En los últimos días, el Gobierno ha tomado buena nota de las opiniones y recetas que le han hecho llegar otras fuerzas políticas y sindicales para poner en práctica el llamado Pacto de Toledo. De ahí saldrán los cambios de la Seguridad Social, que a usted le van a afectar. El plazo máximo que maneja el PP para conseguir consenso en esta materia es el mes de octubre, con el fin de que coincida con la presentación de los Presupuestos para 1997.

Aquí recogemos las 15 recomendaciones que hace el Pacto de Toledo. Aún quedan pendientes flecos para su desarrollo, pero ya hay algunos conceptos claros. El Pacto de Toledo fue aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995 casi por unanimidad. Se trata de un informe que analiza los problemas estructurales de la Seguridad Social y que insta a una serie de reformas para garantizar el futuro del sistema. Tiene como característica fundamental el que todas las fuerzas políticas parlamentarias se comprometen "a reforzar, consolidar y dar viabilidad futura al modelo de pensiones que ha ido configurándose en los últimos años, pues es el que mejor permite combinar adecuadamente los principios de seguridad y solidaridad". El consenso político en torno a la fórmula actual de previsión pública reconoce que, para su viabilidad futura, es necesaria la aplicación de algunas reformas, cuyos detalles empiezan a discutirse estos días.

Qué dice el Pacto y cómo le afectará

1. Qué dice.- Separación y clarificación de las fuentes de financiación, de forma que la cobertura de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerá básicamente de las cotizaciones sociales y la financiación de las prestaciones no contributivas y universales (sanidad y servicios sociales entre otras) lo harán exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado.

   Cómo le afectará.- Aunque la cantidad que usted pagará (o le retendrán) en concepto de Seguridad Social (SS) sea la misma, una vez se materialice el Pacto ese dinero no tendrá el mismo destino. Hoy en día, un 15% de las cuotas de SS van a parar a la sanidad pública. En un futuro próximo, la sanidad se financiará únicamente a través de los impuestos. Las cotizaciones a la SS tendrán como único fin la financiación de las pensiones y de otras prestaciones económicas.

2. El sistema contributivo deberá presentar presupuestos equilibrados y tender a la constitución de reservas que serían dedicadas a evitar incrementos de las cotizaciones.

   Con esta propuesta se pretende que, una vez separada la financiación de las pensiones y de la sanidad -en los años de fuerte superávit de la Seguridad Social, es decir, cuando haya más cotizantes que pensionistas- se constituya un fondo de estabilidad que dé cobertura a los años deficitarios. De este modo, se evitará que los desequilibrios negativos se cubran con la subida de las cotizaciones de los contribuyentes. El Gobierno alaba este punto, pero lo descarta para los dos próximos años, ya que asegura que no cuenta con margen para ello porque se verá obligado a atender los gastos sanitarios.

3. Las bases de cotización deberán coincidir en todos los grupos plenamente con los salarios reales, con aplicación gradual de un único tope máximo de cotización para todas las categorías laborales, que fija el techo del aseguramiento del sistema público de protección.

   En la actualidad, existen dos topes de cotización. El más alto se sitúa en las 374.880 pesetas brutas mensuales y el más bajo en las 279.390 pesetas. Uno y otro dependen de la categoría a la que pertenezca el contribuyente. La intención del Gobierno es la de eliminar este segundo estadio y que se mantenga sólo el tope máximo. Es decir, que la cotización se corresponda con el salario real y no con la categoría. Es seguro que algunos contribuyentes que hasta ahora se encontraban en el segundo tope tendrán que soportar un aumento en sus cotizaciones.

4. A igual acción protectora debe ser también semejante la aportación contributiva.

   Se trata de evitar que existan pensiones idénticas para jubilados que han cotizado a lo largo de su vida laboral cantidades muy diferentes. Esto no significa que desaparezca la solidaridad del sistema.

5. Mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la economía irregular.

   España, según un buen plantel de expertos, es el país europeo que cuenta con la mayor tasa de economía sumergida. Hay situaciones de fraude a la Seguridad Social que serían fácilmente detectables con simples cruces de datos entre Hacienda y la Seguridad Social. En estos momentos, salvo casos excepcionales, este contraste de información no existe. El Gobierno del PP tiene el propósito de paliar estas deficiencias a través de la mejora de los servicios de Inspección.

6. Reducir de manera gradual el número de los regímenes actualmente existentes y lograr la plena homogeneización del sistema público de pensiones, de manera que a medio o largo plazo todos los trabajadores y empleados queden encuadrados o bien en el régimen de trabajadores por cuenta ajena o bien en el de trabajadores por cuenta propia, recogiendo, no obstante, las peculiaridades específicas y objetivas de los sectores marítimo-pesquero y de la minería del carbón, así como de los trabajadores eventuales del campo.

   La tendencia es que se reduzcan los distintos regímenes de la SS, con el mínimo de excepciones posibles, y que el régimen general no soporte el gran peso del déficit y de las deficiencias del resto (agrario, empleadas de hogar, autónomos).

7. Reafirmar la eficacia gestora del sistema a través de una mayor integración orgánica de las funciones de afiliación, recaudación y de gestión de las prestaciones.

   En este sentido nacen las tarjetas inteligentes. Con la de afiliación, el ciudadano disfrutará de un sistema más cómodo y tendrá a su alcance un mayor número de datos: conocerá los años que ha cotizado, las distintas prestaciones, podrá efectuar el cambio del domicilio de la pensión... Pero, a cambio, gracias a este mecanismo, el Estado tendrá un mayor control sobre las situaciones anómalas de sus contribuyentes. Uno de los casos más fáciles de detectar será el abuso farmacológico, sobre todo en las recetas a pensionistas. Es bien conocido el uso fraudulento de este sistema; se han dado casos, por ejemplo, de jubiladas que se valían de sus recetas para adquirir anticonceptivos.

8. Reducir las cotizaciones sociales se considera un elemento dinamizador del empleo.

   Aunque, al menos en teoría, el Gobierno comulga con este planteamiento y en campaña hizo uso de este mensaje, sus hombres aseguran que en estos momentos no hay margen para pensar en reducir las cotizaciones de modo significativo. No cuente con bajadas.

9. Se propone el reforzamiento del principio de equidad y el carácter contributivo del sistema, de forma que en el futuro quienes realizan similar esfuerzo de cotización alcancen prestaciones equivalentes. Mantenimiento de un tope máximo de prestación en el sistema público de Seguridad Social al considerar que ello contribuye a una mayor proporcionalidad con el esfuerzo contributivo.

   Del mismo modo que existe un un máximo para la pensión, que se sitúa en las 276.996 pesetas brutas mensuales, es preciso que se corrija el plazo de cotización. Ahora la cuantía de la pensión toma como referencia los últimos 8 años de la vida laboral. A largo plazo se contemplará toda la vida del contribuyente. Próximamente, se ampliará el tiempo de cálculo, aunque se llevará a cabo de modo gradual. La idea inicial es la de aumentar cada año, un año más. Es decir, el primer cambio tomará como referencia 9 años, después, 10 y así sucesivamente. Por lógica, el sistema de cálculo que tiene en cuenta toda la vida laboral es más justo. Sin embargo, si usted ha cotizado poco a lo largo de su vida y en el último tramo lo ha hecho de forma más importante, esta medida le perjudicará. Si por el contrario, en la edad próxima a su jubilación ha vivido periodos de desempleo y, como es lógico, sus cotizaciones han sido menores, esta fórmula le beneficiará. Otra posibilidad es la de ampliar el número de años mínimo para recibir pensión contributiva, que ahora está en 15.

10. La edad de jubilación debe ser flexible. Sin perjuicio de mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, se aconseja facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo deseen. A tal efecto, cabe regular la exoneración total o parcial, en función de la jornada, de la obligación de cotizar en aquellos supuestos en que el trabajador opte por permanecer en activo con suspensión proporcional del percibo de la pensión.

    La edad media real de jubilación actualmente se sitúa en los 62 años, como resultado del vertiginoso incremento del número de jubilaciones anticipadas. Esta figura se ha utilizado por las empresas como fórmula habitual para conseguir las reestructuraciones de sus plantillas. El problema es que, además de que se está multiplicando el número de pensionistas, éstos cobran del Estado durante más tiempo, también por el aumento de esperanza de vida de los españoles. El periodo de permanencia actual de los pensionistas en el sistema es de 18 años de promedio y será de 22 años a muy corto plazo, según las últimas estimaciones del Ministerio de Trabajo. Se pretende, por tanto, dilatar, siempre de forma voluntaria, la edad de jubilación. Además de la posibilidad de la exoneración de las cotizaciones parcial o total, como menciona el Pacto, se ofrecerán soluciones intermedias, como la posibilidad de trabajar media jornada y beneficiarse de una parte de la pensión. De no hacerse así, los más jóvenes tendrían mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.

11. Debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función del Indice de Precios al Consumo.

    Aunque el director de la Oficina Presupuestaria, José Barea, opina que las pensiones no podrán mantenerse parejas con el IPC, la respuesta del Secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, no puede ser más contraria a esta idea. "Palabrita del niño Jesús", ha contestado a SU DINERO a la pregunta de si se mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones.

12. Reforzar el principio de solidaridad y de garantía de suficiencia elevando la edad máxima de permanencia en el percibo de las pensiones de orfandad o la mejora de las pensiones de viudedad en el caso de menores ingresos.

    En el día de hoy, la pensión mínima por viudedad oscila entre las 35.580 y las 53.435 pesetas al mes, según la edad de quien la percibe. En este apartado, la intención del Gobierno es la de realizar una pequeña mejora económica para las pensiones más desfavorecidas. La más baja se incrementará al menos hasta las 46.635 pesetas. En cuanto a la pensión de orfandad, hoy la edad máxima para disfrutarla se sitúa en los 18 años. La nueva referencia serán los 21 años, edad más acorde con el periodo de finalización de estudios del joven, en el caso de que no trabaje

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13. Necesidad de adoptar medidas destinadas a mejorar la gestión de las prestaciones por incapacidad temporal y por invalidez al objeto de frenar las causas de fraude.

    En España existen casi 1,7 millones de personas que cobran pensión de invalidez. Las estadísticas son elocuentes. Así, la tasa bruta de invalidez en tanto por mil en el régimen general (trabajadores por cuenta ajena) es del 5,15; en autónomos, del 7,27; en minería del carbón, del 24 y en las empleadas de hogar, del 32,52. Según estas cifras, sorprende que la silicosis, enfermedad propia de la minería, tenga menos riesgos que las tareas del hogar. En el mismo sector agrario, la tasa de invalidez es muy dispar si el trabajador lo es por cuenta ajena o por cuenta propia. En el primer caso se sitúa en el 12,88 y en el segundo, en el 24,87. De estas cifras puede deducirse claramente la existencia de una gran bolsa de fraude. Con el fin de evitarlo se van a potenciar unidades propias de la Seguridad Social específicas para la valoración de la incapacidad laboral. Habrá un recorte muy drástico en este sentido y aquellos "inválidos" que se demuestre que son "válidos" para trabajar no sólo perderán su derecho a cobrar la pensión, sino que deberán reintegrar las cuotas que cobraron.

14. El sistema público de la Seguridad Social puede complementarse, voluntariamente, por sistemas de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos, externos a ella, que tengan como objetivo exclusivo mejorar el nivel de prestaciones que les otorga el modelo público.

    Se van a recuperar mejoras fiscales y jurídicas para intentar que las pequeñas y medianas empresas desarrollen Planes de Empleo (son sistemas de pensiones para sus empleados). Otra de las medidas que hay intención de materializar es la de favorecer los planes de pensiones de los particulares. Esta fórmula de ahorro se caracteriza por su falta de liquidez y desde el Gobierno se pretende que las cantidades ahorradas puedan rescatarse en situaciones de máxima dificultad (paro, enfermedad grave de un familiar, fallecimiento...)

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15. Se propone que el Congreso de los Diputados cada cinco años cree una Ponencia que estudie el presente y el futuro del sistema de Seguridad Social como garantía de continuidad del mismo.

    Además de las ponencias mencionadas, actualmente las distintas fuerzas políticas mantienen reuniones con el Gobierno. Los sindicatos también tienen mucho que decir sobre este asunto.