A lo largo de los últimos años el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un creciente y continuado esfuerzo para promover y poner a disposición de los ciudadanos la mayor cantidad de viviendas y de la mejor calidad posibles. No cabe duda que cuando se trata de viviendas impulsadas por la Administración debemos tener el compromiso de buscar el procedimiento más justo posible para su adjudicación pero, a la vez, subyace otro compromiso: incidir en mecanismos posteriores de control del fraude en el uso y disposición de las mismas. Si bien el primero de los compromisos se dirige fundamentalmente a los que más problemas de acceso a una casa tienen, el control del posible fraude posterior, sin embargo, debe significar un ejercicio de responsabilidad pública frente a toda la ciudadanía garantizándola que el esfuerzo solidario de todos se refleja en un bienestar real de los madrileños más necesitados.

Este último es, precisamente, uno de los compromisos sobre los que quiero incidir en estas líneas y que el alcalde, desde el principio, adquirió con los madrileños. En este sentido, desde el afán por fiscalizar el buen destino del uso de las viviendas de protección oficial presentamos ahora la creación de un Servicio de Inspección de Vivienda Pública. Mediante este servicio, controlaremos que la vivienda protegida se dirige indefinidamente a aquellos ciudadanos que más la necesitan, comprobando que la vivienda cumple el fin para el que ha sido adjudicada.

Es evidente que no puede permitirse que éstas se encuentren vacías o que no estén ocupadas por sus legítimos adjudicatarios. Estas situaciones serán perseguidas y las situaciones fraudulentas atajadas con sanciones que podrán llegar hasta la recuperación de la vivienda por la Administración. Pondremos los medios suficientes para controlar que ninguna vivienda protegida pueda ser vendida a precios de mercado libre, llevando controles periódicos sobre los adjudicatarios, incrementando los mecanismos de vigilancia y de actuación inspectora y ejerciendo el derecho de tanteo y retracto sobre la totalidad de viviendas de protección oficial. En definitiva, evitaremos que se pueda producir cualquier tipo de especulación con las casas protegidas.