POR NURIA LABARI
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Vista
general del Parlamento cántabro. (Foto: PARLAMENTO DE CANTABRIA) |
Cantabria estuvo vinculada a Castilla la Vieja (como provincia de
Santander) durante buena parte del siglo XX. De hecho, después de que llegara
la Constitución, en 1978, no le faltaron propuestas para conseguir incorporarse
al Estatuto de Castilla y León como provincia de esta comunidad. De ahí
que algunos bromistas no dejen de apodar la provincia marinera como «la
Valladolid del Norte». Sin embargo, poco antes de que se aprobara
la Carta Magna ya aparecieron las primeras comisiones para lograr la autonomía
de Cantabria, basadas en dos objetivos: reintegración
territorial de las tierras cántabras y la consolidación de
su autogobierno político.
Dichos
deseos de independencia tendrían su continuidad una vez aprobada la Constitución.
En concreto, los debates sobre el proyecto de Estatuto se iniciaron en 1980 y
fue aprobado en Cantabria, antes de presentarlo en Madrid, gracias a los 19 votos
de UCD a favor, frente a los 12 negativos del PSOE y el PRC (Partido Regionalista
Cántabro), que consideraban escasas las demandas del texto. En 1981,
el Estatuto sería aprobado por una amplia mayoría en el Congreso
(235 votos afirmativos, 2 negativos y 23 abstenciones) para ser discutido después
en el Senado, donde se incluirían pequeñas modificaciones que, en
diciembre del mismo año, serían definitivamente aceptadas en elCongreso.
Desde entonces, sus ambiciones no han
variado sustancialmente: los ciudadanos cántabros quieren
pertenecer al Estado español, pero manteniendo
un nombre propio y consolidando su autogobierno
en las materias que corresponda. Con todo, las competencias asignadas a la Comunidad
Autónoma, que inicialmente fueron muy restringidas, se han ido ampliando
con el tiempo y, del mismo modo, se espera que las transferencias competenciales
desde la Administración central sigan aumentando. |