 HECHOS & IDEAS
MIRANDO AL FUTURO Juan E. Iranzo
Presupuestos y petróleo
La elevación de los precios del petróleo supone una perturbación negativa de oferta, cuya intensidad dependerá, en gran medida, de su duración y de la respuesta de las autoridades públicas y de los agentes sociales. En un país altamente dependiente de este input como España, el aumento de los costes energéticos provoca una caída de la producción, que, al no encontrar una respuesta inmediata de la demanda, se traduce bien en mayores niveles de precios, bien en un mayor desequilibrio exterior. A medio plazo, la demanda también se vería afectada. El consumidor acusa el encarecimiento de los bienes energéticos, a los que debe destinar una mayor proporción de su renta, y reduce el gasto en otros bienes internos, produciéndose, de este modo, una transferencia de renta por parte de los países consumidores a los productores.
Ante esta situación, la política presupuestaria puede y debe actuar en tres frentes para amortiguar los efectos negativos. En primer lugar, desde la perspectiva de la demanda, se requiere un presupuesto restrictivo; por tanto, resulta fundamental el equilibrio presupuestario previsto en los Presupuestos del 2001, que ayude a paliar las tensiones inflacionistas, aminorando el exceso de demanda agregada ante la caída de la producción. En segundo lugar, el Presupuesto influye de manera decisiva en la política de rentas a través del anclaje de las expectativas de inflación de los agentes económicos. El mejor modo de minimizar los efectos negativos del shock, es aceptar, de la forma más equitativa posible, el empobrecimiento relativo transitorio, lo que exige renunciar a la indiciación de salarios. La previsión de inflación y la fijación de los salarios públicos deben inspirar el conjunto de la negociación colectiva, que debería basarse en la tasa de inflación subyacente, excluyendo la inflación atribuible al efecto directo del encarecimiento energético. Por último, la política tributaria debe estimular el crecimiento por el lado de la oferta, actuando sobre la estructura de incentivos a través de los impuestos que gravan las decisiones de ahorro, inversión y empleo. Una reducción de las cotizaciones sociales, que el superávit de la Seguridad Social hace posible, ayudaría a amortiguar los efectos negativos del shock sobre el empleo. Asimismo, sería deseable una reducción del Impuesto sobre Sociedades como medida de estímulo a la inversión, que verá mermado su ritmo de crecimiento ante el descenso de los márgenes empresariales derivado del encarecimiento energético. Por el contrario no es adecuado un recorte de los impuestos que afecte a los bienes relativamente encarecidos, los hidrocarburos, puesto que al alterar la estructura de precios relativos mediante el recorte artificial de su precio final, se incentiva su consumo y se ralentiza el ajuste de la estructura productiva. |
