SU DINERO

Número 11 / Sábado 30 de Diciembre de 1995

El Divorcio Amistoso Cuesta 285.000 Pesetas

Para ahorrar impuestos conviene separarse a mitad de año y pagar más al cónyuge que a los hijos


Por Paloma Bravo

El divorcio nunca es inmediato, ya que la pareja necesitará un paso previo: la separación. Existen diferentes tipos de separación matrimonial: con acuerdo mutuo, con desacuerdo o con sentencia judicial.
Para divorciarse con acuerdo de las partes, los miembros de la pareja deberán demostrar que han estado dos años sin vivir juntos. En el caso de desacuerdo, uno de los cónyuges tendrá que probar que el matrimonio no ha convivido durante cinco años. Por último, si el divorcio se solicita tras la separación con sentencia judicial, sólo será necesario que hayan estado separados durante un año.

Millares o millones.
El divorcio de mutuo acuerdo, en el que las dos partes coinciden en la necesidad de vivir separados, es la forma más rápida y barata de romper el contrato matrimonial. El proceso tendrá un coste de 285.000 pesetas y un plazo de resolución de dos meses.
Estas cifras son muy inferiores a los más de tres millones de pesetas y a los ocho años que cuesta el divorcio en caso de desacuerdo entre las partes, en el supuesto de que se tengan más de 500 millones de patrimonio y después de recurrir todas las sentencias, hasta llegar al Tribunal Supremo para la liquidación de los bienes gananciales de la pareja.

Qué hay que hacer.
El primer paso para solicitar el divorcio amistoso será acudir a un abogado y entregarle las copias de las partidas de nacimiento de los hijos -si los hubiera-, el acta matrimonial y un poder para que el abogado pueda llevar a cabo el pleito.
Seguidamente -y dado que hay acuerdo entre las partes- el abogado redactará un convenio que reflejará quién permanecerá en el domicilio familiar, qué cónyuge tendrá la custodia de los niños -si se tienen-, cómo se repartirán los bienes y a cuánto ascenderá la pensión, tanto para el esposo/a -si procede- como para la alimentación, educación y vivienda de los hijos.
Toda esta documentación será presentada ante el juzgado, donde el juez de Primera Instancia se encargará de dictar el fallo o sentencia, previa ratificación de la pareja.
Si toca en suerte un tribunal rápido, el divorcio se puede conseguir en dos meses, pero si existen muchos casos atrasados el proceso se puede alargar durante un año.

Por toda esta gestión, y dependiendo de las horas de trabajo empleadas por el letrado y la cuantía obtenida por su defendido, el abogado puede cobrar como tarifa mínima -recomendada por el Colegio de Abogados de Madrid-, unas 93.000 pesetas, más 50.000 por la redacción del convenio de divorcio.
Estas 143.000 pesetas se verán incrementadas en un 30% si el mismo abogado representa a los dos cónyuges, lo que supondrá un desembolso total de 185.000 pesetas.
A esta última cantidad habrá que sumarle las 50.000 pesetas que hay que pagar al procurador -que es la persona que representa a los cónyuges en el proceso- y otras 50.000 pesetas que cobrará el notario cuando firme la separación de bienes. Todo lo cual arrojará una minuta final de 285.000 pesetas.

Desacuerdos costosos.
El divorcio resultará algo más caro si se tienen propiedades en común, pues el registrador de la propiedad pedirá alrededor de 40.000 pesetas por cambiar la titularidad de los bienes inmuebles de la pareja.
Pero la sencillez en el trámite y el acuerdo de la pareja no es la tónica general de los matrimonios que deciden divorciarse, ya que muchos cónyuges no transigen en la división de los bienes o en la custodia de los hijos. En estos casos, las cuentas y los plazos de tiempo se disparan.
Si el proceso se encamina por la vía contenciosa, puede durar desde cuatro meses a dos años. Su duración será de cuatro meses si la pareja acata el fallo del juez de Primera Instancia, pero, si uno de ellos recurre, el caso pasará a la Audiencia Provincial.
No sólo se perderá tiempo, sino también dinero, ya que por la tramitación del proceso -hasta que el tribunal de Primera Instancia dicte sentencia, excluyendo los recursos-, el abogado cobrará, como mínimo, alrededor de 187.000 pesetas a cada uno de los cónyuges.
También se deberá tener en consideración que, si así se solicita, el juez dictará unas medidas provisionales hasta el fallo del tribunal, entre las que se incluye la cuantía de la pensión que percibirá el cónyuge que se quede con los hijos. Si la parte perjudicada no está de acuerdo, y no paga, será necesario interponer una querella por impago, y con ello el costo se irá incrementando de nuevo.

Gananciales.
Una vez que se emite la sentencia firme hay que liquidar los bienes gananciales. Si en este punto tampoco hay acuerdo, se hace necesario el trámite a través de la vía judicial y se peritan los bienes. Las minutas del abogado y del procurador estarán en función de la cuantía tasada.
Si el valor de los bienes asciende a tres millones de pesetas, el letrado cobrará unas 375.000 pesetas; si asciende a diez millones, cobrará 700.000 pesetas; y si se trata de un cliente con algo menos de 500 millones de pesetas de patrimonio, el abogado conseguirá unos tres millones de pesetas.
Estas cantidades pueden incrementarse en el caso de que se recurra la liquidación de bienes, ya que el juzgado de Primera Instancia trasladará el asunto a la Audiencia Provincial, y un nuevo recurso lo llevará al Tribunal Supremo. Tras todos estos pasos judiciales, el fin del litigio no tendrá lugar antes de ocho años y, con ello, las tarifas de letrados y procuradores serán mucho más elevadas.

Custodia de hijos.
Otro gasto a tener en cuenta será el posible desacuerdo en la custodia de los hijos. La cuantía depende en buena parte del lugar de residencia de los padres.
Para los asuntos familiares que se lleven por vía judicial contenciosa, existe un desajuste entre las grandes ciudades y las pequeñas y medianas. Sólo en las grandes urbes españolas existen los denominados juzgados de familia, que facilitan la labor de abogados y parejas a la hora de presentar pruebas periciales. Las pruebas psicológicas realizadas por los profesionales de estos tribunales son totalmente gratuitas.
Las localidades más pequeñas no cuentan con estos juzgados especializados, por lo que los cónyuges deberán presentar sus propios peritos -psicólogos, en estos casos- que ayuden al juez a determinar con cuál de los padres es más conveniente que permanezcan los hijos. El precio de estos dictámenes profesionales es de unas 100.000 pesetas.

Justicia gratuita.
Pero no todo son desigualdades, ya que los divorcios no son exclusivos de los ricos. Para algunos casos, también existe lo que se conoce como justicia gratuita.
Para acceder a ella los interesados deberán demostrar que sus ingresos no sobrepasan en dos veces el salario mínimo interprofesional (alrededor de 120.000 pesetas mensuales). Si se cumple este requisito, el candidato a divorciado deberá dirigirse a un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), existente en todas las sedes de los tribunales de justicia, y solicitar un impreso para el nombramiento de abogado y procurador de oficio.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en 1993 se divorciaron en España 28.854 parejas. De ellas, 12.796 lo hicieron de mutuo acuerdo y 16.058 tuvieron que ir a juicio para resolver sus diferencias.
Cada año asciende el número de parejas que decide romper el contrato matrimonial. Así, si en 1981 fueron 9.483 las parejas que se divorciaron, en 1993 esta cifra llegó a triplicarse. Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid son las que ocuparon la primera posición.

Hacienda también vigila a la pareja

Al igual que casarse a mediados de año puede suponer pagar menos a Hacienda, lo mismo sucederá cuando una pareja se divorcia, ya que los cónyuges podrán hacer una declaración conjunta antes del divorcio y dos individuales una vez divorciados. Esto hará que al dividir el salario en dos tramos, la escala de gravamen sea menor y, por lo tanto, el contribuyente pague menos a las arcas estatales.
Hace unos años, divorciarse era muy ventajoso en materia impositiva, ya que el marido que debía pagar pensiones, tanto para la mujer como para los hijos, podía restar a sus rendimientos toda la renta que cedía anualmente, y a esa diferencia se aplicaba la escala de gravamen.
Es decir, si cobraba cinco millones de pesetas, y pagaba dos millones a mujer e hijos al año, tan sólo tributaba por tres millones de pesetas; de aplicar un tipo impositivo del 36%, pasaba a un 30%, según la escala de gravamen para la declaración individual de 1995.

Pagar al cónyuge.
Hoy las cosas han cambiado y tan sólo podrá descontar la pensión alimenticia dada a la mujer, y no hay reducción por la de los hijos. Por este motivo, es preferible que sea más alta la cantidad cedida a la mujer que a los hijos. Aunque hay que tener en cuenta que siempre será el juez el que determine estas cantidades, y será muy difícil conseguir este objetivo con fines fiscales, a no ser que el divorcio se solicite de mutuo acuerdo.
Actualmente, si el cabeza de familia gana cinco millones de pesetas y anualmente debe pagar un millón de pesetas a la mujer y otro millón a los hijos, sólo podrá descontar la cantidad cedida a su cónyuge, por lo que deberá tributar por cuatro millones de pesetas. De este modo, el tipo impositivo pasaría del 36% al 34%. Pero si le diese 1.016.000 pesetas a la mujer y 984.000 pesetas a los hijos, su base impositiva sería de 3.984.000 pesetas, por lo que el tipo aplicable sería del 32%.
También se debe tener presente que los cónyuges divorciados que no tienen la patria potestad de los hijos no pueden deducirse en la declaración las 20.000 pesetas por hijo.


Esta mujer le puede ayudar: El abogado de familia

Cómo buscar asesoría legal en separaciones y divorcios


Angela Cerrillos, abogada de familia, recomienda que lo primero que debe hacer una persona que quiere divorciarse <<es buscar asesoría, ya que muchas veces se evita el pleito>>.
Esta letrada considera que, a pesar de que haya acuerdo entre los cónyuges, es conveniente que <<cada uno de ellos esté representado por un abogado diferente, ya que es difícil ser imparcial con los dos cuando uno de ellos puede salir perjudicado>>.

Obstáculos.
Los problemas más comunes con los que se encuentra un abogado especializado en divorcios y separaciones son <<los desacuerdos económicos y la custodia de los hijos>>, asegura Cerrillos. Además, en algunas ocasiones, <<uno de los cónyuges solicita la potestad de los hijos con el único propósito de conseguir quedarse con el domicilio familiar>>.
Estos abogados, a veces, tienen que sortear situaciones desagradables, ya que algunas parejas utilizan a los letrados para descalificarse entre ellos y se sirven de estas terceras personas para mostrar y desahogar sus rencillas personales.

Asociación.
La Asociación de Abogados de Familia, institución de la que es miembro Angela Cerrillos, tiene como finalidad primordial, entre otras, promover la reforma del Derecho de Familia y conseguir que los procesos judiciales se agilicen, siempre con el fin de que se garantice el cumplimiento de las medidas acordadas previamente entre las partes.
No sólo se encargan de pleitear en separaciones y divorcios, sino que los abogados de familia están especializados también en repartos de herencias familiares o en el cambio del régimen económico matrimonial: de bienes gananciales a separación de bienes o viceversa.
Angela Cerrillos hace hincapié en un consejo más: <<una vez que los cónyuges lleguen a un acuerdo en el reparto de bienes, es imprescindible que vayan al registro de la propiedad y cambien la titularidad de la vivienda o pertenencias tal y como hayan acordado>>. Si por ahorrar el dinero que costará el notario y el registrador no se cambia el nombre del propietario, puede suceder que si, por ejemplo, el marido tuviese acreedores, éstos podrían reclamar la deuda mediante el embargo de la propiedad. A efectos legales, y hasta que no se cambie en el registro la titularidad, los bienes seguirán perteneciendo al marido.

Por la Iglesia.
La letrada puntualiza que si una persona lo único que requiere, inicialmente, <<es orientación y asesoría jurídica en esta materia, la del divorcio, puede acudir a los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) que existen en las sedes de los tribunales de justicia>>.
Pero no todo acaba con el divorcio. Actualmente, un pequeño porcentaje de divorciados quiere dar un paso más: la separación por la Iglesia. Este caso también será llevado por un abogado de familia. Este letrado debe ser aceptado por el Tribunal eclesiástico de La Rota para poder representar a su cliente ante esta institución. Los costos de la nulidad son similares a los de un divorcio.
Para hacer efectiva la nulidad hay que presentar ante La Rota una causa que justifique la decisión. Suele argumentarse <<vicio en el consentimiento>>, es decir, que se consintió en el matrimonio bajo fuertes presiones del entorno social y familiar.


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