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| Menos IVA, una solución para abaratar las casas |
| La Comisión Europea propone reducir hasta el 5% este impuesto, que grava la compra de vivienda nueva y que en España es del 7% |
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DAVID GONZÁLEZ
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Bloques de viviendas nuevas y en construcción en la avenida de la Paz (Madrid). / PEDRO CARRERO |
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Bruselas propuso la semana pasada una iniciativa que puede permitir al Gobierno español abaratar el importe total que paga un ciudadano cuando compra una casa de reciente construcción. La Comisión Europea puso la primera piedra para que, en un futuro, los países comunitarios reduzcan hasta un mínimo del 5% el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava la adquisición de vivienda nueva. Surge así un nuevo debate en el sector inmobiliario.
Mientras los promotores culpan de la carestía de los pisos a la gestión del suelo de los ayuntamientos, mientras los expertos emiten teorías sobre si existe o no burbuja inmobiliaria, mientras las familias sienten temor por una subida de tipos de interés... ahora aparece una solución parcial para disminuir el precio final de la vivienda, que nace, paradójicamente, fuera de nuestras fronteras: una menor presión fiscal indirecta para el comprador.
En España, las familias que adquieren un piso pagan un tipo reducido del 7% de IVA sobre el precio de venta si el inmueble es de obra nueva o bien si es una vivienda protegida, excepto que, en esta última clasificación, la protección sea de régimen especial, en cuyo caso se aplica el tramo del 4%.
Ambos tipos impositivos son de los más bajos de toda la Unión Europea. Países, por ejemplo, como Francia u Holanda recaudan un 5,5% y un 19,6% por la adquisición de vivienda social, respectivamente, y un 19,6%, en ambos supuestos, por las operaciones de compra de residenciales de precio libre, como indican fuentes comunitarias.
IMPACTO CONSIDERABLE
Sin embargo, también es cierto que el mercado inmobiliario español es uno de los que ha experimentado un mayor incremento de precios en los últimos años -un 94,3% desde el primer trimestre de 1999 hasta el mismo periodo de 2003, según el Ministerio de Fomento-.
Esta circunstancia genera que, durante todos estos años, el esfuerzo total por la compra de una casa haya aumentado en términos monetarios. El encarecimiento de los inmuebles produce que la factura recoja un importe superior en concepto del IVA, gravamen que se aplica porcentualmente sobre el precio total de venta.
Una familia española, por ejemplo, paga 12.600 euros de IVA por la compra de una casa de obra nueva de 180.000 euros. Una rebaja de dos puntos en este impuesto -como propone la Comisión Europea- representaría sólo un abono de 9.000 euros para el comprador; es decir, un ahorro de 3.600 euros si se aplicara el 5% de IVA en lugar del 7% vigente (ver gráfico adjunto).
La iniciativa de la Comisión Europea tiene como objetivo armonizar el tipo reducido para una lista específica de bienes y servicios, en la que está incluida «la entrega, construcción, transformación, renovación y reparación de vivienda».
No es más que una propuesta y su inclusión en una directiva -norma que obliga a todos los países de la Unión Europea- puede prolongarse durante muchos años, hasta que los diferentes estados miembros la acepten por unanimidad.
El Gobierno español, no obstante, podría cambiar su legislación, previa consulta con Bruselas, para adelantarse a los acontecimientos y rebajar la presión fiscal que soportan los adquirentes de casas.
«Cualquier Estado puede modificar su ley interna por vía voluntaria, aplicar un IVA reducido y adecuarse con antelación a la obligatoriedad de una nueva directiva», asegura el abogado Félix Bornstein.
Fuentes del Ministerio de Hacienda no han entrado a valorar este nuevo avance fiscal. Simplemente, emiten una ambigua declaración de intenciones: «El Gobierno trabajará dentro del marco económico de la Unión Europea [Ecofin] para defender, de la mejor manera posible, los intereses de los ciudadanos españoles».
La oposición socialista, por su parte, ve en la reducción del IVA una posible solución al problema de la accesibilidad de la vivienda, pero con ciertos matices.
Cristina Narbona, secretaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE, insiste en que su partido ha planteado varias veces la disminución del 4% al 2% del IVA para la adquisición de cualquier inmueble sujeto a protección.
«Este tipo superreducido, que favorezca a los colectivos de menores ingresos, debería extenderse para el conjunto de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) y Vivienda de Precio Tasado (VPT) y no sólo para las protegidas de régimen especial; y, asimismo, también para las ayudas al primer acceso de una vivienda cuando el inmueble sea de segunda mano», apunta.
En cambio, la responsable socialista intuye que pueden surgir riesgos en la disminución del IVA para los residenciales de precio libre.
«Una rebaja fiscal para la vivienda nueva se puede trasladar al precio en favor de los promotores. Si hay ventajas impositivas, hay que atarlas muy bien en la legislación que la regule», dice Narbona.
Lo cierto es que la mayoría de los agentes consultados que participan en el sector inmobiliario miran con buenos ojos una reducción de la presión fiscal indirecta que soportan las familias españolas, que se aventuran en la difícil tarea de adquirir una vivienda nueva, sobre todo, en grandes ciudades como Madrid.
MEDIDA MUY FAVORABLE
«Ahora mismo el comprador, sin apenas capacidad de ahorro, tiene que pagar la entrada y los gastos inherentes de la hipoteca, además de los impuestos. Todo lo que sea aliviar esos costes es bueno para el mercado inmobiliario, pues las diferentes cargas impositivas sobre la vivienda representan un 18% del precio de venta», afirma Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
De la misma opinión es José Aristónico García, notario de Madrid: «Con los precios actuales, todo lo que sea rebajar cargas irá en beneficio del consumidor. Quitando la caída de los tipos de interés, el resto de gastos como son los impuestos que gravan la vivienda han subido en los últimos años (Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales). Es una buena oportunidad para que el Gobierno abarate la vivienda», afirma.
Las organizaciones de consumidores, por su parte, aplauden la medida adoptada por Bruselas, aunque les resulta curioso que estas iniciativas para contener, en parte, el desorbitado precio final de las casas se estén gestando fuera de España y no desde nuestro país, donde el conjunto de administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos) no resuelven otras situaciones negativas como son el encarecimiento del suelo o el declive del parque residencial de VPO.
«Esta medida ayudaría a rebajar la presión fiscal que soporta la vivienda y relajaría el esfuerzo de las familias españolas, aunque entendemos que debería estar acompañada de otras actuaciones que frenaran el continuo incremento del precio de los inmuebles», dice Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
«El IVA que un comprador paga por su casa es un sacrificio importante que, normalmente, no financia el banco. Una reducción de dos puntos favorecería, principalmente, a las rentas más bajas», señala Gustavo Samayoa, director del gabinete jurídico de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI).
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