Resumen de noticias

La libertad de creación de televisión se concretó en tres emisoras

JOSE CAVERO

Durante largo tiempo, en la espera de las televisiones privadas, se centraron las especulaciones en considerar &laqno;cuántas caben», para cuántas hay mercado, cuántas técnicamente son posibles. Y sobre todo, quiénes de entre los optantes serán los designados por &laqno;el altísimo» Poder Ejecutivo, quién reunirá condiciones empresariales financieras, quién tiene méritos y trayectoria de empresario periodístico o quién está en línea y resulta grato al poder que otorga las frecuencias. Declaraba en aquellas vísperas de &laqno;la gran decisión» Miguel Gil, portavoz adjunto de la ministra portavoz Rosa Conde, que nunca como durante aquellos meses de espera y esperanza tuvieron los grupos periodísticos aspirantes a una frecuencia de televisión privada un comportamiento más benévolo y complaciente con el Gobierno.

Había una sensación generalizada de que la transición hacia los nuevos tiempos, o la ruptura con el régimen anterior, tenía aún la asignatura pendiente de otras televi- siones distintas a las sostenidas por dineros públicos y elaboradas con criterios gubernamentales: del Gobierno de la nación, en el caso de las dos televisiones de RTVE, o de los gobiernos autonómicos catalán, andaluz, valenciano, vasco o madrileño. Durante los gobiernos de UCD se planteó en más de una ocasión y hasta llegó a estar &laqno;concedida», durante algunas horas, una televisión privada a Antonio Asensio, Manuel Martín Ferrand, los hermanos Manuel y Rafael Jiménez de Parga..., pero las disensiones internas en el partido centrista dieron al traste con aquel propósito. Los gobiernos socialistas siempre habían sostenido que las televisiones privadas no eran cuestión apremiante. Y que ni siquiera existía &laqno;presión popular» suficiente que las reclamara. La opinión del Gobierno socialista, con todo, se fue modificando, y particularmente hubo de atender la doctrina del Tribunal Cons- titucional, dictada a instancias de un recurso de Antena 3, y que forzaba a legislar sobre esa materia.

En cuanto a las optantes, había algunas candidaturas meritorias, que habían &laqno;trabajado» el asunto durante años y años, Antena 3, con Asensio, Godó, Martín Ferrand y Jiménez de Parga, concretamente. Tras una larga resistencia, Jesús María Polanco, editor de El País y dueño de la cadena Ser, modificó su actitud y decidió presentar su candidatura en términos extraños o no contemplados en las bases de la concesión: quería una televisión de pago, sólo para abonados. También, finalmente, se sumaron a las solicitudes otros editores relevantes ya mencionados, como el propietario de La Vanguardia, Javier de Godó, o el propietario de Zeta, Antonio Asensio. El primero había añadido al prestigioso periódico barcelonés, desde 1982, las emisoras de Antena 3 y Radio 80. Asensio había participado también durante las semanas iniciales en el nacimiento de Antena 3 de Radio, pero había preferido retirarse a sus medios escritos: El Periódico de Cataluña, La Gaceta de los Negocios, Interviú, Tiempo, Man, la agencia OTR/Press. Asimismo, se mostraron interesados por conseguir esa apetecida frecuencia el Grupo 16, de Juan Tomás de Salas, o la Conferencia Episcopal, propietaria de la Cope.

Finalmente, el 25 de agosto de 1989, en su reunión de cada viernes, que en esta ocasión era la primera del nuevo curso político, tras el paréntesis veraniego, el Gobierno de Felipe González decidía otorgar las tres licencias de televisión privada que, de acuerdo con la correspondiente ley aprobada durante el curso político anterior en medio de abundante controversia, habrían de estar en funcionamiento a comienzos de 1990. La ministra portavoz, Rosa Conde, dijo aquella tarde, al término de la reunión del Gobierno, que el acuerdo de concesión era unánime en el seno del gabinete, aunque más adelante trascendió que había estado lejos de producirse tal unanimidad. Los &laqno;premios» correspondieron a las solicitudes de Antena 3 de Radio, presentada por el diario La Vanguardia y algunas empresas y empresarios nacionales y extranjeros sumados a la solicitud, en su mayor parte del ámbito de la empresa periodística: a Canal Plus España, empresa constituida, en sus dos elementos clave, por la propia empresa-madre francesa, Canal Plus de Francia, y por la española Prisa, editora de El País, y en cuya solicitud, asimismo, figuraron entidades financieras de primera importancia, como el BBV, Bankinter, Caja Madrid, Banca March... Por último, la tercera de las cadenas de televisión privada se confiaba al grupo constituido esencialmente por y en torno a la editorial Anaya, editorial de libros presidida por Germán Sánchez Ruipérez, por la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España, y por Fininvest, nombre de la empresa televisiva del empresario italiano Silvio Berlusconi, más otros porcentajes menores de acciones en poder de empresarios de distinta naturaleza, como Chocolates Trapa. Esta tercera opción televisiva se presentaba al público español con el nombre de Gestevisión o de Canal Cinco, por igual o conjuntamente.

Quedaban excluidas del dedo gubernamental de la designación dos empresas constituidas previamente con el propósito de convertirse en adjudicatarias de alguna de las nuevas cadenas de televisión: el Canal C, de un grupo de cineastas, profesionales liberales y empresarios catalanes, y Univisión, la empresa constituida en torno al Grupo Zeta, de Antonio Asensio, y con la coalición de la multinacional del hombre de prensa australiano Robert Murdoch. Precisamente fue esta última exclusión la que más dio que hablar por razón de la protesta, los recursos y las interpelaciones dirigidas al Gobierno como consecuencia de su rotunda y combativa discrepancia con los criterios empleados para la adjudicación.

Y si, con anterioridad, las críticas al proyecto del Gobierno se centraban contra la reducción a sólo tres posibilidades, tras hacerse públicas las designaciones, las críticas se centraron en los criterios de índole política, de solvencia empresarial, de proyecto de empresa, de proyecto de programación que se requerían o contemplaban. Univisión, la empresa de Asensio excluida del reparto, atacó, en particular, la concesión efectuada a Canal Plus España por razón de su propósito de emitir una serie de horas en régimen abierto, reservándose las restantes horas de emisión para un grupo selecto o privilegiado de ciudadanos a quienes se haría llegar el resto de las emisiones debidamente codificadas previo pago de su abono. Entendía Univisión que esa singularidad de la oferta televisiva de Canal Plus España la excluía como televisión de servicio público para convertirse en una especie de club privado. Otro ataque de Univisión se dirigió contra la ONCE, organización de finalidad social que en aquellos años venía distinguiéndose por abrirse camino en una serie de grandes actividades de naturaleza muy distinta: desde periódicos como Diari de Barcelona, hasta participaciones bancarias, sociedades inmobiliarias, una agencia de prensa, un proyecto, por entonces, de cadena de radio, etcétera. Zeta-Univisión explicaba que, por ser la ONCE una sociedad &laqno;auspiciada» por el Gobierno, difícilmente podía ser entidad de derecho plenamente privado.

De manera que las televisiones privadas nacieron en medio de áspera controversia e incluso bajo la amenaza de alguna actuación judicial que auspiciaba Zeta-Univisión, del todo en desacuerdo con su exclusión. Eso sí, frente a las protestas de las publicaciones de Zeta, pudo comprobarse la satisfacción de El País y La Vanguardia, tanto en el despliegue de sus informaciones sobre el particular como en los comentarios editoriales y notas divulgadas, apenas se conoció la noticia, tanto como el comprobable enfado de Zeta. &laqno;Las televisiones privadas nacen con impugnaciones», tituló El Periódico de Cataluña, diario insignia del grupo de Asensio, que seguidamente, y en un editorial que arrancaba en su primera página, firmado por Antonio Asensio, acusaba directamente al Gobierno de cometer ilegalidad jurídica y arbitrariedad política en su decisión. Para Asensio, no se había tenido en cuenta &laqno;el dictamen técnico favorable, ni el mayor esfuerzo de capital social, ni cualquier otra de las condiciones objetivas que, según la ley, obligaban a fundamentar la decisión». Y a renglón seguido, anunciaba su propósito de presentar recurso contra la decisión del Gobierno expresando su confianza en que los tribunales de Justicia terminarían dando la razón al Grupo Zeta-Murdoch.

Por el contrario, El País, en otro editorial, quiso dejar constancia de su agradecimiento al Gobierno socialista. Y contraatacaba &laqno;la actitud irascible de uno de los perdedores en el concurso, que ha acusado al Gobierno de diversos delitos, fraude de ley y prevaricación entre ellos». &laqno;Nos preguntamos si no estamos ante los resultados del amarillismo creciente en sectores de la prensa española. Lanzar sin ninguna prueba acusaciones de ese género, que implican al Gobierno y a los concesionarios, supone ejercitar la calumnia y la difamación. Cosas así recuerdan al jugador que, cuando pierde, tira la mesa por el suelo y acusa de trampas a los demás. No podría encontrar el Gobierno mejor explicación de su decisión de negarle un medio de comunicación tan sensible a quien con tanta ligereza se comporta»...

En cuanto al otro &laqno;acusado» por Zeta, la ONCE, su director general, Miguel Durán, sugirió la posibilidad de retirar su participación económica de dos publicaciones diarias, La Gaceta de los Negocios y Diari de Barcelona, en las que estaba asociado con el propio Grupo Zeta. Durán recomendaba a Asensio: &laqno;Los enfados y rabietas hay que saberlos medir, pues cuando se proyectan de forma incoherente, pueden dejar en ridículo al enfadado».

También marginado del reparto, Diario 16 señalaba que &laqno;el camino hacia la ostentación de uno de los tres canales de TV privada ha sido una carrera de obstáculos, impedimentos y formalismos, tan contrapuestos al pluralismo como la propia limitación trifásica con que se ha diseñado la red de transmisión». Por su parte, ABC puso de relieve que &laqno;González descartó al Grupo Zeta para favorecer al Canal Plus de Polanco», y explicaba que &laqno;González tiene por norma premiar los servicios». Y que &laqno;conceder la TV privada por lo menos a un grupo adicto era obligado para Felipe González». El diario El Independiente llegaba a la conclusión de que &laqno;los más poderosos amigos del Gobierno, empresarios y banqueros próximos al actual sistema de poder, la cúpula de la ONCE, medios de comunicación de prestigio y otros muy afines al PSOE y empresarios extranjeros cercanos a la Internacional Socialista han obtenido el pago de su devoción al poder en las anunciadas concesiones». El Independiente había publicado una fotografía que tituló &laqno;El Régimen», con los empresarios de la candidatura de Canal Plus España a una de las opciones de la TV privada. Aparecían en la foto Jesús Polanco, Ramón Mendoza, José Angel S. Asiain, Pedro Toledo, March, Juan Luis Cebrián...