No es difícil toparse con algún que otro punto rojo, enorme y con un 35 blanco en el centro, si se deambula por el antiguo edificio que alberga la sede madrileña de UGT. Todo está listo para las movilizaciones que han convocado los sindicatos para el próximo jueves. Si bien no hay pancartas extendidas por el suelo, seguro que ya están pensadas las frases que encabezarán todos los actos: &laqno;Por las 35 horas» o &laqno;Empleo y solidaridad».

Toni Ferrer conoce bien la sede confederal de la Unión General de Trabajadores. Sindicalista desde 1980, se convirtió hace tres años en secretario de Acción Sindical de UGT, y hoy muchos lo señalan como posible sustituto de Cándido Méndez al frente del sindicato.

Para Ferrer, la reducción de la jornada y la supresión de las horas extras tienen mucho que ver con el empleo y la solidaridad. &laqno;Una gran parte de la creación de empleo es absorbida por las horas extraordinarias. ¿Cómo es posible que en un país con tres millones de parados pueda realizarse esta práctica?», se pregunta.

&laqno;La mayoría de estas horas no se declara en España y para el empresario son un coste variable que siempre puede utilizar», añade. Pero, si las horas extraordinarias son una ventaja para el empresario, ¿estarían dispuestos todos los trabajadores a renunciar al dinero que obtienen por esta vía?

&laqno;En muchos casos, los salarios son demasiado bajos y el empleado está casi obligado a trabajar más. Garantizando salarios dignos, no se daría esta situación. Otra cosa son los trabajadores que, con salarios medios y altos, realizan horas. Este sí es un comportamiento insolidario», explica.

Ferrer considera que la reducción de la jornada es &laqno;un instrumento de adaptación del factor trabajo al progreso productivo y tecnológico». La implantación de las 35 horas comenzaría con una ley que &laqno;impulsara y extendiera a todos los convenios la posibilidad de negociar la reducción; se avanzaría de forma progresiva».

No obstante, la nueva jornada no supondría en ningún caso un descenso de los salarios, de ahí que todos los empresarios se formulen la misma pregunta: ¿no se produciría una pérdida de competitividad?

&laqno;Puede producirse a corto plazo. Ahí es donde tendría que intervenir el Estado, incentivando temporalmente la reducción. No hay que olvidar que el objetivo de esta reforma es crear empleo», afirma.

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