La declaración de la Renta de 1999, que usted deberá presentar a partir de mayo del 2000, tendrá muy poco que ver con la actual. El Gobierno hará pública en la segunda quincena de abril su propuesta de modificación del impuesto más importante del sistema tributario español. El nuevo IRPF simplificará las declaraciones, unificará el tratamiento de los distintos rendimientos, reducirá la cuantía de las deducciones, el número de tramos de la tarifa y los tipos marginales máximos. A cambio, liberará una parte de la renta de la obligación de tributar. La reforma, según Hacienda, permitirá que la mayoría de los ciudadanos pague menos, pero a través de un sistema radicalmente distinto al vigente hasta ahora. A continuación recogemos, paso a paso, algunas de las modificaciones barajadas por Hacienda.

Sujeto pasivo

El nuevo impuesto mantendrá la consideración del individuo como sujeto pasivo del impuesto, y la posibilidad de realizar declaraciones conjuntas.

Como novedad, además, los contribuyentes deberán consignar su residencia, que condicionará el tramo autonómico del impuesto.

La determinación del sujeto pasivo incluirá también el mínimo vital, exento de tributación. Para incentivar las declaraciones conjuntas, es previsible que se aplique también al cónyuge una deducción de la base en concepto de mínimo personal y otra por cada hijo.

Base imponible

Incluirá el conjunto de las rentas percibidas por el contribuyente, incluidas las ganancias o las pérdidas patrimoniales.

• El nuevo IRPF distinguirá, casi con seguridad, una base imponible general, en la que deberá consignarse el importe total de la renta en el período de la imposición, con exclusión de las ganancias y las pérdidas patrimoniales a largo plazo.
• Las plusvalías o minusvalías a largo plazo (más de dos años) se declararán en una base imponible especial, segregada de la general. A la fiscalidad de estas ganancias o pérdidas patrimoniales se le aplicará un coeficiente reductor que será inferior al 0,7%.
• Para los rendimientos del trabajo, la comisión de expertos ha propuesto que se mantenga el actual sistema, con reducciones que sustituyan parcialmente a las actuales deducciones de la cuota.
• Hacienda, por otra parte, estudia la equiparación de los rendimientos del capital mobiliario y el inmobiliario en cuanto a su régimen de ingresos y gastos.
  La tributación por los rendimientos del capital mobiliario deberá reflejarse íntegramente, eliminándose la reducción de 29.000 pesetas y suprimiendo la norma que impide la integración de los rendimientos implícitos negativos.
• Fondos de Inversión: Su tributación se regulará por el régimen general de ganancias y pérdidas patrimoniales a corto o largo plazo.
• Retenciones: El documento utilizado por Hacienda como base para la reforma del impuesto aconseja mantener el régimen actual, en lugar de establecer un nuevo sistema de retenciones liberatorias.
• El IRPF, además, suprimirá la imputación de rendimientos a los inmuebles utilizados por sus propietarios, que en el sistema actual deben tributar por el 2% del valor catastral de la vivienda (o el 1,1% si no se ha realizado la actualización) vigente hasta ahora.

Base liquidable

Será el resultado de restar a la base imponible de la declaración el mínimo exento establecido por Hacienda (que rondará entre 500.000 y 600.000 pesetas en las declaraciones individuales, y el doble en las conjuntas). El mínimo vital se actualizará anualmente con arreglo al IPC, y se revisará periódicamente para considerar los posibles cambios en la distribución de la renta.

El mínimo exento recogerá cantidades adicionales por cada hijo que el matrimonio o el declarante tenga a su cargo. A partir del tercer hijo, el mínimo vital podría alcanzar las 250.000 pesetas. El mínimo exento, además, será más alto para determinados colectivos como las personas mayores o los discapacitados.

• En las declaraciones conjuntas, también se restarán de la base imponible las pensiones que los padres separados pasen a sus ex cónyuges o a sus hijos.
• El establecimiento de la base liquidable se determinará, además, deduciendo de la base imponible las aportaciones a planes de pensiones.

Hacienda ha barajado la posibilidad de incluir también en este capítulo una nueva deducción, que se aplicará exclusivamente a las rentas del trabajo, un colectivo que aporta hoy en día el 80% de la recaudación global del IRPF. Este gasto fiscal se deduciría directamente de las rentas brutas obtenidas por el contribuyente, y su cuantía sería mayor para las rentas más bajas.

Una Tarifa

Aunque el nuevo IRPF mantendrá la posibilidad de hacer declaraciones conjuntas o individuales, ambas modalidades tendrán que aplicarse sobre una única tarifa del impuesto, al contrario de lo que sucede ahora.

• La unificación de las tarifas no afectará a la posibilidad de presentar declaraciones monoparentales, mediante la creación de unidades familiares con uno o varios de sus hijos.
• El tipo marginal máximo se rebajará del 56% actual a un 48% o un 49% en una primera fase, y el objetivo a medio plazo es rebajarlo hasta el 40%.
• En el otro extremo de la tarifa, en las rentas más bajas, el tipo pasará del 20% actual al 18% ó 19%. Según las estimaciones de Hacienda, un colectivo de alrededor de 4 millones de contribuyentes con rentas más bajas quedará exento de presentar su declaración.
• Paralelamente, el nuevo impuesto recogería una reducción de los tramos de la tarifa, que pasarían de ocho a cinco en una primera fase y, más tarde, de cinco a tres.

Cuota

La principal novedad en este campo es la modificación del actual sistema de desgravación por los intereses satisfechos en créditos para la compra de la primera vivienda.

• Con el nuevo esquema, los intereses pasarán a descontarse de la cuota, que se determina mediante la aplicación de la tarifa del impuesto a la base liquidable del contribuyente.
  Hasta ahora, los intereses pagados por créditos hipotecarios se deducen de la base imponible hasta un máximo de 800.000 pesetas en las declaraciones individuales (1 millón en las conjuntas). La deducción por el capital amortizado se refleja en la cuota, con un límite del 30% de la base liquidable.
• Hacienda no ha definido aún el porcentaje exacto de desgravación en la cuota, pero podría establecer una deducción del 20% en la cuota del nuevo IRPF sobre las primeras 500.000 pesetas gastadas en la compra de la primera vivienda. De esta deducción se beneficiará más del 85% de las hipotecas vigentes en la actualidad, según las estimaciones de Hacienda.
• La deducción será de carácter general (con independencia de cuándo se haya firmado el crédito) y se aplicará sobre el conjunto del gasto (intereses más principal).
• A partir de las 500.000 pesetas, se establecería una deducción del 15%.
• El Ejecutivo estudia la aplicación de otros incentivos para que las deducciones por la compra de vivienda sean más altas en los primeros años de adquisición.
• La reforma, en todo caso, afectará al conjunto de los contribuyentes, al margen de la fecha en la que hayan solicitado el crédito.
• Otras deducciones de la cuota son las correspondientes al tramo autonómico, que variarán en función de la política fiscal de cada una de las Comunidades, que instituyan deducciones adicionales con cargo a su parte de cuota.
• Además, el informe utilizado por Hacienda para la reforma del IRPF recoge también el mantenimiento de otras deducciones de la cuota como las derivadas de la doble imposición, por donativos, por rentas obtenidas en Ceuta, Melilla, entre otras.

El pasado viernes entró en vigor el nuevo Estatuto del Contribuyente, que consagra una serie de derechos de los ciudadanos ante la Hacienda Pública. La reducción del plazo de prescripción de las deudas tributarias, de los actuales cinco años a cuatro, es el único apartado aún no vigente de la nueva normativa, ya que no comenzará a aplicarse hasta el próximo 1 de enero.

La nueva ley establece que la inspección de las deudas tributarias deberá hacerse en un plazo no superior a doce meses, y recoge la suspensión automática de las sanciones en el caso de que el contribuyente presente un recurso sin necesidad de garantizar la cuantía de la deuda que se le reclame.

Otro de los puntos de la Ley establece que Hacienda deberá practicar las devoluciones a los contribuyentes en el plazo máximo de seis meses. Si se retrasa, pagará intereses de oficio y no a instancias del afectado como hasta ahora.

Cuando las deudas tributarias se sitúen entre 3 y 25 millones de pesetas, el Estatuto recoge la posibilidad de que los contribuyentes puedan acudir a los tribunales económico-administrativos regionales directamente, y no al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

La nueva regulación garantiza también el carácter reservado de los datos de los ciudadanos, que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada. Entre otras garantías, además, la ley reduce también a doce meses (ampliable a un año más en casos excepcionales) el plazo que tiene Hacienda para comprobar, investigar y liquidar la inspección de los tributos, sin que se puedan computar en este plazo los períodos de interrupción justificada, como se hacía hasta ahora.

A partir de ahora, Hacienda está obligada a contestar en un plazo de seis meses a las consultas vinculantes.

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