Es un auténtico escándalo que España sea el segundo país del mundo en porcentaje de Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a investigación militar. Es algo que debería causar repugnancia a cualquier persona decente de este país». La afirmación sale de la boca de Juan Manuel Rodríguez Parrondo, científico de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad Complutense (Madrid).
Sus palabras hacen referencia a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que sitúa a Estados Unidos como el país que más recursos destina a I+D militar en el mundo: el 0,6% de su Producto Interior Bruto (PIB).
En España, se reduce al 0,25%, el doble de la media de la Unión Europea y una cifra muy alejada de países como Corea, Japón o Alemania.
Rodríguez Parrondo llama la atención sobre los dos últimos países: «Se convirtieron en las principales potencias económicas en los 80 con un altísimo nivel de innovación. Muchos historiadores piensan que este despegue se debe a que, como perdedores de la II Guerra Mundial, fueron obligados a paralizar las inversiones en armamento e I+D militar. Son dos casos en donde primó la investigación civil y los resultados son bastante claros».
Paradójicamente, España también ocupa el segundo puesto en la clasificación de los países que menos invierten en investigación básica: el 1% del PIB, tres veces menos de lo que destina a la militar. Sólo se sitúa por detrás México. El porcentaje de Portugal, Polonia o Eslovaquia es, en cambio, superior.
La disparidad de cifras es uno de los aspectos que más critica la Fundació per la Pau, una ONG creada en 1983 y que cuenta entre sus principales objetivos con la desmilitarización de la investigación. Ya ha conseguido que se adhieran a la causa más de 2.000 profesores universitarios en toda España.
Entre ellos, Rodríguez Parrondo, Eudald Carbonell, uno de los directores de Atapuerca, Federico Mayor Zaragoza, bioquímico y ex director general de la UNESCO, Jordi Camí, catedrático de Farmacología o Xavier Rubert de Ventós, catedrático de Estética. Los objetores proceden de 38 universidades, 18 centros e institutos de investigación y tres empresas privadas.
Todos ellos critican que el dinero destinado a I+D militar sea tres veces más que el dedicado a la investigación básica, fuente principal de financiación de las universidades y del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La cifra supone, además, una inversión siete veces superior que la dedicada a proyectos sanitarios, 22 veces más que la I+D agraria y 31 más que la oceanográfica y pesquera.
Dentro de la educación superior, la Fundació per la Pau ha logrado que 13 universidades incluyan en sus estatutos el compromiso de no llevar a cabo proyectos bélicos. En otros centros andan todavía en trámites.
Las 13 universidades objetoras son las de Valladolid, Oviedo, Alicante, Girona, Autónomas de Barcelona y Madrid, Politécnica de Cataluña, Granada, La Coruña, Santiago de Compostela, Barcelona, Lleida y Rovira i Virgili. La Politécnica de Madrid ha incluido en sus estatutos algunos puntos de la campaña Por la Paz: ¡No a la investigación militar! (www.noa lainvestigacionmilitar.org), pero no ha excluido literalmente la I+D militar de sus proyectos.
De hecho, es la universidad que más trabajos relativos a Defensa desarrolla en España.
Fabricación de detonadores, tanques, explosivos, aviones de combate, buques de guerra... Son algunos de los trabajos llevados a cabo en estos centros.
En este escenario, un investigador de la Universidad de Sevilla, Isidoro Ignacio Albarreal, se ha convertido en el autor de la primera tesis doctoral a nivel internacional que incluye una Claúsula de Buen Uso para impedir la utilización de sus ideas con fines militares o que atenten contra los derechos humanos. Albarreal explica su decisión: «Los científicos no podemos ser ajenos a los usos que se den a nuestros trabajos. Somos un eslabón imprescindible en la cadena de fabricación de armas y, por tanto, corresponsables de cada muerte que se produzca con cada arma que se fabrique usando nuestros proyectos».
Cláusula de buen uso
El científico compara la situación: «La claúsula tiene formato tipo copyright porque parece lógico que si se pueden limitar los derechos de copia de un libro o de reproducción de un disco, sea posible limitar los derechos de uso de nuestros trabajos». Albarreal abogó por el compromiso ético de los científicos inspirado en la lucha contra la malaria promovida por Manuel Patarroyo.
La iniciativa está avalada jurídicamente por un estudio elaborado por Celia Fernández Aller, profesora de la Politécnica madrileña. La docente establece que la claúsula podría tener una validez jurídica de entre 20 y 70 años, dependiendo del proyecto.
La idea es apoyada por Miguel Ángel Molina, uno de los coordinadores de la campaña de desmilitarización de la fundación: «Demuestra que la investigación militar no es necesaria, y no es sólo una cuestión ética, sino también de rentabilidad». En su opinión, estos proyectos no son beneficiosos económicamente, ya que los gastos de producción superan con creces los ingresos posteriores. Entonces, ¿por qué desarrollarlos? «Se trata más de una apuesta política».
Molina añade que la inversión en I+D militar en España ha aumentado un 475% desde 1.995, cuando dedicó el 23,4% del presupuesto total de I+D. La cifra llegó al 53,9% en 1999 para ir descendiendo paulatinamente en los siguientes años. El porcentaje para 2005 es del 33%, el equivalente a 1.330 millones de euros.
Aun así, Molina no observa cambios desde la llegada del Gobierno socialista. De hecho, se muestra «decepcionado» con el porcentaje destinado a Ciencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2005, que ha levantado ampollas entre la comunidad científica española. Los miembros del Pacto por la Ciencia –firmado por investigadores de la talla de Margarita Salas, Mariano Barbacid o Joan Guinovart para mejorar la situación de la investigación en España– han sido los primeros en manifestar su desacuerdo.
Promesas sin cumplir
«El 26% de aumento del que se habla es una cortina de humo, ya que el 19% va a créditos de empresas privadas, de forma que sólo el 6,3% es para la investigación básica», dice Molina. Es una opinión compartida por Rodríguez Parrondo: «El PSOE hizo de la investigación uno de los puntos claves de su campaña e insistió en que era necesario un considerable aumento de inversión para paliar la pérdida de competitividad de la economía española en los últimos años. Este reconocimiento creó muchas expectativas, pero no se ha visto reflejado en los presupuestos».
Desde la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) también se trabaja para lograr que se inviertan esas cifras. Sus responsables lo hacen a través de asignaturas, conferencias y colaboraciones con otros centros que pueden sensibilizar a la sociedad y a la clase política.
Uno de sus proyectos es el Aula de Cultura de la UAB, cuyo coordinador del programa de Desarme es Daniel Luz, quien califica de «irrisoria» la cantidad destinada a investigación civil. Critica, a su vez, que la partida de I+D en Defensa no es «en su mayoría ni siquiera para investigar». Continúa: «Son ayudas enmascaradas a empresas fabricantes privadas, que reparten sus beneficios entre los accionistas, no entre la población que sustenta esas ayudas».
Luz tampoco piensa que se obtenga rentabilidad en proyectos de I+D bélica. «Ni la investigación militar ni la producción de armas son económicamente rentables. La mayoría de las empresas tiene pérdidas, pero los estados las financian, ya sea en especies (comprando armas a empresas nacionales a un precio superior al mercado), mediante subvenciones o de manera indirecta (fomentando sus ventas al exterior como paquetes de ayudas bilaterales)».
Tiene claro que si se continúan fomentando estos proyectos no es por cuestiones «ecónomicas», sino «políticas». Va más allá: «Existe el mito de que la I+D militar es positiva porque después contribuye a la civil. No es cierto, ya que la mayoría de esas patentes permanecen secretas años. Y en todo caso, si lo que se quiere es invertir en investigación civil... ¡que se haga de manera directa!».
