 COYUNTURA
Mercado laboral / La tasa española es 20 puntos superior a la media comunitaria. Uno de cada tres asalariados y tres de cada cuatro jóvenes tienen un contrato precario. CEOE ha propuesto rebajar la indemnización del contrato fijo ordinario de 45 a 33 días, y la del de fomento de 33 a 25 días
España, líder europeo en temporalidad
La patronal culpa al coste del despido y los sindicatos a los abusos en la contratación de las empresas
JUAN CARLOS ESCUDIER
Se coincide en el diagnóstico, se discrepa en el remedio. Es la sinopsis de un proceso de diálogo social, que meses después de su inicio sólo ha sido capaz de alcanzar un único acuerdo: el de su caducidad, en febrero del 2001. Frente a la obsesión de la patronal por reducir nuevamente el coste del despido, los sindicatos se han atrincherado en su exigencia de rebajar a golpe de cotizaciones una temporalidad en la que ha quedado atrapado un tercio de la fuerza laboral del país. Diálogo sí, pero por el momento de sordos.
La precariedad es, sin duda, uno de los principales problemas del mercado de trabajo español. Ni un ciclo económico expansivo como el de los últimos cinco años ni grandes acuerdos como el del contrato de fomento de la contratación indefinida (con su despido más barato incorporado) se han mostrado eficaces para conseguir que la tasa de temporalidad descienda por debajo del 30% del total de asalariados.
Las cifras son elocuentes. España encabeza la lista de la temporalidad en Europa. A continuación figuran Finlandia y Portugal, a más de 15 puntos. La tasa española es 20 puntos superior a la media comunitaria. Las diferencias se agigantan en el caso del colectivo de jóvenes menores de 25 años. Tres de cada cuatro tienen contratos de duración determinada, pese a que los de Formación y Prácticas apenas si representan un 8%. En el conjunto de la UE, sólo el 37% está en esta misma circunstancia.
A juicio de las sindicatos, los datos muestran que la alta proporción de empleo temporal es estructural y no estacional, a lo que contribuye que al menos una tercera parte de los puestos de trabajo cubiertos con contratos precarios (más de un millón) debieran ser considerados como estables.
Sus denuncias se centran en prácticas empresariales abusivas, como la rotación del empleo y el encadenamiento de contratos. Del análisis de los contratos formalizados en los ocho primeros meses de 1999, se infería que casi 700.000 de ellos correspondían a empresas que habían realizado 10 ó más contratos al mismo trabajador en ese período. En contra de lo que pudiera pensarse, el 60% de estas empresas no eran sociedades de trabajo temporal.
Fiel a su análisis de que la alta temporalidad obedece casi en exclusiva al alto coste del despido de los contratos indefinidos, la CEOE planteó a mediado de noviembre un propuesta que pudo cerrar precipitadamente la negociación. Se trataba de modificar mediante una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores el contrato indefinido ordinario, de manera que la indemnización por despido improcedente pasará de 45 a 33 días. Simultáneamente, la patronal pretendía que el contrato de fomento a la contratación indefinida se renovara en mayo, pero rebajando también el coste de este despido de 33 a 25 días.
Además, proponía que la conversión de contratos temporales en indefinidos quedara excluida de la negociación colectiva, que se duplicara el período de prueba de los contratos indefinidos (en algunos casos pasarían a ser de seis meses) y que los salarios de tramitación en caso de despido corrieran por cuenta del INEM.
“Nunca vamos a aceptar que el contrato indefinido ordinario pase a mejor vida o a un museo y vamos a rechazar cualquier reducción del coste del despido”, asegura el secretario de Organización de CCOO, Rodolfo Benito. “Lo que nos separa a los sindicatos de la patronal y del Gobierno es que ellos piensan que para reducir la temporalidad hay que hablar del coste del despido y nosotros creemos que hay que incidir sobre las causas de los contratos temporales, de manera que sea imposible cubrir con ellos actividades de carácter indefinido”.
Los sindicatos se inclinan por reducir las ventajas de costes entre contratos temporales y fijos. Según la Encuesta de Salarios, los sueldos de los primeros viene a suponer la mitad de los segundos. La propuesta de las centrales consiste en elevar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social entre 4 y 5 puntos para acercar unos y otros.
Junto a ello, buscan reforzar la causalidad de contratos como el eventual o el de obra y servicios, por donde se cuela buena parte de la precariedad, y establecer limitaciones a los encadenamientos, tanto en lo que se refiere al número de contratos que pueda firmar una empresa con un trabajador como a los que puedan formalizarse con varios empleados para cubrir un mismo puesto. Se trataría de una limitación temporal, similar a la que tiene el contrato eventual (seis meses en un período máximo de un año).
En los múltimos compases de la negociación ha irrumpido la propuesta del Ejecutivo de imponer indemnizaciones de entre 8 y 12 días a la los contratos temporales, una idea que ha causado desagrado a los sindicatos. “En este país ya existió una indemnización de 12 días a la contratación temporal, y ello no impidió que se destruyeran un millón de empleos en el ciclo 1991-1993”, recuerda el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
La principal queja de los sindicatos es que el Gobierno está interfiriendo en el diálogo con un actitud partidista a favor de las patronal. “Cada vez que habla el Ministro de Trabajo hay un problema”, sostiene Benito. “El Ministerio debe dejar de amenazar con injerencias e imposiciones”, subraya Ferrer.
Lo que demandan al Ejecutivo es que “haga sus deberes”, en palabras del dirigente ugetista. Y ello pasa por mover ficha en temas como las prejubilaciones, la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y los complementos a mínimos de las pensiones o la cobertura al desempleo.
A la espera de acuerdos en la negociación sobre el mercado laboral, el Gobierno ha congelado la Mesa de Protección Social. Para UGT y CCOO tampoco es casualidad que el acuerdo sobre Formación Continua, que movilizará más de 100.000 millones de pesetas, siga sin tener fecha para su firma. Los agentes sociales se han dado un plazo que finaliza en febrero. El reloj sigue perdiendo arena. |
