Pero es más realista considerar la prostitución como una actividad económica a la que se ven abocadas personas en condiciones de alta vulnerabilidad mercantil o psicológica. De hecho, el perfil de las prostitutas es el de mujeres con cargas económicas, con un bajo nivel de educación y con una trayectoria vital traumática, marcada por malos tratos o abusos sexuales en su infancia. No se trata de una libérrima elección personal (incluso aunque una misma pueda creelo).

Lejos de medidas represoras, culpabilizantes o moralizantes, hay una gran cantidad de posibilidades para intervenir en la reducción de la prostitución o en la minimización de algunos de sus problemas asociados. Por un lado, favorecer la integración social de mujeres de alto riesgo (por ejemplo, mujeres con problemas de drogas, sin recursos económicos y emocionales y con hijos en edad de crianza). Los programas de servicios sociales institucionales y de diversas ONG que tratan con estas mujeres son un buen primer filtro para atajar a tiempo estas situaciones. Por otro, también se puede actuar para proteger los derechos (legales, de salud...) de las ciudadanas que ejercen la prostitución. Por ejemplo, en la transmisión de enfermedades sexuales, las prostitutas son tanto vehículo de contagio como frecuentes víctimas de contaminación. Desgraciadamente, la negativa a usar preservativos en las relaciones sexuales es casi siempre debida a la irresponsabilidad del cliente, no de la prostituta.

Por ello sigue siendo indispensable una adecuada política preventiva y campañas de información y de ayuda.

Carmelo Vázquez
IPlastilina: Manuela Martín