 SU DINERO
JUAN ANTONIO GISBERT
Director general de la Caja de Ahorros del Mediterraneo
“Es falso que un banco no pueda comprar cajas”
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA
Hace cuatro años que no concede una entrevista, pero el actual acoso sobre el sector de las cajas de ahorros le ha animado a salir a la palestra. En esta ocasión, el director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no habla sobre una hipotética fusión con Bancaja o sobre la Comunidad Valenciana, sino que, con la autoridad que le confiere dirigir la quinta caja de ahorros de España, opina de los cambios normativos que acechan al sector.
Pregunta– ¿Habrá que cambiar la naturaleza jurídica de las cajas?
Respuesta– No creo que exista ninguna razón. Las cajas de ahorros funcionan muy bien como entidades de crédito, muestran una gran solidez y garantizan la existencia de una alta competencia en el sector de banca minorista. Entiendo que esto beneficia a los usuarios de los servicios financieros, y no ha ocasionado ningún problema serio a las autoridades de supervisión ni a los presupuestos públicos. ¿Para qué cambiar la naturaleza jurídica? ¿Qué tipo de supuestos problemas pretenderían resolverse si se las mercantiliza?
P.– Los bancos no pueden comprar cajas...
R.– Esa es, también, una polémica adulterada. Las cajas han comprado bancos porque estos han querido ser vendidos. Pero, además, no es cierto que los bancos no puedan, en lo sustancial, adquirir el negocio de una caja de ahorros. Es verdad que no pueden comprar una caja de ahorros en el sentido de adquirir su personalidad jurídica, como tampoco pueden adquirir una persona física, una orden religiosa o una fundación. Sin embargo, sí pueden adquirir sus activos y pasivos. Ahora bien, para que esta posibilidad pueda materializarse, hace falta que un banco tenga interés en adquirir el negocio de una caja y haga una oferta en este sentido y, también, lógicamente, que los órganos de gobierno de la caja en cuestión estén dispuestos a autorizar su venta. El que no se hayan dado, en el pasado, tales circunstancias no significa, en modo alguno, que existan impedimentos legales para que una operación de esta naturaleza pueda producirse.
P.– ¿Es la solvencia la principal garantía para salvaguardar a las cajas de la injerencia en su gestión desde otros ámbitos tales como la banca?
R.– garantizar la solvencia es una exigencia perentoria para una entidad de crédito. Sin el adecuado nivel de solvencia no hay futuro. Creo que, a pesar de las claras restricciones de las cajas para incrementar sus recursos propios, mantienen en general, un umbral de solvencia, que las protege y les permite proyectarse.
P.– ¿Caben mejoras en la gestión de la obra social?
R.– La obra social de las cajas está bien gestionada, lo que no es contradictorio con la necesidad de introducir permanentes mejoras y de innovar, conforme a la evolución de las demandas sociales, en la orientación de sus programas de actuación y, consecuentemente, en la distribución del gasto. En cuanto a la participación de las autoridades locales y regionales en la gestión de la obra social, por la propia configuración de los órganos de gobierno, éstas tienen representantes en los órganos decisorios que, una vez designados, ostentan el mandato legal de defender los intereses de la caja. Ello favorece la combinación de una serie de factores que es positivo preservar: por una parte, la independencia de la entidad en la toma de sus decisiones, que siempre debe ser interna, y, por otra, la sensibilidad de los consejeros hacia los problemas del entorno más cercano, lo que debe ser consustancial con el origen y la misión de las cajas. Salvaguardar ese equilibrio de los principios es fundamental, y yo creo que, al menos en la inmensa mayoría de los casos, se cumple.
P.– ¿Y la politización y la profesionalización?
R.– Tampoco creo que existan problemas serios. Toda empresa tiene una misión que cumplir y su naturaleza jurídica condiciona el enfoque que se da a la misma y la forma de organizarse para cumplirla. Las cajas tienen su origen social y unos fines de esta naturaleza que, en mi opinión, deben ser definidos autonónomamente por sus órganos de gobierno. Esa autonomía en la definición de las políticas debe acompañarse de la profesionalidad en la ejecución de los programas. La configuración de los órganos de gobierno y el necesario diálogo con los poderes locales y regionales deben contribuir a una adecuado uso de la obra social. En general, este esquema está funcionando adecuadamente, aunque, como en todo orden de la vida, puedan darse, puntualmente, problemas que no afectan a lo fundamental. |
