Resumen de noticias

EL ESPECTADOR

La solución que se dio a la televisión privada

JUSTINO SINOVA

La Constitución reconoció el derecho a la información de los españoles y como es esencial que pueda ejercerse &laqno;por cualquier medio de expresión», como decía la Declaración de Derechos Humanos (art. 19) y recoge expresamente la Constitución (&laqno;por cualquier medio de difusión», art. 20), el monopolio de la televisión pública pasaba a ser algo al margen de la ley, sólo dependiente del desarrollo legal que la propia Constitución requería. Sin embargo, la televisión privada tardó en llegar. Los Gobiernos de Felipe González, que no estaba entusiasmado con la idea, encontraron ayuda en una sentencia asombrosa del Tribunal Constitucional que hacía depender el desarrollo del art. 20, en cuanto a la televisión privada, de una decisión discrecional. En la práctica el Tribuna sometía el ejercicio de un derecho a un acto político. Pero el Gobierno socialista acabó cediendo y elaboró un proyecto de ley que al final, como era notablemente restrictivo, salió adelante sólo con los votos de su grupo. La televisión privada quedó limitada a tres emisoras de ámbito estatal por causa de límites técnicos que no existían. La privada de ámbito local quedó para otra ocasión y fue regulada luego tarde y mal, cuando existían emisoras alegales en toda España. Al margen de la opinión que merezca a cada uno el papel de la televisión privada en España, lo cierto es que la solución política que se le dio fue torpe y lenta. El poder demostró temer demasiado el fin del monopolio. La ley, al poco tiempo, quedó anticuada, ampliamente desbordada por el desarrollo tecnológico, que ha cambiado de arriba abajo el panorama de la comunicación televisada.