EL MUNDO / Domingo 12 de mayo de 2002 / Número 127
 

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LEY FINANCIERA La reforma de la ley de cajas ha estado a un paso de abrir el melón de la sucesión en La Caixa, una fruta que aún no está madura y que volvería a plantear un quebradero de cabeza a la tercera gran entidad financiera española. CiU mantiene su amenaza de recurrir la norma ante el TC.

Política de cajas o cajas de políticos
Las presiones de los “barones” consiguen modificar la postura de la dirección federal socialista

M.L. ATARÉS / P. GARCIA

El candidato socialista a la Generalitat, Pascual Maragall, junto al presidente de La Caixa, Josep Vilarasau

Las cajas de ahorros vuelven a estar en el ojo del huracán. Los grupos políticos, empezando por el Popular, han decidido aprovechar la fase de enmiendas de la llamada Ley Financiera para entrar de lleno en un asunto tan antiguo como espinoso: el peso político de las cajas.

El acercamiento logrado a principios de año entre Gobierno y oposición, incluida CiU, parece haberse derrumbado. El PSOE, cada vez más alejado de sus planteamientos de hace sólo tres meses, y secundado en esta ocasión por los nacionalistas catalanes, ha llegado a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si el partido gobernante interfiere en las competencias autonómicas.

Su amenaza viene de la mano de la propuesta del PP de limitar a 70 años la edad de los consejeros, que, entre otras cosas, ha reabierto la polémica por la sucesión en La Caixa, una fruta que aún no está madura y que, al cuestionar el equilibrio de fuerzas establecido en la entidad tras la marcha de Juan Antonio Samaranch en enero de 1999, puede plantear un auténtico quebradero de cabeza a la tercera gran entidad financiera española.

De momento y mientras las propias cajas mantienen un prudente silencio a la espera de una norma que puede condicionar su futuro, más de 100 enmiendas, defendidas por PP, PSOE y CiU, y referidas a todo el articulado del proyecto –aunque con las cajas como plato fuerte–, están pendientes de debate en la comisión.

La presencia de representantes públicos en los órganos de gobierno de las entidades –que el PP quiere limitar al 50% para “evitar la contaminación política en la gestión”–, la irrevocabilidad y duración de sus mandatos, el límite de edad y la regulación de las llamadas cuotas participativas, el auténtico caballo de batalla para las cajas que precisan de nuevos instrumentos de financiación, centran la polémica.

Josep Vilarasau ha sobrepasado ya la barrera de los 70 años, pero su presencia en la presidencia de la entidad catalana es casi una cuestión de Estado. Después de más de un cuarto de siglo, Vilarasau se ha convertido en el garante de la paz en La Caixa y esto, a pesar de su edad, es su principal aval para seguir al frente de la mayor caja española, por cuyo cariño suspiran tanto CiU como PSC y PP. Una salida anticipada del actual presidente rompería el equilibrio de poder existente desde la retirada de Juan Antonio Samaranch y reabriría la guerra por su control.

Cuando hace poco más de tres años Juan Antonio Samaranch decidió abandonar la presidencia de La Caixa y ceder su puesto al hasta entonces director general, Josep Vilarasau, se abrió un cisma por acceder al cargo vacante. Hasta ese día la presidencia de La Caixa había tenido un carácter meramente honorífico y era el director general el que aglutinaba el poder real. Una buena muestra de esto es que hasta entonces el principal despacho en la planta 27 de la sede de La Caixa en La Diagonal lo ocupaba el director general. Pero la pugna entre los delfines de Vilarasau, Isidre Fainé y Antoni Brufau levantó ampollas. Tantas que, incluso, en algún momento se planteó la posibilidad de que pudiese existir una codirección general, pero se desestimó inmediatamente. Al final, se optó por una decisión salomónica. Isidre Fainé asumía la dirección general, Brufau se quedaba con la resposabilidad sobre las participadas (el grupo industrial de La Caixa es uno de los principales de España) y Vilarasau tomaba desde la presidencia los galones de árbitro y otros poderes que nunca habían pertenecido al presidente. La terna, con Vilarasau como pieza fundamental, funciona como un reloj y no tiene fecha de caducidad hasta 2004, a no ser que una norma general pueda anticipar su salida.

LA OPCIÓN ROCA
La posibilidad de que Vilarasau pueda jubilarse antes de tiempo ha puesto en pie de guerra al PSC de Pascual Maragall. Los socialistas catalanes, con las encuestas en la mano, aspiran seriamente a tomar el poder en la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas y temen que el Partido Popular y CiU maniobren para poner un presidente “joven” y duradero, impermeable a sus demandas. “El PSC se opondrá frontalmente a cualquier intento de politización partidista de las cajas por parte de CiU y del PP”, dicen los socialistas catalanes, que denuncian un intento de éstos por controlar la entidad. Hay dos nombres que suenan como un martillo en la sede del PSC. El primero es el de Miquel Roca, que sería un candidato de consenso de PP y CiU. El segundo, Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores.

“La decisión de limitar la edad de jubilación en las cajas a los 70 años la propone un funcionario que no tiene en su cabeza a Vilarasau. No existe intencionalidad política. A partir de ahí, la teoría de la conspiración no tiene sentido. El PSC hace trampa, juega con el agravio comparativo a Cataluña y olvida lo que hacen ellos en las pequeñas cajas”, afirman en fuentes políticas.

En cualquier caso, los socialistas anuncian que habrá guerra si sus sospechas se confirman. “El PSC impulsará la revocación de cualquier decisión en este sentido después de las próximas elecciones autonómicas”.

En el sector financiero dudan de que grandes cajas como La Caixa puedan ser controladas por un grupo político. “Un partido puede tener un grado de influencia –el propio Narcís Serra impulsó algunos nombramientos dentro de La Caixa–, pero una entidad como ésta no se puede manipular fácilmente. Otra cosa son las pequeñas cajas donde la presencia política es evidente”

La velada amenaza sobre la salida de Josep Vilarasau de la presidencia de La Caixa, por cuestión de edad, ha planeado y seguirá planeando en todo el proceso de negociación que han mantenido PP y CiU sobre la regulación de las cajas de ahorros en la Ley Financiera. De hecho, sólo unas horas antes de que finalizara el plazo de presentación de enmiendas (a las 20.00 horas del jueves pasado) el Grupo Popular introdujo una coletilla en el artículo 15 de la Ley 31/1985 de Organos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) para intentar desbloquear la negociación.

ULTIMA PROPUESTA
Según la última redacción de los populares, los vocales del consejo de administración “deberán reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 7 respecto a los consejeros generales, y ser menores de 70 años en el momento de la toma de posesión”. De este modo Vilarasau garantizaría su presencia hasta que finalice su mandato, dentro de, aproximadamente, año y medio.

CiU amenazó unas horas antes con acudir al Tribunal Constitucional si las enmiendas del PP interferían en las competencias de la Generalitat, que ya tiene legislado este asunto. Los nacionalistas catalanes exigían además que éste y otros dos artículos de la ley de cajas, el 4 y el 14, también relacionados con este tema no tuvieran carácter básico, es decir, que no fueran de aplicación en aquellas comunidades que tengan su propia legislación. El PP no ha dado marcha atrás en este sentido, CiU sigue dispuesta a negociarlo en el debate en comisión, pero mantiene su amenaza. Los nacionalistas catalanes no estarían solos en este trámite, ya que el PSC ha anunciado un recurso por los mismos motivos.

En cualquier caso, fuentes populares insinuaron a este suplemento que la oposición de CiU era fundamentalmente de cara a la galería, ya que un partido nacionalista tenía que oponerse por principio a una “supuesta invasión de sus competencias”. Las mismas fuentes apuntaron que el PP no tenía intereses partidistas a la hora de plantear la limitación de edad, puesto que su capacidad de maniobra para determinar la dirección de las cajas catalanas es nula. Esto es, que en La Caixa manda CiU y en Caixa de Catalunya, el PSC.

Otro de los asuntos que ha centrado el debate sobre la Ley Financiera es la limitación de la presencia política en los consejos de las cajas de ahorro. La pauta la marca el PP que mantiene su propuesta de acotar al 50% la presencia de cargos públicos en los órganos de dirección de estas entidades. En la actualidad, aproximadamente la mitad de las 47 cajas españolas cuenta con posición mayoritaria de representantes elegidos por los partidos políticos en sus órganos de gobierno. Esta representación es especialmente significativa en Andalucía, Valencia y País Vasco.

Uno de los argumentos empleados por el PP en este asunto es que evitará problemas con las autoridades de la UE, que consideran que cualquier préstamo concedido por una entidad con más del 50% de responsables de procedencia política en sus consejos es una ayuda pública, lo que, en ocasiones, choca con las restricciones comunitarias a determinadas ayudas o subvenciones.

Pese a que en el documento presentado en enero por el responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, se afirmaba textualmente que la representación de las instituciones y corporaciones públicas “no debería superar, en ningún caso, el 50% de la composición de los órganos de gobierno de las cajas”, finalmente los socialistas han optado por rechazar esta posibilidad que, según su última versión, atenta contra las competencias de las CCAA.

El PSOE propone ahora una única reforma en la legislación existente. “Al objeto de asegurar la representación en la asamblea general de la pluralidad de los intereses colectivos, los consejeros generales que sean designados por las corporaciones municipales y, en su caso, por los órganos legislativos de las CCAA serán elegidos en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos integrantes de dichas instituciones”, dice textualmente la enmienda del PSOE.

PRESIÓN DE LOS “BARONES”
En este sentido, algunas fuentes del Partido Socialista coinciden con la interpretación que hace el PP respecto a este cambio de posición. Esto es, que la Ejecutiva Federal ha cedido finalmente a la presión de los “barones” del partido y de federaciones tan importantes como la catalana, que no quieren renunciar a su cuota de poder en las cajas.

Otro asunto en el que los socialistas han cambiado de posición en sólo tres meses es el referido a la irrevocabilidad de los mandatos. El PP mantiene ahora, como entonces el PSOE, que los consejeros deben acabar sus mandatos en las cajas independientemente de que procesos electorales puedan modificar la composición de los gobiernos autonómicos o municipales. El PSOE mantiene ahora que este asunto debe ser regulado exclusivamente, en uno u otro sentido, por las CCAA.

La tercera pata de este debate político es la regulación de un instrumento que permita la financiación de las cajas a través de recursos propios, a la postre, el único asunto que interesa a las cajas. El PP defiende la implantación de las cuotas participativas, títulos sin derechos políticos, negociables en los mercados secundarios, sin que supongan más de un 50% de los recursos propios de las entidades y sin que personas físicas, jurídicas o grupos consolidados puedan adquirir más de un 5%.

Sobre este asunto, el PSOE sí que mantiene la misma posición que en enero. Sólo añade una diferencia de carácter terminológico y es que en sus enmiendas, las cuotas se llaman “deuda participativa”. Persiste en su propuesta de que no tengan derechos políticos, de que su emisión no supere el 15% de los recursos propios de la caja en cuestión y de que sólo los puedan adquirir personas físicas. En ese asunto CiU, más cercano al PP, plantea la exigencia de que previamente a la emisión de cuotas participativas la caja cuente con un informe favorable de su respectiva comunidad autónoma.




 Reparto de poder político en las cajas



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