 EMPRESAS
Bruselas intenta frenar la velocidad del autobús
La comisión europea plantea la reducción de las concesiones de transporte por carretera. el sector y fomento se oponen
AGUSTÍN RIVERA
Somos la cenicienta. Nadie se entera de nuestros problemas”. Eloy García, de viaje por Galicia, critica al otro lado de la línea telefónica la escasa repercusión de los problemas que afectan al sector.
García, catedrático de Derecho Constitucional y especialista en Derecho del Transporte, no ve molinos de viento ni gigantes en las autovías, ni siquiera teme el poder burocrático de la gris Bruselas, que ahora amenaza con amargar el rentable negocio de las compañías españolas de líneas regulares de autobuses.
El sector de transporte de viajeros por carretera, que factura 464.800 millones de pesetas anuales, examina con lupa, y muy atento, la letra pequeña de la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea, que plantea una reducción a cinco años del plazo de concesiones.
“Debe haber un debate, porque es un tema transcendental para la vida de este país. El éxito de la nueva economía en Estados Unidos también se debe a la revolución de transporte. Y en Europa todavía no nos hemos enterado”, sostiene el catedrático.
¿Y cuál es el contexto europeo? España con sus sistema de concesión de líneas exentas de competencia, es un oasis dentro del páramo de las líneas regulares de autobuses del Viejo Continente. Francia y Alemania son dos de los países más conservadores.
En Francia, donde sobresale la fortaleza de los sindicatos ferroviarios, apenas existe un servicio de largo recorrido que compita con el tren, e incluso si se autorizan las concesiones, lo más seguro es que esa concesión sea adjudicada, precisamente, a... la propia compañía de ferrocarril.
El caso de Reino Unido resulta más paradigmático. La llegada de la primera ministra británica Margaret Thatcher al poder, con su incorregible pasión liberalizadora, provocó que la oferta se concentrada allí donde existía una demanda apreciable de viajeros.
Conclusión: un estudio de mercado de la Universidad de Oxford certifica que el cambio de régimen de un sistema concesional a otro de libertad absoluta, supuso “un acusado descenso del uso de más del 20% durante cinco años en las áreas metropolitanas”.
Además, la Comisión también recuerda que en los seis Estados miembros en los que la competencia controlada es desde hace varios años el modelo reglamentario (Dinamarca, Finlandia, Francia, Portugal, España y Suecia) el uso de autocares aumentó un 14% entre 1990 y 1997.
Por el contrario, el incremento fue tan sólo del 5% en los ocho Estados miembros en los que el mercado cerrado es la norma general (Austria, Bélgica, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Holanda), mientras que en el desregularizado mercado de Reino Unido el transporte disminuyó en un 6%.
Fomento, en contra
Pero antes de que la Comisión dijera esta boca es mía, el Ministerio de Fomento ya ha dejado bien claro que no modificará el actual sistema de concesiones.
Es más, el Real Decreto Ley 4/2000 aprobado el 23 de junio, que modifica en parte la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987, establece unos nuevos plazos concesionales con un mínimo de 6 años y un máximo de 15 años, rebajando los máximos legales anteriores, que se situaban en 20 años.
Fomento reconoce que el Reglamento presentado por la Comisión podría suponer no sólo una limitación de los contratos de servicio público por un periodo de cinco años, “sino incluso que los ya existentes dejen de ser válidos en el plazo de tres años a partir de su entrada en vigor”.
Y el Ministerio que controla con mano dura Álvarez-Cascos amenaza con vehemencia: “Nos oponemos con toda firmeza al contenido retroactivo del Reglamento velando por evitar que se perjudique el funcionamiento de la red concesional española”.
Manuel Panadero, ex secretario general de Transportes del MOPMA (Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente) durante la etapa de José Borrell, califica el asunto como “más aparente que real”, aunque tacha de “impresentable” que algunas compañías estén intentando nuevas prórrogas mientras no se sepa qué ocurre con el planteamiento de la Comisión.
Fenebús, que representa a 1.500 empresas prestatarias de servicios de transporte, titulares de 14.000 vehículos y que facturan alrededor de 250.000 millones de pesetas anuales, cree que unas 3.000 concesiones se verán afectadas por un plazo superior al de tres años, “con un elevado coste para la Administración”.
Sin embargo, un documento de Fenebús reconoce que el nuevo reglamento “hace un tímido guiño a las concesiones españolas, al admitir el reconocimiento de derechos exclusivos en una determinada ruta”.
Por su parte, desde Autores, una de las principales empresas del sector, con líneas regulares a Levante, Castilla y León y Galicia, reconocen que su asesoría jurídica “está analizando la situación” y que aún “no tenemos una opinión fundada o si vamos o no a realizar alguna protesta”. |
