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Nuevas competencias
La nueva Ley "diseña un mayor
autogobierno (mediante nuevas competencias) a
las Universidades y supone un incremento del compromiso
de las Comunidades Autónomas".
"Las Universidades tendrán,
además de las competencias actuales, otras relacionadas
con la contratación de profesorado, el reingreso
en el servicio activo de profesores, la creación
de centros y estructuras de enseñanza a distancia,
el establecimiento de los procedimientos
para la admisión de sus estudiantes (que
han de tener primero el título de Bachiller),
la constitución de fundaciones (...) y la colaboración
con otras entidades par la movilidad de su personal."
El Gobierno se reserva el derecho
de "modificar la estructura" y los contenidos
de los estudios universitarios, sin tener que cambiar
la Ley, en función de posibles adaptaciones futuras
a la enseñanza superior europea. Los planes de
estudio serán evaluados tras un periodo inicial
de implantación antes de obtener su homologación
definitiva". También "podrá
establecer límites máximos de admisión
de estudiantes en los estudios de que se trate".
"A las competencias de
las Comunidades Autónomas se añaden,
entre otras, la regulación del régimen
jurídico y retributivo del profesorado contratado,
la capacidad para establecer retribuciones adicionales
para el profesorado, la aprobación de programas
de financiación plurianual conducentes a contratos
programa y la evaluación de la calidad de las
Universidades."
Para garantizar la calidad de las Universidades, la
Ley introduce un nuevo órgano de control: la
Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación. Trabajará
para "mejorar la calidad de la docencia y la investigación
a través de un nuevo sistema objetivo y transparente
que garantice el mérito y la capacidad en la
selección y el acceso del profesorado."
La Agencia "evaluará tanto las enseñanzas
como la actividad investigadora, docente y de gestión,
así como los programas y servicios de las universidades.
Otro de los objetivos de la ley es "impulsar la
movilidad de estudiantes, profesores e investigadores
dentro del sistema español, del europeo y del
internacional". Dicha movilidad se consigue a través
del "distrito universitario
abierto" y favorece la competencia entre
los centros "con positivos efectos en la mejora
de la calidad global del sistema".
En cuanto a las Universidades
privadas, la Ley pretende "introducir"
para ellas "las exigencias ya requeridas a las
Universidades públicas, teniendo en cuenta que
ambas persiguen unos mismos objetivos y se implican
en la mejora de la calidad del sistema en su conjunto."
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