EL MUNDO / Domingo 10 de octubre de 1999 / Número 2
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ALVARO TIZON La paradoja Michelin, una situación habitual en las empresas de toda Europa, parece haber vuelto a despertar la pasión de la izquierda francesa. Hasta el punto de que el Gobierno de Lionel Jospin ha abierto un debate para determinar si es "legítimo" que las compañías con grandes beneficios despidan masivamente a sus trabajadores y se saneen a costa del dinero público. A principios de septiembre, el fabricante de neumáticos anunció un incremento del 17% en sus beneficios del primer semestre. Días después, el grupo hizo público un expediente de regulación de plantilla que afectará a 7.500 trabajadores, el 10% de su plantilla. Casi de inmediato, las acciones de Michelin se disparaban en la Bolsa de París, con una revalorización del 12%. La coincidencia de las tres noticias provocó una fuerte conflictividad laboral, que llevó a la Administración francesa a pasar "de la resignación a la crítica" contra las iniciativas empresariales de este tipo. Y a anunciar medidas concretas, como el encarecimiento de las cotizaciones sociales, dirigidas a penalizar fiscalmente a las empresas rentables que pongan en marcha planes de regulación de plantilla. El propio Jospin identificaba esta iniciativa con otras "acciones por el empleo", como la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales o la condonación de las deudas con el Estado para los parados con menos recursos (un colectivo de casi 250.000 desempleados), que constituirán además algunas de las prioridades de la presidencia francesa de la UE, a partir de julio del próximo año. "El Estado debe dotarse de instrumentos de regulación adaptados a la realidad del capitalismo de hoy", aseguraba el primer ministro en un acto celebrado a principios de mes en Estrasburgo. "Sólo política" Pese a los anuncios realizados por Jospin, muchos analistas económicos dudan de que el debate abierto en Francia vaya a terminar afectando realmente a las empresas. "Jospin está haciendo lo que mejor sabe hacer", aseguraba a Reuters Bernard Godement, del Instituto de Investigaciones Daiwa, en Londres. "Se trata de política, eso es todo". Otros, como Pierre Bellon, presidente del grupo Sodexho-Alliance, consideran que el caso Michelin no es más que "un evidente error en la estrategia de comunicación" del grupo. La patronal francesa, en todo caso, ha cerrado filas en torno a la dirección de Michelin y ha criticado con dureza la "utilización política" del asunto. "Cuando las empresas se adaptan, no lo hacen sólo para incrementar sus beneficios y su cotización bursátil, sino para proteger los empleos del futuro, y hay una hipocresía muy francesa al intentar hacer que esto se olvide", zanjaba el presidente de Fimalac, Marc Ladreit de Lacharrière, en declaraciones al Journal des Finances. "Desde una postura cínica, incluso podríamos decir que a los empresarios españoles les puede venir muy bien una decisión del Gobierno francés en este sentido, porque los productos franceses se van a encarecer y van a estar en peor situación competitiva. Este es el problema y esta es la queja de fondo de los empresarios franceses", aseguraba a este periódico un dirigente empresarial. En España, buena parte de las grandes compañías tiene planes de este tipo. Sólo entre los diez mayores grupos cotizados en Bolsa, los expedientes de regulación de empleo abiertos hasta el 2000 afectan a 25.000 trabajadores (ver gráfico). Según el Ministerio de Trabajo, las prejubilaciones provocadas por expedientes de Regulación de Empleo en 1999 afectarán a 55.000 personas y tendrán para el Estado un coste de 82.000 millones de pesetas. El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ha arremetido en distintas ocasiones contra los "expedientes abusivos", y ha sugerido la posibilidad de llevar algunos de estos planes a los tribunales de lo Social. Sólo hay una excepción a esta regla, la banca, que asume el coste de los ajustes sin traspasarlo al Estado. Aun así, el Banco de España acaba de recomendar a las entidades de crédito que eviten realizar estos ajustes con cargo a reservas, en lugar de hacerlo a costa de sus beneficios. "Intolerable" En los últimos siete años, los bancos han gastado más de 500.000 millones de pesetas en expedientes de regulación de empleo que, en su conjunto, han afectado a 23.000 trabajadores. Esta semana Izquierda Unida anunciaba su intención de proponer en España iniciativas políticas similares a las del Gobierno francés. "Lo que está sucediendo en empresas como Tabacalera es intolerable (...) El Estado ha renunciado a utilizar la golden share y a ejercer cualquier control público sobre un proyecto que supondrá el cierre de ocho plantas y pondrá en la calle a un montón de gente (...) Esto pasa hoy en Tabacalera, pero mañana puede suceder en empresas como Iberia", señalaba a NUEVA ECONOMIA Felipe Alcaraz, diputado de la coalición. Frente a la propuesta de Izquierda Unida, la patronal considera que "la propuesta de penalizar los expedientes de regulación de empleo está fuera de la realidad", en palabras de Fernando Moreno, responsable de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)."No me extraña que los empresarios franceses estén muy molestos (...) En España, además, el ordenamiento constitucional reconoce expresamente el principio de la libertad de empresa".
La legislación española obliga a los empresarios que quieran hacer una regulación de empleo o un despido colectivo a solicitar la autorización del Ministerio de Trabajo. Y contempla cuatro casos que, desde el punto de vista legal, pueden justificar esta decisión empresarial: por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Cuatro supuestos en los que caben situaciones muy diferentes. Las causas económicas rigen los expedientes en empresas que hayan entrado en pérdidas. Si el empresario argumenta causas tecnológicas u organizativas, la Administración también puede reconocer que un determinado grupo de trabajadores ya no es necesario. Este es el caso de los expedientes planteados por modernización de las instalaciones (causas tecnológicas) o por pérdida de cuota de mercado (causas de producción). Por ello, cuando los ajustes se plantean por razones tecnológicas, organizativas o de la producción, pueden ser compatibles con una situación de rentabilidad en la empresa. En los casos no ya de regulación de empleo, sino de despidos objetivos en empresas de menos de 25 trabajadores, también deben argumentarse las causas del ajuste aunque, en estos casos, la decisión no depende del Ministerio de Trabajo sino de los Juzgados de lo Social, según la reforma pactada en 1997 entre la patronal y los sindicatos. |
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