EL MUNDO / Domingo 6 de febrero de 2000 / Número 19


 

SU DINERO

Polémica / El debate sobre la privatización de las cajas de ahorros ha vuelto a abrirse. Mientras la banca e instituciones como el FMI y la OCDE reclaman un cambio en su naturaleza jurídica, los presidentes de las entidades defienden el modelo actual. El Gobierno, de momento, descarta la privatización.

La privatización acecha a las cajas
La excesiva politización de sus órganos rectores puede provocar cambios en su naturaleza jurídica

A. Belmonte

Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, destapó la caja de los truenos la semana pasada cuando confesó a los periodistas que "sospechaba" que en la próxima legislatura se podría abordar la privatización de las cajas de ahorros. La primera piedra ­o el primer globo sonsa­ ya estaba tirada. El eterno debate sobre el cambio de la peculiar naturaleza de las cajas ya estaba reabierto y la polémica no tardaría en llegar. Así fue. La lluvia arreció contra las declaraciones de Blesa. El PSOE, Izquierda Unida, los sindicatos UGT y CCOO, los presidentes de las todopoderosas Caixa Cataluña y Unicaja (tercera y novena entidades por tamaño), entre otras, arremetieron contra la posibilidad de un cambio en los estatutos. Pero la duda ya estaba sembrada... ¿Privatizará el PP las cajas de ahorros si gana las elecciones?

Negativa absoluta

Vista la polvareda que levantó el asunto, el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, se apresuró a negar que la privatización de las cajas se incluyese en el programa del PP. "Ninguna persona del partido va a respaldar esta propuesta", señaló tajantemente Rato. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno reconocen que el asunto ha sido estudiado en el Ejecutivo. "Es un tema delicado. Es cierto que las cajas han favorecido la competencia del sector financiero, pero en la situación actual no tiene mucho sentido que la mitad del sector no tenga un dueño definido", destacan estas fuentes. La peculiar naturaleza de las cajas es un asunto que ha llegado a despistar al Tribunal Constitucional, que ha declarado sui generis su estatuto jurídico. Las cajas son propiedad de fundaciones, ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas y hasta de la Iglesia, en algunos casos. Por ello, el primer problema que plantea la posible privatización es saber quiénes son los dueños de las cajas. En la misma línea se manifiestan fuentes de la banca, para quien la estructura actual de las cajas "es un anacronismo".

La privatización de las cajas de ahorros también ha sido recomendada por instituciones como el FMI, la OCDE o el Círculo de Empresarios, que aseguran que no es de recibo que "los poderes políticos gestionen la mitad del sistema financiero y no puede mantenerse la actual asincronía entre bancos y cajas". Según la normativa vigente, las cajas de ahorros sí pueden comprar bancos, pero los bancos no pueden comprar cajas. Fuentes de la CECA discrepan, no obstante, de este planteamiento y señalan que "lo único que no pueden comprar los bancos es la marca, pero sí el negocio y la red".

Mejorar la eficiencia

Los analistas consideran que la privatización de las cajas es una prioridad para mejorar la eficiencia de las entidades. "Desde el punto de vista del negocio, la privatización es una necesidad, ya que puede haber problemas de supervivencia, en unos casos, y de crecimiento, en otros", destacan en Ernst & Young. Aunque, de momento, no ha habido problemas de solvencia, los expertos creen que el estrechamiento de los márgenes y la fuerte competitividad puede ocasionar dificultades a algunas entidades. Además, el hecho de no tener accionistas ni un dueño definido genera unos costes más elevados y una eficiencia menor. "Por ello, con la privatización se persigue el interés general, definir un dueño, reducir los costes y, finalmente, abaratar los créditos", sostienen fuentes cercanas al Gobierno. Los presidentes de la cajas defienden, no obstante, el modelo actual. Alegan que las entidades funcionan bien y no está justificada la transformación de las cajas en sociedades. "No hay problemas de eficiencia y si se diese algún caso, para eso está el Banco de España, para ayudar a solucionar las dificultades", apuntan desde la CECA.

El otro gran caballo de batalla es la obra social. Por ley, las cajas están obligadas a destinar a obra social una parte de sus beneficios. Los servicios sociales, culturales y sanitarios son los principales destinatarios de los recursos y es esta partida el hecho diferencial frente a la banca. En opinión de Francisco Frutos, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, las cajas "además de funcionar bien, cumplen paralelamente un papel social, por lo que no es necesaria su privatización". Sin embargo, desde el Gobierno se piensa que este papel no corresponde a las cajas, sino a los Gobiernos, por lo que los ingresos obtenido con la privatización se destinarían íntegramente a obra social.

Pero la gestión de la obra social es uno de los grandes alicientes de los Gobiernos autónomos. Para proporcionar una idea, Caja Madrid obtuvo en 1998 casi 57.000 millones de pesetas de beneficios y destinó con cargo a la obra social 16.000 millones. Y los destinos de la obra social se deciden en las asambleas de las cajas, donde los representantes de los gobiernos locales son mayoría. "Los políticos están muy cómodos con la situación actual y, además, políticamente, un cambio podría tener un coste electoral muy alto, porque es un debate muy vulnerable a la demagogia", acusan fuentes de los bancos.

La única posibilidad que le conceden los expertos a la privatización es que en las próximas elecciones el escenario resultante sea una mayoría absoluta del Partido Popular que le confiera capacidad de llevar a cabo esta operación. No obtante, reconocen que es una posibilidad bastante lejana. Ni siquiera en este caso podrían recurrir a un hipotético pacto con los catalanes de Convergencia i Unió (CiU), ya que aunque La Caixa se ha mantenido tradicionalmente alejada del poder político, siempre ha tenido bastante sintonía con la Generalitat, que no vería con muy buenos ojos la posibilidad de perder esa relación con un cambio de propietario en la caja.

Subastas

Una eventual privatización de las cajas plantearía, además, el problema del método. Los expertos destacan que la solución más razonable sería mediante una subasta ­al estilo de Banesto­ donde se adjudicasen a los mejores postores. Pero aquí aparecen dos problemas. Las únicas empresas con capacidad de asumir un elevado precio son las entidades financieras, españolas y extranjeras. Pero una adjudicación de una caja de gran tamaño a uno de los grandes bancos españoles recién fusionados ­que serían los que más capacidad de puja tienen y más interés por ampliar su mercado­ plantearía problemas desde el punto de vista de la competencia. "Si el 50% del mercado financiero se reparte entre unos pocos bancos volveríamos a un sistema de escasa competencia en el sector", señalan fuentes cercanas al Gobierno. La otra posibilidad es descartar a los bancos nacionales y convocar sólo a extranjeros, aunque la venta de las cajas, con su estrecha vinculación al consumidor y a la región donde están implantadas, a entidades foráneas no tendría una buena imagen entre los clientes.

La otra alternativa son las cuotas participativas, que son similares a las acciones, pero sin derechos políticos. "Las cuotas te permiten salir al mercado y conseguir financiación sin necesidad de cambiar la naturaleza jurídica de las cajas", subrayan desde la CECA. Caixa Galicia ha sido la primera caja en anunciar su emisión ­sacará al mercado cuotas por 25.000 millones de pesetas­, que se distribuirá entre la red comercial a los clientes de la caja y engrosará los recursos propios de la entidad.

En cualquier caso, aunque en los últimos días el debate sobre la privatización de las cajas se ha encendido, no parece previsible que se acometa a corto plazo. Y desde luego, todas las posibilidades pasan por el triunfo del PP las elecciones. Lo que está por suceder.

 

Gráfico

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