ÁUREA FELIPE
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. / Pedro Armestre |
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Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), ya ha dejado claro a los ciudadanos cuáles serán sus directrices a la hora de actuar en materia de vivienda. La eliminación de la vivienda pública actual, las casas protegidas en alquiler y las ayudas a las personas y no a las «cosas», constituyen los pilares fundamentales de su política.
Pero, ¿qué piensan sus ciudadanos al respecto? O mejor, ¿qué piensan los madrileños sobre sus propuestas y sobre la actual situación del mercado inmobiliario en la región? Porque preocupa y mucho. Así lo demuestra la constitución de la Plataforma Pro Vivienda Pública, de la que forman parte ya unas 50 entidades, que representan, hasta la fecha, a una decena de municipios de la CAM.
Esta plataforma se ha creado con el objetivo de llamar la atención sobre las «continuas subidas abusivas de la vivienda, muy lejos de las que registran los salarios», y sobre el endeudamiento hipotecario de los jóvenes «que es, hoy en día, de por vida», según explica uno de sus miembros, Teófilo García Martín.
Parla, Leganés, Getafe, Móstoles, Alcorcón o Fuenlabrada (municipio del que parte la idea) son algunos de los pueblos que se han adherido a la plataforma. De momento, todos están en el sur de la región, pero esto no quiere decir que no puedan apuntarse de otras áreas, ya que «la vivienda es un problema de toda la CAM y de todo el Estado», dice García Martín. «Quizás, las primeras en estar ahí sean las localidades del sur porque esta zona se ve especialmente afectada por el problema de la vivienda, ya que ni los salarios ni el empleo son iguales que, por ejemplo, en Aravaca», explica García Martín.
Iniciativas
De momento, entidades vecinales, federaciones de Apas, los sindicatos UGT y CCOO y otras asociaciones culturales y juveniles que ya pertenecen a este movimiento recogen firmas «con el único objetivo de hacer ver lo que preocupa la vivienda a los madrileños».
Pero ésta no es la única iniciativa de la plataforma: nada más constituirse, a finales de octubre, envió una carta a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, pidiendo cuentas sobre sus promesas y haciendo sus propias propuestas y peticiones.
La carta consta de cuatro puntos. En el primero, se pide a la presidenta que confirme qué piensa hacer con la vivienda protegida, cómo seguirá y en qué porcentaje.
En el segundo, la plataforma solicita el compromiso de la Administración para el control de las segundas y sucesivas ventas de las VPP antes del transcurso del plazo legal, de forma que sólo la Administración pueda adquirirlas y sacarlas de nuevo al mercado.
En el tercer punto se pide a Aguirre que explique cómo va a ser ese parque de viviendas en alquiler que ha prometido y qué precios van a tener esas casas. Por último, la Plataforma Pro Vivienda Pública manifiesta su deseo de sellar un pacto con los agentes económicos de la Comunidad de Madrid, «ya que es un problema de todos, y atañe también a la banca, que está dando créditos a 30 y hasta 35 años, lo que significa que, mientras los jóvenes se endeudan para toda su vida, a alguien le interesa», añade García Martín.
De momento, no hay ninguna respuesta. «Pueden pensar que estamos soñando, pero vamos a seguir hacia adelante».
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