinciden.
Con este canon pagan siempre justos por pecadores. En el
caso de las cintas de casete, los periodistas hace ya años
que nos ganamos el cielo de la SGAE, abonando con cada entrevista
que realizamos un impuesto revolucionario a esta sociedad
privada. Cuando grabamos con la cámara doméstica también pagamos
a los
lobbies que dicen defender a los autores, aunque el artista
sea nuestra prima pequeña en su primera comunión. Pero es
cierto que el VHS copia sobre todo películas y programas de
televisión protegidos por derechos de autor y que la cinta,
ese maravilloso invento que decían iba
a matar a la música, se usa mayoritariamente para grabar
canciones.
El caso del CD-R es distinto. Los fabricantes aseguran que
sólo el 20% de estos discos vírgenes se usan para copiar música.
Según la SGAE, esta porcentaje es del 77%. Ambas partes citan
estudios que, sospechosamente, no enseñan. Lo más probable,
como con las guerras de cifras entre policía y manifestantes,
es que el dato exacto esté en un punto indeterminado entre
los dos extremos. Lo que está claro es que el CD-R, más ahora
que una gran parte de los fabricantes de ordenadores quieren
aprovechar ese soporte para jubilar por fin al viejo disquete,
se usa en un amplísimo porcentaje para grabar datos y no música.
Eso, por no hablar del alto número de CDs vírgenes que acaban
convertidos en bonitos posavasos.
Pero el canon del CD-R no sólo es injusto porque el número
de justos condenados
a pagar sea mayor que con otros soportes. El avance tecnológico
hace obsoletos muchos modelos de negocio, no sólo el de la
industria discográfica, y no por ello el Gobierno legisla
para protegerlos. Ya que nos ponemos ¿por qué no establecer
un canon al comercio electrónico para compensar lo que dejen
de vender las tiendas del mundo real? ¿Por qué no tasar a
las cámaras fotográficas digitales para que los estudios de
revelado y los fabricantes de carretes sobrevivan? Tal vez
parezcan ejemplos desmesurados pero la lógica que subyace
bajo el canon de copia privada es la misma. ¿Por qué la industria
discográfica no se adapta a los nuevos tiempos y combate la
piratería con una política de precios más razonable?
Si por lo menos ese dinero se repartiese de manera equilibrada
entre los supuestos expoliados, los autores... No se sabe
a qué destina la SGAE los más de doce millones de euros (2.000
millones de pesetas) que cada año recauda por las cintas de
casete y vídeo porque esta sociedad no publica los entresijos
de sus cuentas, pese a que la ley obliga a detallarlas. Una
reciente sentencia del Tribunal Supremo ha condenado a esta
entidad gestora a dar a la Administración la lista de lo que
cobran sus asociados.
Probablemente, el reparto de ese dinero que recauda la SGAE
sea tan justo y democrático como el
sistema por el que se eligen los órganos directivos de
esta sociedad. El sufragio está limitado a los socios con
un mínimo de ingresos y, dependiendo de las cantidades que
genere, una sola persona puede sumar hasta cinco votos. El
resultado es que sólo un porcentaje de los asociados tiene
voz en las urnas de la SGAE: todos los autores son iguales,
pero algunos
más que otros. Este organismo de gestión cambió también
hace siete años sus estatutos y su nombre, que no sus siglas,
para dar entrada a las editoriales musicales, muchas de ellas
controladas por las propias discográficas. De “Sociedad General
de Autores Españoles” pasó a “Sociedad General de Autores
y Editores”: patrones y trabajadores de la misma industria,
juntos de la misma mano; como los
sindicatos verticales del franquismo.
El afán recaudatorio de esta “entidad sin ánimo de lucro”,
no parece que vaya a detenerse en el CD-R. José Neri, presidente
de la Sociedad Digital de Autores y Editores (una filial de
la SGAE que se ocupa de los derechos de autor en Internet
y que fue declarada nula por un juzgado de Madrid al considerar
que realiza actividades empresariales) ya ha amenazado con
cobrar
el canon de copia privada a los discos duros de los ordenadores.
Lo malo es que, con la Ley de la Propiedad Intelectual en
la mano, también sería legal. Los discos duros, en tiempos
del MP3, se han demostrado como soportes idóneos para copiar
música. A media peseta por minuto –la tarifa que fija la ley–,
un disco duro de 80 gigabytes, capaz de almacenar alrededor
de 1.300 horas de audio comprimido, tendría que pagar un canon
de unas 40.000 pesetas. Si la Ley
de Moore se sigue cumpliendo como hasta ahora, el impuesto
privado de la SGAE crecería al mismo ritmo que la tecnología:
exponencialmente cada año. En menos de una década el canon
sería superior a la facturación de todo el sector informático.
La solución a esta injusticia depende del ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Y, además, es legal sin necesidad de modificar
la Ley de la Propiedad Intelectual. En el artículo 25, párrafo
23, de dicha ley se recoge textualmente que "El Gobierno establecerá
reglamentariamente (...) los equipos, aparatos y materiales
exceptuados del pago de la remuneración, atendiendo a la peculiaridad
del uso o explotación a que se destinen, así como a las exigencias
que puedan derivarse de la evolución tecnológica”. La ministra
responsable, Pilar del Castillo, es quien tiene la última
palabra.
nacho@meteosat.org
es periodista. Colabora en www.gsmbox.es,
en el mensual GEO y se ocupa de "El Navegante", la sección
dedicada a Internet de Informativos Telecinco 1:30. Su trabajo
remunerado permite que iescolar@informativost5.com
pueda pagar los teclados y el bajo con los que toca en el
quinteto Meteosat.
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