Resumen de noticias

"El Rey ha consolidado su legitimidad con el ejercicio de su función"

Gregorio Peces-Barba

(...) La definición del Estado como Monarquía Parlamentaria fue el fruto de un acuerdo donde los partidos de izquierdas renunciaban a la posición republicana y apoyaban la Monarquía a cambio de que ésta se vaciase de prerrogativa y no fuera ni poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, es decir, perdiera potestas para ganar auctoritas, como órgano que simbolizaba la unidad y permanencia de Estado. Unos se dejaron mucho de lo que era hasta entonces parte de su patrimonio intelectual o moral, y el Rey su prerrogativa y su condición de poder del Estado. No fue fácil y costó mucho que quedasen aparcados los ideales republicanos, sobre todo para los que vivieron y sufrieron la frustración de la II República y la persecución por aquella noble causa. Sacrificaron ideales, esperanzas y reparaciones debidas. El Rey sacrificó su estatus, con una lucidez encomiable, porque sólo lo hubiera podido mantener por la fuerza. Fue consciente de que era su renuncia una necesidad para alcanzar el acuerdo. Todos fueron generosos y olvidaron agravios o renunciaron a poderes, a cambio de abrir una nueva forma de Estado, con una nueva legitimidad de origen y de ejercicio.

En la práctica que con el transcurso del tiempo se ha venido produciendo, el Rey ha consolidado su legitimidad con el ejercicio de su función. Esa legitimidad ya era en el origen mucho más legitimidad racional que histórica, es decir, mucho más derivada de la inclusión en la Constitución. No solamente en la noche del 23 de febrero de 1981, sino también en el comportamiento diario, siempre respetuoso con sus deberes constitucionales, la legitimidad de ejercicio se ha fortalecido considerablemente. A veces se aduce como argumento para discutir la legitimidad de ejercicio que el Rey no se somete, periódicamente, al refrendo en elecciones por sufragio universal. Es una objeción disparatada, porque sólo tendría sentido si se tratase de un poder del Estado. Hemos visto que no lo es y que el referéndum constitucional, y los debates y votaciones en el título sobre la Corona, suponen una dosis suficiente y estable de legitimidad, que tiene, además, una vía para ser rectificada con la reforma de la Constitución.

Por otra parte, una reflexión sobre los efectos de una monarquía sin prerrogativa para el sistema parlamentario y para la representación de la soberanía exclusivamente en el Parlamento contrasta con las dificultades de la soberanía compartida en las repúblicas, cuando tanto el jefe del Estado como el Parlamento son elegidos por sufragio universal, caso portugués o caso francés. El valor de nuestra configuración de la Corona se refuerza con esta comparación, que invierte la relación que existía en el siglo XIX, donde las monarquías compartían prerrogativa con el Parlamento. Compartir prerrogativa en las repúblicas crea tensiones por el reparto de competencias y por la lucha por el poder que eso supone. La residencia exclusiva de la representación de la soberanía en el Parlamento en las monarquías parlamentarias evita esos conflictos, que existen sobre todo cuando los dos polos donde reside la soberanía en las repúblicas corresponden a posiciones ideológicas diferentes (...).

(Reproducido de &laqno;20 años después. La Constitución cara al siglo XXI». Taurus, 1998)