| 1. El CGPJ -en el
que sólo 2 de sus 18 miembros son mujeres- elaboró un primer informe
favorable, que leyó Montserrat Coma, y donde sólo se proponían
mejoras técnicas. Por su parte, el Consejo de Estado, el Consejo
Escolar y el Consejo Económico y Social han hecho sendos informes positivos
proponiendo mejoras técnicas. 2. La
necesidad de la Ley es inminente por las dimensiones que ha cobrado la violencia
de género. Es imprescindible acabar con la impunidad del maltratador.
Las lesiones, amenazas, etc. ya están contempladas en el Código
Penal, pero el número de agresiones a mujeres precisa de medidas particulares
e inmediatas. 3. La acción positiva
está consolidada por el Tribunal Constitucional, por el Tratado de Amsterdam
y por la última directiva de igualdad del Tratado de la Unión de
2002. Nuestra Constitución también sostiene la acción
positiva en el artículo 9.2. y en el 14. 4.
El número de hombres que muere a consecuencia del maltrato de mujeres
es infinitamente menor. Pero, además, el observatorio del CGPJ no ha podido
determinar los casos de maltrato a hombres que no iban precedidos por denuncias
de sus esposas. Es un elmento no contemplado pero va a empezar a estudiarse el
número de mujeres que cometen crímenes contra sus compañeros
en legítima defensa. 5. Es
necesario crear medidas integrales que afecten a las competencias transmitidas
a los municipios y las Comunidades Autónomas que, sin rango de Ley, no
se pueden implementar. 6. La Ley garantizará
la formación de profesionales (abogados, médicos,
policías) para que aprendan a actuar desde una perspectiva de género
cuando el caso lo requiera. 7. En menos de
un siglo, la mujer ha pasado de no tener derecho a voto a tener voto, trabajo
y cada vez más presencia y poder sociales. Sin embargo, el resto de la
sociedad no ha evolucionado, por eso hay introducir medidas que faciliten el cambio.
Actualmente, desde la perspectiva de género, no hemos inventado un
modelo nuevo de convivencia, mientras que el viejo ya no sirve. 8.
La Ley tiene un valor pedagógico en sí mismo
ya que por su aplicación general educa al ciudadano de forma unívoca.
9. La Ley incluye un presupuesto,
algo que los Planes no incluían y que impidió una vez tras otra
poder implementar algunas de las medidas que se proponían. 10.
La Ley debe dejar claro que ésta no es una batalla entre Partidos
Políticos ni entre hombres y mujeres, sino contra la violencia de género.
Y, en consecuencia, la sociedad tiene que percibir que no será
fácil volver a atacar impunemente a una mujer.
>
Enriqueta Chicano, Presidenta de la Federación
Nacional de Mujeres Progresistas. | | 1.
Ley no tiene garantías de constitucionalidad. El
Gobierno no ha atendido las consideraciones en este sentido de los Organos Consultivos
como el Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Económico
y Social. 2. La Ley es discriminatoria.
Las amenazas y coacciones son delito cuando las comete un hombre y una falta cuando
las comete una mujer. Es una barbaridad que existan delitos sólo para hombres.
3. La Ley no protege a las personas
mayores ni a las que padecen algún tipo de discapacidad. Estas
personas son especialmente vulnerables al no poder, en muchos casos, ni siquiera
interponer una denuncia por sí mismas. 4. La
Ley no ampara a las parejas homosexuales, que son discriminadas
en un asunto fundamental como es la lucha contra los malos tratos. La Legislación
vigente sí da cobertura a estas parejas, por lo que el texto del Gobierno
supone un retroceso. 5. La Ley no refunde otras
normas autonómicas de protección por lo que existe riesgo
de solapamiento e interferencias entre administraciones. El Gobierno
no ha consultado la Ley con las Comunidades Autónomas, cuando estas tiene
competencia plena en la mayoría de las materias objeto de regulación.
6. La Ley es insuficiente en las medidas
protectoras. No contiene las medidas necesarias que garanticen la seguridad
de las víctimas y sus familias. La ley ignora las medidas policiales y
el uso de instrumentos tecnológicos adecuados como brazaletes para controlar
al maltratador y los aparatos móviles de comunicación con la víctima.
7. La ley crea juzgados específicos
para maltratadas lo que, lejos de ayudar a las mujeres víctimas, las
condena a ser juzgadas en "guetos". No pueden existir juzgados
por razón de sexo, igual que no pueden existir juzgados por razón
de raza o religión. Esta medida es absolutamente innecesaria, siendo lo
más adecuado una especialización funcional de los juzgados. 8.
La ley carece de medidas para agilizar los trámites de separación
y divorcio. La inclusión de estas medidas resulta fundamental por el altísimo
porcentaje de mujeres que son asesinadas durante el proceso de separación.
9. La ley no cuenta con financiación
suficiente. La memoria económica que ha presentado el Gobierno
es confusa y no detalla el presupuesto artículo por artículo, por
lo que no tiene credibilidad. 10. La ley no
ha contado con suficiente diálogo y debate social, se ha elaborado a toda
prisa y sin rigor. No es bueno que no haya consenso en materia
de los malos tratos. La ley ha sufrido críticas desde todos los ámbitos:
sociedad civil, expertos juristas, administraciones autonómicas, grupos
parlamentarios, instituciones y medios de comunicación. Se puede mejorar
la ley sin que la protección de las mujeres maltratadas se vea disminuida.
>
Mujeres para la democracia |
