 COYUNTURA
Inmigrantes: cruzar el “segundo estrecho”
En enero había 622.884 extranjeros afiliados a la seguridad social; muchos otros siguen en las redes de la economía sumergida
PASCUAL GARCIA
Paraíso: no existe palabra cuya acepción se aleje más de su etimología. Es bastante sabido que originalmente significaba un lugar con plantaciones de árboles frutales. Luego se dio este nombre a jardines con árboles de sombra” (Diccionario Filosófico. Voltaire).
Para muchos de los cientos de magrebíes que cada semana se juegan la vida en las aguas del Estrecho para llegar a España, el paraíso tiene árboles frutales y techo de plástico. Muchos de los que sobreviven a la travesía se ven atrapados, en el intento de cruzar el segundo estrecho, el de encontrar un empleo, en las cenagosas aguas de la economía sumergida, donde los tiburones llevan pantalones y se viven historias capaces de retrotaernos a los campos de algodón donde el padre de Huckelberry Finn perdió el hígado y Tobi, o sea, Kunta-Kinte, las falanges del pie ¿derecho?, ¿izquierdo?
En cualquier caso, no sería justo, ni real, asociar inmigración sólo a este tipo de situaciones dramáticas. Muchas otras personas encuentran un empleo, regularizan su situación y emprenden una nueva vida en España. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en enero, el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social (SS) ascendía a 622.884, lo que supone 360.113 más que los registrados en la misma fecha de 1999.
Del total de afiliados extranjeros, un 25,44% corresponde a ciudadanos de la Unión Europea y el 74,56% restante a los que vienen de terceros países, entre los que destacan Marruecos (20,70%), Ecuador (11,52%), Colombia (4,71%), Perú (3,64%), China (3,29%), República Dominicana, Filipinas, Cuba, Rumanía y Argentina (en total, 10,32%).
No comunitarios
El mayor número de afiliados no comunitarios corresponde a Marruecos, con un incremento de 69.037 nuevos registrados, lo que supone más del doble que los que había hace tres años.
Destaca también, por su importancia, el incremento de los ciudadanos de origen ecuatoriano (más de 69.000), colombiano (25.744), rumano (10.072), chino (12.200) y peruano (11.012).
Por regímenes, el mayor incremento se ha producido en el general de la Seguridad Social, con 263.116 nuevos afiliados, lo que significa un aumento de 189,44% desde enero de 2000. De estos, 221.574 trabajadores proceden de países que no pertenecen a la UE. Este grupo ha experimentado un incremento de un 293,55%, cuadriplicándose el número de inscritos en los últimos tres años.
La afiliación de ciudadanos de países no comunitarios en este período ascendió (contabilizando el régimen general, los autónomos y los especiales agrario, mar carbón y hogar) a un total de 303.025.
Más de la mitad de los nuevos cotizantes procedentes de países no comunitarios se ha inscrito en el régimen general de la Seguridad Social; muy por encima de los registrados en el régimen especial agrario (en el que están afiliados el 16,78% de los ciudadanos no comunitarios) y en el de trabajadoras del hogar (11,54%).
Resulta muy revelador estudiar la nacionalidad de los cotizantes y el régimen al que están inscritos para hacer una radiografía sobre los sectores del mercado de trabajo español a los que vienen a aportar su esfuerzo los ciudadanos no comunitarios.
Así, 71.061 de los 128.959 marroquíes que trabajan regularmente en España están inscritos en el régimen general (fundamentalmente en el sector servicios y en la construcción). También es muy importante el número de marroquíes inscritos en el régimen especial agrario (44.794), mientras que las cifras se reducen significativamente en el régimen especial de las empleadas de hogar (5.975 personas). Otros 6.375 son autónomos.
En el caso de los ciudadanos chinos, 14.022 están inscritos en el régimen general, sólo 127 en el agrario y, sin embargo, hasta 5.887 en el régimen de autónomos. En el régimen de empleadas de hogar sólo hay registradas 467 personas.
Las cifras se inviertas de forma espectacular cuando se analiza la ocupación de los trabajadores de origen hispanoamericano. Así, por ejemplo, de los 22.652 peruanos inscritos en el régimen de la seguridad social española, 14.826 lo están en el general, sólo 243 en el agrario y hasta 6.456 en el especial de trabajadoras del hogar.
También resulta significativa la proporción en el caso de los trabajadores filipinos, los únicos cuyo número de afiliados en el régimen especial del hogar (5.049) supera los del régimen general (4.512).
Estos y otros datos permiten hacer, además, algunas consideraciones. Así, según advierte Ana María Corral, del Area de Migraciones de CCOO, utilizando los datos oficiales parece evidente que el número de trabajadores no comunitarios que trabajan, pero no están afiliados a la Seguridad Social, es muy importante.
Si se toma como ejemplo el sector del trabajo doméstico, resulta que, según la EPA de 2000, había 390.000 hogares españoles que declaraban tener servicio doméstico, pero sólo 150.000 trabajadores cotizaban a la seguridad social por este concepto. Esto es, otros 240.000 no estaban inscritos. De los 150.000 inscritos, 46.057 eran no comunitarios, por lo que el sindicato concluye que en este, como en otros sectores, el número de los trabajadores extranjeros que trabaja de forma irregular es, cuando menos, similar al que lo hace de manera regular, ya que todos los datos parecen indicar que una buena parte de los 240.000 no cotizantes en tareas domésticas son ciudadanos no comunitarios.
Así, nos encontramos con el hecho de que el cuidado de los ancianos y de los niños de las familias españolas, con las connotaciones sociales que esto implica en cuanto a la incorporación de la mujer española al mercado de trabajo, estaría siendo sustentada por ciudadanas no comunitarias que trabajan y no están afiliadas al régimen de la Seguridad Social.
Las estimaciones
Ana González, del área de Inmigración de UGT, hizo a este suplemento consideraciones similares. En su opinión, y aunque es imposible cuantificarlo, entre el 80% y el 90% de los trabajadores no comunitarios que se encuentran en situación irregular están trabajando. En este sentido, apuntó que se estima que en la Comunidad de Madrid hay más de 100.000 personas en situación irregular y que la mayoría de ellas están trabajando. Los sectores en los que lo hacen son los mismos que en los que trabajan aquellos que tienen regularizada su situación, esto es, construcción, hostelería o servicio doméstico.
Conseguir no ya que una administración, sino un sindicato, un partido de la oposición o una ONG facilite cifras sobre el número de trabajadores ilegales en nuestro país es “misión improbable”. Sin embargo, las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre los resultados de la inspección en el último año pueden resultar orientativas.
Como en el caso del tráfico de drogas, el mayor número de intervenciones con éxito suele ser reflejo, entre otras cosas, de mayor actividad. Si aceptamos esta premisa, y teniendo en cuenta que el incremento de actuaciones y sanciones en este ámbito es, sencillamente, espectacular, deberíamos concluir que el número de inmigrantes que trabajan irregularmente en nuestro país, es, igualmente, de mareo.
Casi nadie se atreve a cuantificar ni el número de inmigrantes que trabaja irregularmente ni los miles de millones que esta aportación supone para el conjunto de la economía española.
Se dice casi nadie porque, recientemente, y a pesar de las dificultades para conseguir datos fiables,un grupo de expertos de la Comisión Europea ha realizado un estudio que concluye que el trabajo ilegal está aumentando en Europa. Este informe fue encargado por Bruselas a un grupo de expertos independientes, que ha evaluado la situación de varios países, entre ellos, España.
Según sus conclusiones, en España, la economía sumergida podría llegar a representar hasta un 23% del PIB. Los sectores más afectados serían la agricultura, los servicios colectivos y personales, la construcción y la industria manufacturera.
También resulta relevante el dato de la encuesta de población activa de la UE (Eurostat), según el cual, España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde la tasa de actividad es superior entre los ciudadanos extracomunitarios (70%), que entre los comunitarios (62%).
En cualquier caso, los sindicatos consideran que las estadísticas oficiales sólo describen la punta del iceberg de la influencia de la actividad laboral sumergida en la economía española.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, la inspección destapó, en 2001, 61.951 empleos sumergidos. Además, la actuación de la Administración permitió recuperar 765,55 millones de euros por liquidaciones de cuotas a la Seguridad Social.
Durante el año 2001 se impusieron sanciones por más de 36 millones de euros por la contratación ilegal de extranjeros y se detectó a 6.318 extranjeros sin permiso de trabajo, esto es, un 61% más que en 2000, la mayoría, trabajadores de los sectores de servicios y de la construcción.
 Extranjeros no comunitarios en la Seguridad Social
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