Los anuncios hechos hasta el momento por el Ministerio de Vivienda han generado incertidumbre entre los profesionales del sector inmobiliario. Así lo cree el 93% de los promotores nacionales, frente a un escaso 6,9% que manifiesta la opinión contraria

Las 180.000 soluciones habitacionales, la creación de un parque de casas en régimen de alquiler y las reformas fiscales en materia de vivienda prometidas por María Antonia Trujillo, responsable de la cartera de Vivienda, han provocado una cierta inquietud. A la espera que se conozca el texto definitivo del Plan de Choque, los promotores no tienen muy claro el alcance que estas medidas tendrán en el caso de que se hagan realmente efectivas.

El 43,9% de ellos cree que dichas propuestas provocarían un parón en la demanda y una reducción de las oportunidades de negocio. En cambio, un 31,7% de las sociedades inmobiliarias considera que los planes de Trujillo no afectarán al mercado. No obstante, casi la cuarta parte de los empresarios consultados - 24,3%- estima que se generarán más oportunidades de negocio para las promotoras.

Éstas son las principales conclusiones que recoge la encuesta 'Mercado inmobiliario y política de vivienda', realizada por el suplemento Profesionales SU VIVIENDA, en la que ha participado medio centenar de compañías inmobiliarias de todo el territorio nacional.

La unanimidad se deja sentir de nuevo a la hora de valorar sobre qué tipo de suelo se deberían desarrollar las actuaciones previstas por el Gobierno socialista. En este punto, todos coinciden en señalar que los terrenos públicos, como los del Ministerio de Defensa y los de Renfe, deberían ser los lugares idóneos para la promoción de las soluciones anunciadas por la ministra de Vivienda. Sin embargo, el 18,6% de los directivos inmobiliarios apoya que las actuaciones anunciadas se realicen en base a una fórmula mixta, que permita dar también entrada a los terrenos privados.

Similar coincidencia surge cuando se plantea una hipotética liberalización total del suelo impulsada por el Ejecutivo socialista. La medida, que para algunos expertos inmobiliarios supondría un remedio capaz de contener la subidas del precio de la vivienda y para otros provocaría un urbanismo sin planificación y con altos costes de energía, convence a más del 90 % de los entrevistados.

No obstante, la liberalización total del suelo no es asumida sin condiciones por casi la mitad de los promotores, que sostienen que dicha acción debería llevarse a cabo con algunas limitaciones. Por su parte, un 9,3% se opone frontalmente a esta actuación urbanística sin precedentes en España.

La agilización de los informes sectoriales en la tramitación de planes generales de ordenación urbanística (PGOU) es otra de las iniciativas que los promotores consideran que beneficiaría al sector, al mismo tiempo que provocaría una ralentización de los incrementos del precio de la vivienda de nueva construcción.

Un 48% de los participantes en la encuesta del suplemento Profesionales SU VIVIENDA prioriza esta medida como una de las más beneficiosas para la buena salud del sector inmobiliario. En cambio, el 28,8% antepondría la liberalización del número máximo de viviendas como efecto dinamizador del mercado. Por su parte, el 23% estima que la agilización en la concesión de la licencias sería el revulsivo más adecuado.

El anuncio de la ministra de Vivienda de ir reduciendo progresivamente las deducciones en el IRPF por adquisición de vivienda para equiparar a España con el resto de Europa también ha despertado algunas dudas.

La intención de la responsable de la cartera de Vivienda es que el 75% de las ayudas sean directas y el 25% restante, bonificaciones fiscales. En los últimos años, según Trujillo, se han destinado unos 600 millones de euros a ayudas directas, frente a 3.000 millones de euros dedicados a desgravaciones a la compra en el IRPF, lo que supone, respectivamente, unos porcentajes del 18% y el 82% sobre el total de las subvenciones.

Para el 43,4% de los encuestados esta medida es negativa porque afecta al valor de la vivienda libre. El 41,3%, a su vez, ve con malos ojos esta proposición aduciendo un motivo distinto: un parón del mercado inmobiliario.

Pero, a falta del texto final, esta medida ya ha sido matizada por el propio Ejecutivo, que «no considera oportuno» acometer «en este momento» una modificación del régimen de deducción por inversión en vivienda habitual, dejando así la puerta abierta a futuras modificaciones fiscales. Esta idea, convenientemente formulada, satisface al 15,2% de los consultados siempre y cuando fomente el parque de vivienda en régimen de alquiler.

En su agenda de trabajo, el Ministerio de Vivienda también se ha fijado como objetivo, a corto plazo, estimular la promoción de viviendas protegidas (VPO) en propiedad. Para ello, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero incrementará este año en 70.000 actuaciones la oferta de pisos de protección oficial y promoverá la modificación «de un mejor tratamiento fiscal» de las viviendas de régimen especial.

A los promotores preguntados no les desagrada el planteamiento si se fija una subida previa del precio básico del módulo. Esta petición no ha caído en saco roto, ya que el Gobierno contempla elevar los precios máximos de venta de las viviendas de protección oficial, especialmente en «municipios singulares», para favorecer la entrada de agentes privados en la construcción de este tipo de casas.

Las promotoras condicionan la posibilidad de entrar o, en su caso, consolidar su presencia en dicho segmento a que el precio de venta de estos pisos suba al menos una media del 25% e, incluso, en un porcentaje superior en las ciudades donde más se ha encarecido la vivienda libre. La ministra, de momento, no está por la labor (ver apoyo). Sobre esta tipología de residencias, el sector estima, además, que sería oportuno que, pasado un tiempo más o menos largo, se pudieran recalificar estas viviendas como libres.

Otra de las medidas que los empresarios con intereses en el sector inmobiliario sugieren al equipo de Trujillo es la supresión de las cargas urbanísticas sobre el suelo calificado para VPO. De tal manera, el precio de venta y el coste de producción mantendrían un cierto equilibro que hiciera rentable este tipo de edificación.

La igualdad de oportunidades para la adjudicación de concursos entre promotores y cooperativas y la eliminación de la venta de productos complementarios, de las cuotas de entrada y de las derramas extraordinarias que conducen al fraude son otras de las condiciones que ponen los promotores para desembarcar en el mercado de VPO.