EL MUNDO / Domingo 10 de octubre de 1999 / Número 2


 

HECHOS & IDEAS

Jaime Velasco
El Gobierno cierra el paraguas de las 'golden share'

La visita de Estado del presidente francés Jacques Chirac a España durante la semana que ahora termina no solo ha servido para constatar que las relaciones hispano-francesas atraviesan un momento dulce. También, aunque la vorágine informativa lo haya dejado en segundo plano, ha permitido despejar algunas dudas sobre lo que el Gobierno de José María Aznar piensa respecto a la protección de los denominados sectores estratégicos frente a una eventual toma de control por parte de grupos extranjeros.

Más de un gestor de gran empresa española puede haber fruncido el gesto al escuchar como Aznar insistía, en presencia del mandatario francés, en la necesidad de "despejar los nubarrones y fantasmas del pasado", y "desterrar todo vestigio de nacionalismo económico y miedo a la competencia". Por si cabía alguna duda, el presidente del Gobierno considera superada "la sensación de invasión" ante la inversión extranjera, e instó a erradicar los discursos "nacional-proteccionistas" y aprovechar las oportunidades del mercado único.

Y no se trata sólo de una declaración de intenciones. La visita de Chirac coincidió con el anuncio de la fusión de Tabacalera y Seita para crear Altadis, el futuro tercer grupo tabaquero de Europa y líder mundial en cigarros. César Alierta, presidente de Tabacalera, ha conseguido cerrar la operación gracias a la decisión del Gobierno de reducir de ocho a un año la golden share, o capacidad del Ejecutivo para vetar decisiones estratégicas de la empresa.

Las declaraciones y los hechos indican que algo está cambiando en la actitud del Gobierno en lo que se refiere al eventual uso de ese poder de veto. La Comisión Europea, que actualmente mantiene bajo revisión la legalidad de la golden share como instrumento de gestión, se pronunciará previsiblemente en contra de un instrumento que limita la libre circulación de capitales en la Unión Europea. Su reacción a las maniobras del Gobierno portugués en el caso BSCH-Champalimaud así lo demuestra.

Es probable que los ecos de las palabras de Aznar hayan llegado a oídos de los responsables de algunos grandes grupos europeos que tienen la vista puesta en España. La sola posibilidad de que el Gobierno español ejercite la acción dorada supone un freno a intentos de toma de control que, con un mercado dispuesto a financiar cualquier operación viable, no sería muy difícil poner en marcha. En otros casos, como el de Cepsa, ha sido el simple deseo del Ministerio de Industria de mantener la españolidad del accionariado el que ha impedido un cambio de manos.

Tras el precedente de Tabacalera, grupos como Repsol, Telefónica, o Iberia cuando salga a bolsa, tienen ahora menos garantías de que el Estado extienda su paraguas protector en caso de verse en dificultades. Todos ellos han desplegado estrategias basadas en la constitución de núcleos duros accionariales e incremento de su capitalización mediante fusiones o revalorización de activos. Las palabras de Aznar pueden obligarles a acelerar esos planes.

 


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