Entre los fumadores pasivos existe la falsa creencia de que los adictos a la nicotina no sólo perjudican su salud, sino que contribuyen a incrementar el déficit del sistema sanitario.

La lógica hace pensar que un fumador, con el tiempo, costará más a la Seguridad Social por las múltiples enfermedades que el tabaco le ocasionará. Pero nada más lejos de la realidad; un estudio incluido en el libro Análisis económico de los estilos de vida: externalidades y coste social, elaborado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas, Beatriz González, no sólo desarma esa tesis, sino que descubre que los fumadores pagan con creces el gasto sanitario de su adicción. Además, gracias a ellos, el Estado engorda sus arcas.

De hecho, los que encarecen el mantenimiento de la Sanidad pública son los no fumadores, ya que al vivir más años, el Estado tendrá que destinar m;as dinero a jubilaciones y gastos por enfermedades.

Los datos lo explican todo. Durante 1993 (año en el que se elaboró dicho estudio, aunque fue publicado en 1997), los fumadores abonaron al Estado 347.964 millones de pesetas, alrededor de 19.000 pesetas por cada fumador. Y es que el 75% del precio de una cajetilla de cigarrillos va a parar a las arcas de Hacienda en concepto de impuestos. En 1997, estos ingresos casi se duplicaron y sumaron 670.000 millones, el 20% del gasto público sanitario para este año, que es de 3,3 billones de pesetas.

A este dinero que procede directa mente del tabaco hay que sumarle las partidas presupuestarias ahorradas por los fallecimientos prematuros de los fumadores.

Cuatro años menos de vida.

Hay que tener en cuenta que el tabaco merma una media de cuatro años la esperanza de vida del fumador, y que el 25% de la mortalidad masculina está causada por enfermedades relacionadas con el tabaco, y en un 2% entre las mujeres.

Es decir, que el ahorro se produce por partida doble: por los servicios sanitarios que no recibirán (11.680 millones de pesetas) y por las jubilaciones que dejarán de percibir (196.824 millones de pesetas). Cuantía esta última superior a lo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe desembolsar por viudedad, orfandad e invalidez (75.760 millones de pesetas).

Al final queda que los ingresos impositivos ascienden a 347.964 millones de pesetas, mientras que los gastos no alcanzan los 124.000 millones. De aquí que, al final, al Estado le queden limpios de polvo y paja 224.000 millones de pesetas, desembolsados por los adictos a la nicotina.

Los países europeos son los que más penalizan impositivamente el tabaco. Estados Unidos, uno de los más fervientes luchadores de la cruzada antitabaco, es el que menos grava a través de impuestos este producto. La razón de que unos estados escojan un sistema u otro para luchar contra esta adicción es sencilla: unos prefieren desalentar al fumador y a los fumadores potenciales poniendo un precio elevado al tabaco mediante impuestos, mientras que otros países trasladan el campo de batalla a la sociedad y buscan la persecución de actos reprobables, como el de fumar.

Lucha contra el tabaco.

Seguro que usted se habrá preguntando qué sistema es el más efectivo.

No cabe duda de que el gravamen impositivo es una medida preventiva, con la que se pretende evitar que los jóvenes se inicien en esta práctica. Pero, además, también persigue que los fumadores paguen anticipadamente la factura sanitaria que su adicción generará.

La prevención se puede realizar a través de otras fórmulas, como es el caso de las campañas informativas o de los tratamientos gratuitos para la desintoxicación de los fumadores. En los países desarrollados, dejar de fumar está ligado a niveles de renta elevados.

Desde 1997 a esta parte, los impuestos por tabaco han crecido alrededor de un 300%. Sin embargo, no ha decrecido el número de fumadores por ello. Según un estudio elaborado por la asociación de consumidores UCE, un fumador empedernido adquirirá el tabaco casi a cualquier precio.

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